¿Qué minerales hay en R.D. Congo, qué países tienen intereses y por qué son vitales para tu móvil?
🇨🇩 Conoce todo sobre los recursos mineros de R.D. Congo y la presión internacional que tiene algunas zonas del país.
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La República Democrática del Congo (RDC) enfrenta en su frontera este una escalada de violencia en un conflicto que se prolonga desde hace más de tres décadas. Un conflicto que, además, se encaja dentro de un escenario de complejidad, alimentado por diversos actores que pretenden imponer sus intereses. Pero, ¿qué convierte a esta zona en el foco de las hostilidades? ¿Cuáles son los verdaderos intereses detrás del enfrentamiento?
Aunque dar respuesta a estas preguntas es algo complejo, en el epicentro del conflicto persiste un factor clave: la inmensa riqueza mineral del país, codiciada tanto por grupos locales como internacionales.
Riqueza mineral
La RDC es uno de los países con mayor abundancia de recursos naturales a nivel mundial, principalmente en minerales esenciales para diversos sectores industriales. Dentro de sus reservas se destacan el oro, diamantes, cobre, coltán y cobalto entre otros, lo que dota al país de una enorme riqueza.
Sin embargo, lo que podría ser una ventaja económica y estratégica se ha convertido en uno de los principales causantes de la inestabilidad y los conflictos armados que asolan la región. Desde el siglo XIX, momento en el que la RDC se convirtió en territorio personal del rey Leopoldo II de Bélgica, los recursos han sido un factor codiciado por múltiples actores internacionales, involucrados en una constante pugna por conseguir una porción de control y riqueza, en detrimento de la estabilidad nacional.
Los principales protagonistas de la gran abundancia natural de la RDC son el coltán, el cobalto y el cobre, minerales vitales para la elaboración de productos del sector tecnológico. El coltán, fuente principal del tantalio, es un metal clave en la fabricación de ordenadores, pantallas y teléfonos. Por su parte, el cobre y el cobalto son fundamentales para la producción de baterías utilizadas en una inmensa gama de productos, incluidos los coches eléctricos. Según Amnistía Internacional, la importancia del cobalto en la industria es tal que se estima que la demanda de cobalto alcanzará las 222.000 toneladas este 2025, triplicando las cifras de 2010. Asimismo, la RDC alberga otros minerales valiosos como el oro, los diamantes y el estaño, que también han sido objeto de explotación tanto legal como ilegal, contribuyendo al desafío que afronta el sector minero en el país.
¿Cuál es la importancia de la riqueza mineral en la RDC?
La industria mineral en la RDC posee una influencia multifacética en el país, desde el ámbito económico, pasando por el político, hasta llegar al estratégico. Los minerales en el país están valorados en 24 billones de dólares, un montante igual a toda la economía estadounidense
La economía de RDC está poco diversificada y depende en gran medida de las explotaciones de minerales, en concreto el cobre y el cobalto, que representan un 70% de sus exportaciones.
La dependencia en las exportaciones de los minerales ha suscitado el interés de diversas empresas internacionales, que han optado por invertir en proyectos mineros, así como en el desarrollo de infraestructuras en el país. Por un lado, diversas compañías chinas —muchas de ellas respaldadas por el gobierno a través de subsidios—, como por ejemplo la compañía China Molybdenum Co., Ltd. (CMOC) se han convertido en las mayores inversoras en el país, alcanzando porcentajes de hasta 80% en participaciones en minas de la RDC.
Por el otro lado, en respuesta a esta creciente influencia adquirida por Pekín, otros países occidentales como Estados Unidos buscan asegurar el acceso y suministro de estos minerales estratégicos, con el objetivo de disputar la dominancia china en el país. Además, en enero de 2025, el gobierno congoleño ha anunciado esfuerzos para atraer inversiones mineras de Arabia Saudí con el objetivo de buscar una mayor diversificación y contrarrestar la influencia china en el sector.
Marcellin Paluku, director adjunto del gabinete del Ministerio de Minas, declaró: “Nunca se sabe lo que puede pasar... así que eso significa que ahora intentamos diversificar nuestras asociaciones para no depender de un solo socio”. En este contexto, la RDC enfrenta el desafío de diversificar sus asociaciones y optimizar la gestión de su patrimonio mineral para fortalecer tanto su estabilidad económica como política.
