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Durante años, la narrativa económica global situaba a África en un segundo plano, un continente rezagado frente a Asia o América. Sin embargo, los datos recientes invitan a matizar y, en algunos casos, a cuestionar esa percepción. La evolución del crecimiento económico mundial entre 2000 y 2026, según datos del FMI, revela que África ha mantenido, de manera general, un ritmo superior al promedio global. No obstante, la trayectoria no ha sido lineal. Entre 2003 y 2007, y nuevamente entre 2021 y 2023, el continente no logró superar al resto del mundo, mostrando su vulnerabilidad ante crisis externas y fluctuaciones económicas globales.

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En 1886, el géografo francés Onésime Reclus acuñó por primera vez el término “francophonie” para referirse al conjunto de pueblos que compartían la lengua francesa, independientemente de su origen. En aquel momento, calculó que había en el mundo unos 48 millones de francófonos. Ese dato no se actualizó durante más de un siglo.

No fue hasta 2010 cuando el Observatorio Demográfico y Estadístico del Espacio Francófono (ODSEF) y la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) publicaron las primeras estimaciones para medio centenar de países, situando la población francófona mundial en torno a 220 millones de personas. Desde entonces, el número no ha dejado de crecer y a la vista están las cifras: 274 millones en 2015, 321 millones en 2022, y, según los últimos datos del ODSEF publicados en marzo de 2026, 348 millones de francófonos en el mundo. Solo en el último lustro, la francofonía mundial ha sumado 48 millones de nuevos hablantes, un ritmo de crecimiento más rápido que en cualquier periodo anterior.

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El viaje apostólico del Papa León XIV a África, con visitas a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial ha sido presentado oficialmente como una gira de carácter pastoral centrada en el encuentro con las comunidades católicas, el fortalecimiento de la fe y la promoción del diálogo interreligioso. Sin embargo, una lectura más amplia del contexto político, social y religioso permite interpretar esta visita como un acontecimiento que trasciende lo estrictamente espiritual. .

Desde esta perspectiva, el viaje no debe entenderse como una sucesión de actos aislados en distintos países, sino como parte de una estrategia más amplia en la que la Santa Sede proyecta su presencia internacional a través de una diplomacia basada en la mediación, la legitimidad moral y el simbolismo religioso. El viaje del Pontífice se inscribe así en una forma específica de influencia internacional (soft power o poder blando), donde la autoridad no se ejerce mediante la coerción, sino a través del diálogo, la construcción de consensos y la intervención moral en contextos de conflicto.

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Un entorno volátil, rivalidades cruzadas, guerra, cambio climático y lucha por el control de pasos logísticos vitales para la economía global. Todo eso cabe en el Cuerno de África, un centro geopolítico por el que pasa en torno al 15% del comercio mundial, flanqueado por el Canal de Suez al norte y el estrecho de Bab-el Mandeb al sur y que experimenta una rivalidad creciente por dinámicas internas y la expansión de los conflictos del este.

Los mapas sirven para localizar puntos, pero no relaciones. África y Oriente Medio no son espacios desconectados. La última década, y más concretamente el último lustro, ha acelerado un proceso de relación e interconexión política, económica, militar y geoestratégica entre el Cuerno de África y el Golfo Pérsico.

El territorio africano presenta oportunidades que el desértico entorno arábigo no ofrece mientras que las monarquías petrolíferas tienen en su haber una capacidad económica y una ambición geopolítica que ha encontrado hueco en el Cuerno de África. Inversiones, armas, alianzas y rivalidades unen a dos espacios separados geográficamente por apenas 150 kilómetros, la distancia que separa Al Muwassam en Arabia Saudí y Massawa, situada en Eritrea, al otro lado del Mar Rojo.

Cuando el dinero no lo es todo: qué buscan los países del Golfo en África

De forma resumida, las monarquías petrolíferas del Golfo buscan en el Cuerno de África (y en el continente en general), al menos, tres cosas. Por un lado, diversificar sus economías totalmente dependientes de la exportación de petróleo; asegurar un suministro de materias primas tan básicas como los alimentos y, por último, influencia, en un proyecto que mezcla aspiraciones geopolíticas, intereses comerciales y diplomacia.

Respecto a lo primero, si bien es cierto que la industria del petróleo y sus derivados supone una ingente fuente de ingresos para los países del Golfo, la dependencia de este sector implica riesgos. Un barco atascado en Suez, una pandemia global o un conflicto militar son eventos que han sacudido la base económica de estas monarquías.

Por ello, con los recursos financieros disponibles, Emiratos Árabes, Arabia Saudí o Catar se han lanzado a inversiones en distintos ámbitos que les permitan no solo asegurarse el suministro de materias primas esenciales como los alimentos, sino también poder ejercer influencia sobre mercados y ejes logístico-comerciales mundiales. El proceso de ocupar espacios ha acabado generando un choque entre ellos, especialmente entre Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí cada vez más visible en el Cuerno de África.

Hace tiempo que Abu Dhabi se estableció como socio de muchos actores de la región. Su acercamiento mezcla inversiones muy específicas en infraestructuras portuarias, compra de tierras agrícolas y minerales, especialmente oro. Esto le ha granjeado la amistad de varios países y la capacidad de establecer y mantener una red de alianzas con actores estatales y no estatales.

EAU es titular de Dubai Port World, el tercer operador portuario más grande del mundo. En África su presencia, inversiones y proyectos se extienden a Sudáfrica, Senegal, Angola o Egipto. Pero, algunos de los socios más importantes no son gobiernos estatales, sino regionales. DP World opera dos puertos claves en el mar Rojo, Berbera y Bosaso, que responden a su vez a la autoridad de los gobiernos regionales autónomos de Somalilandia y Puntlandia, respectivamente. En paralelo y por medio de la empresa agroindustrial Al Dahra, ha adquirido tierras agrícolas en Angola o Tanzania.

Arabia Saudí ha seguido los pasos de su vecino. Inversiones en mercados con potencial como las energías renovables destacan en una estrategia bien definida que Riad presentó a África en la primera cumbre saudí-africana de 2023 y que se complementó el pasado año cuando los saudíes anunciaron planes de inversión de 25.000 millones de dólares hasta 2030.

El conflicto que todo lo cristaliza: Sudán

El conflicto sudanés, una guerra civil que va camino de su tercer año, se ha convertido en el catalizador de la formación de ejes en la región y la evidencia más palpable de lo antagónico de los proyectos emiratí y saudí. Las consecuencias: la crisis humanitaria más grave de la actualidad, crímenes de guerra documentados, hambruna y más de 10 millones de desplazados. Del apoyo que tanto Emiratos Árabes como Arabia Saudí prestaron al Consejo de Transición allá por 2019, se ha pasado a una confrontación indirecta de la que participan numerosos actores regionales.

En el escenario sudanés es donde Emiratos Árabes ha puesto más empeño. Su apoyo ha sido fundamental para que los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) no solo obtengan material y combatientes para enfrentar a las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS), sino que también han obtenido respaldo diplomático y político y hasta una legitimidad que ha permitido al líder rebelde, Mohamed Hamdan Dagalo “Hemedti” reunirse con otros jefes de Estado.

Abu Dhabi ha construido una red logística que involucra a milicias libias, puertos en la costa de Somalia, campos de entrenamiento en Etiopía, mercenarios colombianos y aeropuertos en Chad que ha sido fundamental para que las FAR dominen actualmente la mitad de Sudán.

La expansión emiratí y los lazos establecidos han generado recelos dentro y fuera del Cuerno. Como consecuencia, se ha articulado un eje anti UAE encabezado por Arabia Saudí y Egipto. Riad trata de hacer la contra a su vecino mientras que Egipto quiere evitar que EAU sustente las ambiciones etíopes y fortalezca aún más a su rival directo en el Nilo. Por esas razones, Egipto y Arabia Saudita han incrementado recientemente sus esfuerzos militares y políticos para apoyar a las FAS de Abdelfattah Al-Burhan, el otro hombre fuerte en Sudán.

Esta es otra de las claves en esta disputa: si Arabia Saudí y EAU progresan es, en parte, porque han encontrado en las diferencias regionales un elemento a explotar en su favor. Así, los bandos no solo se potencian y amplían bajo una lógica de relación directa, sino por oposición.

De esta manera, EAU es un socio estratégico de Etiopía, quien a su vez compite con Egipto por ser el hegemón regional y el dominio de la cuenca del Nilo. Para contrarrestar la creciente influencia etíope, El Cairo firmó un pacto de seguridad con Eritrea y Somalia, quien a su vez mantiene una disputa abierta con Abu Dabi por los acuerdos portuarios ya citados anteriormente con Somalilandia y Puntlandia, que desafían la autoridad del gobierno federal somalí.

Un juego de alianzas y rivalidades volátil que genera un equilibrio frágil y un riesgo de conflicto casi permanente.

Somalia: el último espacio de confrontación

Somalia ha sido el último escenario de confrontación diplomática entre actores regionales y externos.