Asimismo, la lucha por el control de estos recursos ha suscitado pugnas constantes en la RDC, provocando la erosión de la gobernabilidad, estabilidad e integridad política en el país. Grupos armados han logrado avances e incluso en alguna ocasión, como es el caso del grupo rebelde M23 han avanzado hasta llegar a tomar la ciudad de Goma en el este de R.D. Congo, con el respaldo de actores extranjeros, particularmente el país vecino Ruanda.
Del mismo modo, la extracción y comercio de estos minerales benefician a las elites y fomentan la corrupción en la RDC. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, la RDC obtuvo en 2023 una puntuación de 20 sobre 100 —siendo 0 altos niveles de corrupción y 100 muy bajos niveles de corrupción— ubicándose en la posición 162 de 180 países evaluados, y reflejando una percepción de corrupción muy elevada en la nación.
Esta práctica se halla arraigada tanto en los servicios públicos, donde en 2019 el 80% de los usuarios admitió haber pagado un soborno, como en las empresas estatales. Concretamente en la sociedad estatal Générale des Carrières et des Mines (Gécamines), recientemente implicada en un caso de desvíos de fondos públicos multimillonarios entre 2018 y 2020. Estas prácticas erosionan la confianza de la población y fomentan la debilitación de las instituciones.
En el escenario geopolítico, la RDC emerge como una nación clave asegurando el abastecimiento de minerales esenciales para las cadenas de producción globales, posicionando al país en una situación estratégica en los mercados internacionales. Sin embargo, esta ventaja también representa un desafío, ya que su protagonismo a nivel global atrae la atención de actores que pretenden asegurar el acceso a estos recursos, muchas veces a cualquier precio. Esta injerencia extranjera, a menudo materializada en acuerdos comerciales desiguales, o mediante el apoyo a grupos armados, no solo complica la gobernabilidad de la RDC, sino que también pone en riesgo su soberanía.
Funcionamiento de la industria minera y actores involucrados
La RDC cuenta fundamentalmente con dos modalidades de explotación minera: la minería artesanal y la minería industrial. La primera se caracteriza por operaciones a pequeña escala, en la mayoría de los casos de manera ilegal, algunas de estas minas son controladas por grupos rebeldes que explotan a los trabajadores con el objetivo de asegurar abastecimiento constante de estos materiales. Según un estudio de Global Witness, el ejército congoleño y grupos rebeldes, en particular las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), cooperan regularmente entre sí, repartiéndose el territorio y el botín de la minería ilegal.
De manera similar, países vecinos como Ruanda, Uganda y Burundi también utilizan la minería artesanal para explotar los recursos de la RDC. Se ha acusado a Ruanda de financiar y apoyar al grupo rebelde M23 para saquear los recursos minerales congoleños, especialmente en las regiones de Kivu del Norte y Kivu del Sur, aunque Kigali ha negado estas incriminaciones. Estos estados vecinos facilitan el contrabando de minerales, introduciéndose en el mercado internacional mediante la venta a grandes empresas, beneficiándose de los recursos congoleños sin asumir responsabilidad alguna hacia el país vecino. Además, la falta de transparencia por parte de Ruanda, incrementa la dificultad para rastrear de dónde proceden los minerales que exporta. A pesar de los diversos esfuerzos internacionales por frenar el tráfico ilegal y aumentar la transparencia, no existen normas internacionales sobre minería responsable vinculantes, provocando que diversas multinacionales hayan sido acusadas de adquirir minerales extraídos de manera ilegal.
La minería industrial congoleña está gestionada por Gécamines, quien se encarga de gestionar la mayor parte de las concesiones mineras de la RDC a empresas extranjeras. Según el ICEX solamente un 30% de las concesiones han sido entregadas, y el acceso a ciertas explotaciones requiere la autorización del Ministerio del Interior. Además, según el Código Minero de 2018, las empresas que posean estas concesiones deben pagar royalties al estado y fomentar el desarrollo local.