La búsqueda de salida al mar de Etiopía supuso, a inicios de 2024, un acercamiento con Somalilandia. Adís Abeba firmó un compromiso de reconocimiento de Somalilandia como Estado a cambio de obtener un acceso directo al mar Rojo. Es en este punto donde Turquía aparece como jugador de peso en las dinámicas del Cuerno de África.

Ankara ha invertido considerablemente en Somalia, mantiene acuerdos militares y de cooperación con Mogadiscio y gestiona instalaciones críticas en territorio somalí. Un conflicto directo entre Etiopía y Somalia ponía en riesgo estas inversiones así que la diplomacia turca trabajó para que ambos vecinos pusieran fin a sus disputas.

Sin embargo, cuando Somalia y Etiopía habían normalizado sus relaciones tras el episodio de Somalilandia, Abiy Ahmed amenazó con reabrir el frente en Tigray y el tono contra Eritrea se ha elevado progresivamente desde mediados del pasado año. Entre denuncias y cruce de declaraciones de los países del Cuerno llegó un movimiento inesperado de Israel, el último actor de peso participante en la emergente dinámica de la región. Benjamin Netanyahu dio reconocimiento estatal a Somalilandia a finales de 2025, profundizando agudizando la crisis política en Somalia, poniendo en riesgo la proyección turca y aspirando, al igual que China, Estados Unidos y los citados países del Golfo, a tener una posición militar en el mar Rojo.

Un futuro menos incierto de lo que parece

La región del Cuerno de África y el continente por extensión, están sujetos a las disrupciones globales. El conflicto en curso entre Irán, Estados Unidos e Israel es una de ellas. Las reacciones a los recientes acontecimientos en Oriente Medio han dejado claro cuáles son las posiciones de los distintos actores. En el caso de Sudán, si bien condenó los bombardeos iraníes contra los países del Golfo, omitió mencionar a EAU, algo que también hizo Somalia.

Los efectos del conflicto son ya evidentes (alza de los precios del petróleo) pero podrían agudizarse y generar cambios significativos en el complejo entorno de relaciones y rivalidades descrito. Sometidos a la presión iraní y al cierre de Ormuz, los ataques de Teherán han resaltado las debilidades de las monarquías petrolíferas y amenazan con incidir en sus economías, algo que podría tener eco en África.

Por un lado, las inversiones árabes en muchos casos son promesas, no realidades. Una prolongación del conflicto podría retraer y retrasar algunos planes de inversión a medio y largo plazo, pero, sin duda, lo más relevante en este momento es el impacto en la guerra de Sudán. Las dificultades que pueda encontrar EAU para abastecer a las FAR y movilizar a sus proxys podrían permitir al Ejército sudanés consolidar sus recientes avances.

Ahora bien, los Estados del Golfo son una realidad pujante en África y en el Cuerno y gracias a una estrategia de décadas se han establecido como socios o rivales de los países africanos demostrando que, de nuevo, África es una zona de competencia entre potencias y medias potencias globales, pero también entre países africanos.

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África Occidental se encuentra ante una transformación estructural de su arquitectura energética. Dos grandes proyectos gasísticos aspiran a definir los corredores estratégicos del continente en las próximas décadas: el gasoducto Nigeria–Marruecos (Africa Atlantic Gas Pipeline) y el gasoducto transahariano Argelia–Níger–Nigeria.

No se trata únicamente de infraestructuras destinadas al transporte de gas natural. Ambos proyectos representan modelos distintos de integración regional y reflejan una rivalidad geopolítica más amplia entre Marruecos y Argelia. En juego está algo más profundo que el suministro energético: la configuración de las rutas que estructurarán el poder económico en África Occidental.

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Una tribuna de Suha Diab, exresponsable de Asuntos Humanitarios de MSF en Sudán

En el verano de 2025, cuando Médicos Sin Fronteras (MSF) me preguntó si estaría interesada en volver a Sudán, dije que sí sin pensarlo. Había vivido y trabajado allí durante una misión anterior con MSF, entre septiembre de 2021 y marzo de 2023; tiempo suficiente para que Jartum empezara a resultarme familiar: las vendedoras de té, los puestos de falafel, las conversaciones en las azoteas hasta altas horas de la noche después del trabajo. Era una ciudad que se me fue metiendo poco a poco bajo la piel, hasta sentirse como un hogar.

Cuando terminé mi primera misión en Sudán, el 31 de marzo de 2023, dejé una maleta en el apartamento de MSF en Jartum. Dentro había dos cosas que me importaban mucho: un pañuelo azul índigo que una amiga muy querida me había regalado años antes, y un bolso de cuero marrón, un regalo de despedida de mi equipo sudanés cuando terminé la misión. La guerra, que estalló en abril de 2023, lo cambió todo. La maleta quedó allí, con un destino tan incierto como el del propio país.

Hoy casi 11,8 millones de personas han sido desplazadas dentro de Sudán; una cifra que equivale aproximadamente a un tercio de la población de Canadá, mi país de residencia. Cerca de 4,25 millones han tenido que cruzar las fronteras, mientras que millones más sobreviven en condiciones extremadamente precarias, expuestos a enfermedades prevenibles pero mortales. Lo que comenzó como una lucha por el poder se convirtió rápidamente en una guerra contra la población civil: un conflicto marcado por asedios, ataques con drones, hambre y la destrucción sistemática de servicios esenciales. Casi todos los que huyeron de Jartum regresaron más tarde para encontrar sus casas saqueadas. Muchos sudaneses hablaban de una ausencia silenciosa: de objetos, rutinas y pequeños rincones de la vida cotidiana que habían desaparecido.

Cuando llegué a Port Sudan el 3 de junio de 2025, la ciudad se sentía a la vez familiar y extraña. El calor era sofocante y el aire, denso de sal. Entre el personal encontré algunos rostros conocidos de mi etapa anterior en el país, personas cuyas vidas habían cambiado radicalmente en los dos años desde la última vez que nos habíamos visto. Casi todas habían sido desplazadas durante los asaltos a Jartum y a otras grandes ciudades en 2023 y 2024. Muchas habían tenido que trasladar a sus familias a países vecinos.

Las historias que me contaron eran estremecedoras: huir bajo el fuego, negociar el paso en puestos de control, despedirse a toda prisa en susurros o arriesgarse a peligrosos cruces fronterizos para poner a salvo a sus seres queridos. Algunos fueron golpeados, intimidados, interrogados o incluso encarcelados. Cada relato llevaba consigo su propia carga de valentía, agotamiento y pérdida.

Un par de semanas después viajé a Jartum con un colega. La ciudad era irreconocible: una ciudad vaciada por la guerra. Coches calcinados bloqueaban las carreteras, los edificios estaban acribillados por balas y barrios enteros permanecían en silencio. Incluso los gatos y los perros callejeros habían desaparecido. Mientras nos acercábamos, me sorprendí pensando en el apartamento y en la maleta que había dejado allí, un pensamiento trivial frente a tanta destrucción, y sin embargo imposible de apartar. Una pequeña parte de mí aún esperaba, de forma casi irracional, encontrarlo, como si pudiera desafiar lo que la guerra ya había dejado claro.

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de un millón de personas han regresado a la ciudad de Jartum y a sus alrededores. Pero han vuelto a una ciudad donde casi nada sostiene ya la vida: sistemas de agua contaminados, calles llenas de artefactos explosivos sin detonar, mercados quemados y prácticamente ningún servicio sanitario en funcionamiento. Hospitales que antes sostenían el sistema de salud han sido destruidos, ocupados o abandonados.

El cólera, el dengue, el sarampión y la malaria siguen propagándose en oleadas recurrentes, alimentadas por el desplazamiento masivo, la falta de agua potable y el colapso de los sistemas de vigilancia epidemiológica. El hambre aguda también se ha disparado: más de 20 millones de personas afrontan ya niveles de inseguridad alimentaria considerados de crisis.

Doce días después de la caída de El Fasher, el 28 de octubre de 2025, volví a salir de Sudán con el corazón encogido. Seguían llegando informes de masacres, campos de desplazados incendiados y ejecuciones de civiles. Mientras leías las informaciones que llegaban desde Jartum, Darfur y Kordofán, reconocía un patrón que ya había visto antes: civiles pidiendo ayuda mientras el mundo duda, debate o mira hacia otro lado.

La sensación resultaba inquietantemente familiar, como hemos visto también recientemente en Gaza, donde la población soportó una violencia inimaginable a la vista de todo el mundo. Esa misma parálisis, ese mismo silencio, parecían repetirse aquí. Resulta sobrecogedor lo poco que aprendemos de nuestra propia historia, la frecuencia con la que el mundo espera hasta que las atrocidades se vuelven innegables, cuando ya es demasiado tarde para actuar, y entonces responde a regañadientes, si es que lo hace. Mientras los combates se extienden de Darfur hacia Kordofán, los civiles vuelven a quedar atrapados entre ataques con drones, asedios, ejecuciones, enfermedades y hambre. Los recuerdos de un tiempo más tranquilo, antes de la guerra, ahora parecen casi irreales.