La mayoría de concesiones han sido adquiridas por compañías chinas, siendo las más destacadas China Molybdenum Co., Ltd (CMOC), operadora de la mina Tenke Fungurume —mayor fuente de cobalto y cobre— así como La Sino-Congolaise des Mines SA (Sicomines), una empresa compuesta por un consorcio chino y Gécamines. Estas concesiones se otorgan mayoritariamente a largo plazo y están sujetas a regulaciones estrictas, a pesar de esto se han denunciado prácticas ilegales y corrupción.
Para garantizar la trazabilidad de los minerales así como para prevenir su comercialización ilegal y contrabando, se creó un programa denominado el International Tin Supply Chain Initiative (ITSCI) que busca proporcionar a los proveedores externos una certificación que garantiza que las cadenas de suministro sólo incluyen minerales procedentes de minas validadas por el gobierno. Sin embargo, este programa tampoco está exento de problemas vinculados a la corrupción y al fraude: según un informe de 2022 por Global Witness, el ITSCI ha permitido el blanqueo de minerales procedentes de minas no autorizadas, incluyendo aquellas que cuentan con la participación de grupos rebeldes así como donde se emplea mano de obra infantil. La corrupción a nivel industrial se hace tangible en la pérdida de ingresos para el estado y falta de inversión en infraestructuras y servicios públicos debido a la malversación de fondos.
Coste humano y ambiental
Bajo el sistema de explotación mineral en la RDC se descubre el sector más afectado; los trabajadores de las minas. La precariedad laboral, la falta de derechos y protección, así como la ausencia de seguridad son realidades cotidianas para miles de mineros, incluidos niños y niñas sometidos al trabajo infantil. Según el Índice Global de Esclavitud de 2023, alrededor de 400.000 personas en la RDC se hallan en condiciones de esclavitud moderna, muchas de ellas en la minería artesanal.
Asimismo, en minas industriales, gran parte de los trabajadores se enfrentan a salarios irrisorios, abusos, jornadas laborales prolongadas, así como falta de protección y medidas de seguridad. A este panorama se suma la carencia de protección legal efectiva por parte de las instituciones y el sistema judicial, lo que facilita que las empresas en el sector actúen con total impunidad debido a la escasez de regulaciones estrictas que protejan los derechos laborales. De acuerdo con un informe realizado por la Comisión Internacional de Juristas, las víctimas de estos abusos posen muy pocas posibilidades de ser compensadas debido a las deficiencias del sistema judicial congoleño, como la falta de independencia judicial o la corrupción.
El trabajo infantil es otra de las caras más crudas del sistema minero. Miles de niños y niñas son utilizados en las minas —especialmente en la extracción de cobalto— para acceder a las zonas más abruptas y trabajar en la clasificación del mineral. El trabajo en estos emplazamientos expone a los niños a una situación de riesgo extremo, como la posibilidad de derrumbes o la inhalación de polvo nocivo, posible causante de enfermedades pulmonares y dermatológicas. El trabajo en las minas interfiere también en la educación de los niños, quienes debido a la precariedad se ven obligados a trabajar largas jornadas para aportar dinero al núcleo familiar, y dejar de lado sus cometidos académicos.
Con el fin de abordar este problema, el gobierno congoleño se comprometió en 2017 a erradicar el trabajo infantil en la minería para el año 2025, sin embargo los avances en este campo han sido limitados. La falta de alternativas económicas, así como la débil aplicación de la ley han impedido que se perciban cambios significativos, perpetuando de este modo el sistema de explotación.
La expansión de la minería ha provocado el desplazamiento forzoso de comunidades autóctonas de sus tierras. Según un informe de Amnistía Internacional y la organización Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos (IBGDH), numerosas familias han sido desalojadas a la fuerza de sus viviendas, para dar paso a la expansión de operaciones mineras. Tal y como se apunta en el informe, la gran parte de la población afectada no ha recibido una indemnización adecuada que mitigue las pérdidas de sus viviendas y tierras.
La minería no solo afecta a comunidades humanas, sino que también pone en peligro reservas naturales protegidas, como la reserva de fauna Okapi, protegida por la UNESCO. Este lugar, hogar de especies en peligro de extinción como el okapi, enfrenta graves amenazas debido a las explotaciones mineras, principalmente lideradas por empresas de capital chino. La deforestación, así como la contaminación de ríos con metales pesados y la degradación del suelo, ilustran las consecuencias que la minería ilegal tiene en la zona.