Nunca encontré mi maleta. Entre los riesgos de contaminación y las restricciones administrativas, regresar al antiguo apartamento de MSF fue imposible mientras estuve allí. Algunos colegas internacionales bromeaban diciendo que seguramente habían visto mi pañuelo azul “volando por ahí” en el gran mercado de objetos robados de Jartum. Mis colegas sudaneses, en cambio, me animaban a no perder la esperanza; no por ingenuidad, sino porque de verdad querían que lo encontrara y creían que aún podía haber una posibilidad, por pequeña que fuera.

Me gusta pensar que tienen razón. Porque en esa silenciosa insistencia en la esperanza, incluso entre las ruinas, está la resiliencia que ha mantenido a Sudán en pie. Y quizá, solo quizá, esta guerra podría terminar, si quienes tienen el poder decidieran finalmente hacerlo: los mismos actores cuyas armas, financiación y silencio la han mantenido viva hasta ahora.

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La militarización del norte de África no responde a un fenómeno coyuntural ni a episodios aislados de tensión diplomática. Todo lo contrario. Se ha convertido en una dinámica estructural que ha ido consolidándose durante la última década. En este marco, Marruecos y Argelia concentran prácticamente la totalidad del gasto militar del Magreb, configurando un sistema regional donde la seguridad se articula cada vez más en términos de capacidad disuasoria y equilibrio estratégico. Según datos del SIPRI, ambos países han incrementado de forma sostenida sus presupuestos de defensa, con picos significativos en los últimos tres años, especialmente en el caso argelino, que se ha convertido en el tercer país que más invierte en defensa en términos de PIB, solamente detrás de Ucrania e Israel.

Este esfuerzo presupuestario no se traduce únicamente en un aumento del gasto, sino en una redefinición del posicionamiento estratégico de ambos países en la región. El contexto enfrenta así dos visiones diferenciadas. De una parte, Marruecos orienta su modernización hacia ventajas tecnológicas que refuercen su proyección atlántica y su margen de maniobra regional, mientras Argelia consolida una arquitectura militar más convencional y disuasoria destinada a preservar su centralidad estratégica en el Magreb y su influencia en el eje Sahel-Mediterráneo.

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Vivimos en un mundo marcado por grandes desafíos globales como el cambio climático, la seguridad internacional, las crisis sanitarias o la desigualdad. Todos ellos requieren respuestas colectivas y una fuerte cooperación internacional. En este contexto surge una pregunta esencial: ¿qué países están contribuyendo realmente al bien común del planeta? El Good Country Index intenta responder a esta cuestión con un enfoque innovador: midiendo cuánto aporta cada país al mundo en relación con el tamaño de su economía. A diferencia de otros rankings internacionales, no evalúa la riqueza, el bienestar interno ni la estabilidad política, sino la capacidad de un país para generar beneficios más allá de sus fronteras, desde la ciencia y la cultura hasta la paz internacional, el clima o la salud global.

En la edición de 2026, los resultados de los países africanos han sido especialmente reveladores. Aunque muchos no aparecen entre los primeros puestos del ranking general, varios destacan de forma sobresaliente en categorías específicas, situándose incluso entre los mejores del mundo en ámbitos como la seguridad internacional, el clima o la salud global. El continente revela así un papel más relevante del que suele percibirse. En este artículo analizaremos el top 5 africano del Good Country Index 2026, su evolución respecto a 2025 y los países del continente más destacados en áreas concretas, y así entender cuánto está aportando África al mundo.

¿Qué es el Good Country Index y qué mide?

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En los últimos años, China no solo ha ampliado su presencia en África, sino que la ha transformado, convirtiéndola en una de las relaciones económicas y políticas más influyentes del continente. China se mantiene como el mayor socio comercial de África por 15 años consecutivos, una posición que no se explica únicamente por la construcción de infraestructuras o por la llegada de empresas estatales chinas, sino por una firme estrategia que ha ido influyendo en casi todos los sectores. Las cifras lo dejan claro. Según datos publicados por la Administración General de Aduanas de China, el comercio entre China y África alcanzó los 295.560 millones de dólares en 2024, creciendo un 4,8% en comparación con 2023 y consolidando una tendencia que no muestra señales de calma. Esta combinación de inversión, diplomacia y presencia económica ha convertido a Pekín en un actor imprescindible para entender no sólo cómo se mueve la política africana, sino también las fuerzas que están moldeando el futuro del continente.

La presencia actual de China en África empezó a tomar forma a principios de los años 2000 cuando Pekín lanzó la estrategia “Going Out”, un plan que animaba a sus empresas a invertir fuera del país y a asegurar recursos naturales y posiciones estratégicas en el exterior. Con esta estrategia, China no solo buscaba expandir su economía, sino también proteger sus intereses en el continente y reforzar su imagen como un “socio diferente”, combinando inversión, diplomacia y herramientas de soft power. Esta decisión política provocó que China pasara de ser un simple exportador a convertirse en un inversor directo con ambiciones globales, abriendo la puerta a una relación mucho más profunda con el continente africano.

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La historia monetaria y económica de África Occidental está íntimamente ligada a la herencia colonial francesa y a los intentos posteriores de integración regional. La Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA) nació oficialmente el 10 de enero de 1994 en Dakar, Senegal. Su creación coincidió con un momento crucial: la devaluación del franco CFA en un 50 % ese mismo año, medida impulsada por Francia y aceptada por los Estados miembros para corregir desequilibrios comerciales y estimular las exportaciones.

La UEMOA se constituyó con el objetivo de profundizar la integración económica, eliminar barreras arancelarias entre sus miembros y coordinar políticas fiscales y monetarias bajo un mismo banco central: el Banco Central de los Estados de África Occidental (BCEAO), con sede en Dakar. Los ocho países miembros: Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo, comparten la misma moneda y una política monetaria unificada.

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Amina (nombre ficticio) huyó de la violencia en Níger hace casi veinte años. Desde entonces sobrevive desplazada, criando a nueve hijos entre campos de refugiados y asentamientos informales, marcada por el hambre y la falta de agua y atención sanitaria. Pero su historia no aparece en las estadísticas. En esta tribuna, Paloma Martín de Miguel, responsable de operaciones de Acción contra el Hambre en África, alerta de una crisis crónica en el Sahel que se agrava mientras pierde visibilidad y datos fiables.

Una tribuna de Paloma Martín de Miguel, responsable de operaciones de Acción contra el Hambre en África

Amina (nombre ficticio) es madre de nueve hijos y vive en el exilio forzado tras huir de la violencia en su pueblo de Níger. Después de casi dos décadas desplazada, ha pasado por ciudades, campos de refugiados y asentamientos informales, enfrentando miedo, hambre y sin apenas acceso a agua y servicios de salud.

Pero Amina no aparece en ninguna estadística reciente. No está en los últimos gráficos, ni en los mapas que circulan en las reuniones de coordinación humanitaria. Sin embargo, existe. Tiene nombre, rostro y una historia que se repite millones de veces en el Sahel africano. Una historia que, como tantas otras en la región, los informes pasan por alto.

El Sahel: una emergencia crónica que casi nadie ve

Soy la responsable de operaciones de Acción contra el Hambre en África, y trabajo desde hace años en la región del Sahel. Sé que países como Níger, Malí o Mauritania son algunos con mayores niveles de inseguridad alimentaria y desnutrición del mundo. Detrás de esta realidad hay conflictos armados persistentes, desplazamientos forzados, crisis climáticas recurrentes —sequías e inundaciones— y el colapso progresivo de los medios de vida tradicionales. Las cifras disponibles son alarmantes: en Níger más de 1,6 millones de niños sufrirán desnutrición aguda en el próximo año; en Malí, más de 6 millones de personas necesitan ayuda humanitaria; en Mauritania, decenas de miles de niños y mujeres están en riesgo nutricional crítico.

Sin embargo, estos datos probablemente se quedan cortos. Los recortes de financiación, la inseguridad y la falta de acceso están debilitando los sistemas de monitoreo nutricional, y en ciertos casos, en crisis menos priorizadas, trabajamos con información antigua que no refleja la realidad actual. Yo lo veo sobre el terreno: campos secos, mercados vacíos, centros de salud saturados y niños que llegan demasiado tarde a tratamiento. La falta de datos crea una ilusión de estabilidad. Y esa ilusión mata.

Lo que significa trabajar casi a ciegas

Para quienes trabajamos en acción humanitaria, los datos no son un lujo técnico. Son lo que nos permite decidir dónde intervenir, a quién priorizar, cuántos recursos movilizar. Sin información fiable, es como intentar apagar un incendio con los ojos vendados.

Cuando no entendemos bien las necesidades reales, las respuestas se vuelven menos eficaces. Se planifica tarde, se llega tarde y se salva a menos personas de las que podríamos. Y para las familias, la falta de datos se traduce en algo muy concreto: abandono. No entienden por qué la ayuda no llega, por qué los programas se cierran, por qué nadie parece escuchar lo que están viviendo.

Puede que Amina no sepa cómo funcionan los sistemas de monitoreo nutricional. Pero sí sabe lo que es que su hijo se acueste sin comer, que el pozo se seque, que el centro de salud no tenga alimentos terapéuticos. Sabe lo que es esperar una solución que nunca llega. Sabe lo que es que su vida no cuente porque es invisible.

Lo que siento como responsable de operaciones

Lo más duro de mi trabajo no son las cifras, ni la logística imposible, ni los contextos inseguros. Es la sensación de estar gritando en un desierto informativo.

Ver una crisis que afecta a millones de personas y saber que no recibe atención proporcional genera una mezcla de frustración e impotencia difícil de explicar. Sabemos qué hacer, sabemos cómo prevenir muchas muertes, pero nadamos a contracorriente frente a la falta de datos y el desinterés internacional.

Me duele pensar que hay niños que no serán tratados simplemente porque no “existieron” a tiempo en un informe.

Si tuviera que explicarlo a alguien que nunca ha estado allí

Le diría esto: el hambre no siempre se ve en imágenes espectaculares. Muchas veces es silenciosa, lenta, crónica. Se instala durante años hasta volverse normal. Y cuando se vuelve normal, deja de importar.

Pero cada niño desnutrido que no se detecta a tiempo es una oportunidad perdida de salvar una vida con algo tan simple como tratamiento nutricional básico. Cada dato que no se recoge es una familia más que queda fuera del radar.

Sin datos no hay decisiones. Sin decisiones no hay respuesta. Y sin respuesta, lo que hay es muerte evitable.

¿Qué pasará si seguimos así?

Sin datos, veremos más emergencias invisibles, más crisis subestimadas, más niños llegando tarde —o no llegando nunca— a los sistemas de atención. Veremos recursos mal asignados, respuestas improvisadas y un aumento real de la mortalidad infantil.

El Sahel no necesita solo más ayuda. Necesita ser visto. Medido. Escuchado. Porque mientras no existan datos sólidos, millones de personas como Amina seguirán viviendo —y sufriendo— en una crisis que, para el mundo, simplemente no existe.

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El 2 de enero de 2026, el Gobierno de Guinea Ecuatorial oficializó el traslado de su capital de Malabo a Ciudad de la Paz (Djibloho), un movimiento que redefine el mapa político del país, pero que va mucho más allá de un cambio administrativo. En este artículo analizaremos las razones detrás de esta decisión y las implicaciones que puede tener para el futuro político y territorial de la nación.

Tras el anuncio oficial, conviene recordar que Ciudad de la Paz no es un proyecto improvisado. Su origen se remonta a principios de la década de 2010, cuando el Gobierno guineoecuatoriano decidió impulsar la construcción de una nueva ciudad en el interior del país. La idea era crear un centro político y administrativo alejado de las limitaciones de Malabo, situada en la isla volcánica de Bioko, con un espacio urbano reducido y expuesta a riesgos geológicos.

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Durante el 30 de septiembre del 2022 se consagró un importante cambio en la política de Burkina Faso. El joven capitán Ibrahim Traoré (34 años) consiguió derrocar al teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba. De esta forma, las comparaciones con la figura histórica del país Thomas Sankara no tardaron en llegar. Este último logró llegar al poder el 4 de agosto de 1983 (con 33 años) y también, vía modalidad de golpe de Estado. Ambos han usado la retórica antiimperialista, antifrancesa y parcialmente anti-Occidente.

Sin embargo, tales similitudes necesitan de una examinación genealógico-histórica comparativa que tenga en cuenta los primeros años de gobierno de ambos líderes y sus diferenciados contextos, para saber hasta qué punto la analogía Traoré-Sankara tiene fundamento más allá del puro simbolismo narrativo.

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Una tribuna de Sebastián Traficante, jefe de operaciones de MSF en Mozambique

La intensificación del conflicto en el norte de Mozambique sigue obligando a la gente a huir. Los civiles están siendo atacados por un grupo armado no estatal, que continúa enfrentándose a los ejércitos locales y regionales. La población se enfrenta a la violencia y a una sensación generalizada de inseguridad. Garantizar la protección de los civiles, las instalaciones médicas y el personal humanitario debe seguir siendo una prioridad en esta crisis en escalada.

Cuando Bernardo y su esposa Alima huyeron de su aldea, Criação, no llevaban casi nada consigo. Solo esperaban saber qué había pasado con sus hijas, que tenían nueve y seis años cuando hombres armados las secuestraron en 2020. Durante años, la pareja no supo nada. Recientemente, un superviviente que escapó del cautiverio les informó de que seguían con vida. “Ningún pensamiento lleva a buen puerto”, dijo Bernardo a nuestro equipo en Mueda, donde su familia vive en un campo para desplazados desde octubre. No saben si volverán a ver a sus hijas.

Ocho años después del inicio del conflicto en Cabo Delgado, el miedo y la incertidumbre son una realidad cotidiana para cientos de miles de personas en esta provincia del norte de Mozambique. Mientras la atención internacional se centra en la reapertura de importantes proyectos energéticos y la seguridad en torno a los recursos clave de la provincia, quienes han vivido esta crisis, poco difundida, permanecen fuera del foco de atención.

Desde octubre de 2017, más de 6.000 personas han sido asesinadas y más de un millón — un tercio de la población de Cabo Delgado— se han visto obligadas a huir de sus hogares, de las cuales casi la mitad siguen desplazadas. Desde finales de julio, Cabo Delgado ha experimentado niveles devastadores de violencia. Este año es el más violento registrado en cuanto a número y frecuencia de incidentes de seguridad. Más de 500 ocurrieron en los primeros ocho meses de 2025, incluyendo brutales asesinatos, secuestros, saqueos e incendios de viviendas.

Los ataques han afectado a la mayoría de los distritos de la provincia y se han extendido a las vecinas Nampula y Niassa. Decenas de miles de personas han huido recientemente de sus hogares. Para muchos, no es la primera vez. Algunas regresan a los mismos campamentos donde buscaron refugio durante los mortíferos ataques de 2020 o 2021. Las familias a menudo abandonan sus hogares con poco más que la ropa que llevan puesta, pero cargan con miedo, agotamiento y trauma.

Vidas trastocadas, salud en peligro

El campamento de desplazados de Lianda ha sido el hogar de Bertina durante tres años, a pesar de las crecientes dificultades. La comida es limitada. La lona de plástico que cubre su casa está tan dañada que la lluvia se filtra. El agua escasea: puede tardar hasta tres días en recolectar 40 litros, lo que apenas alcanza para un día para su familia de nueve miembros.

En su pueblo natal solía cosechar una docena de sacos de anacardos al año. Era suficiente para mantener a toda la familia y construir una casa con un tanque de agua privado. Tras el ataque a su pueblo, solo queda el tanque de agua.

Bertina no es la única que ha vivido esta experiencia. Muchas personas cuentan a nuestros equipos que vieron sus casas incendiarse, sus negocios desaparecer; dejaron atrás tierras de cultivo y posesiones; perdieron a seres queridos. Y aunque ahora tengan una sensación de seguridad en los campamentos de desplazados, su salud física y mental sigue amenazada.

Años de conflicto han debilitado gravemente el frágil sistema de salud del norte de Mozambique. Ciclones devastadores, como el de Chido a finales de 2024, azotan con regularidad y añaden otra capa de complejidad a este país vulnerable a la crisis climática. Numerosas instalaciones han sido destruidas o abandonadas, mientras que otras funcionan con un personal y suministros mínimos. Como es comprensible, los trabajadores sanitarios suelen estar entre quienes huyen tras los ataques.

En algunos distritos, la cobertura de vacunación contra el sarampión sigue siendo peligrosamente baja. Las mujeres embarazadas a menudo dan a luz en casa porque desplazarse es inseguro, los centros de salud están cerrados o simplemente no tienen los medios para llegar. El tratamiento para el VIH y la tuberculosis, que requiere monitoreo y seguimiento regulares, se interrumpe repetidamente cuando la violencia aumenta, dejando a miles de personas en riesgo de enfermedades graves y resistencia a los medicamentos.

Las organizaciones humanitarias, como Médicos Sin Fronteras (MSF), enfrentan crecientes desafíos para llegar a las personas que necesitan ayuda. Las clínicas móviles se suspenden rutinariamente debido a la inseguridad. Cuando la violencia se intensifica, programas de salud completos, desde la atención de emergencia hasta la asistencia comunitaria, se ven obligados a detenerse.

Ocho años después, no podemos mirar hacia otro lado

A pesar de esta realidad cada vez más grave, Cabo Delgado rara vez recibe cobertura mediática internacional, a menos que se produzcan grandes ataques o haya novedades en torno a proyectos energéticos. Sin embargo, detrás de las cifras y los titulares, o la falta de ellos, hay personas que viven con miedo. Familias desmembradas, cultivos abandonados, fuentes de agua perdidas y el acceso a los servicios de salud interrumpido repetidamente.

MSF insta a todos los grupos armados a priorizar la protección de la población civil y garantizar su acceso seguro a servicios básicos. Deben respetar y proteger los servicios médicos, permitiendo que el personal sanitario preste atención en las estructuras sanitarias y en las clínicas móviles.

En definitiva, la población de Cabo Delgado desea seguridad. Quieren reconstruir sus vidas. Algunos se aferran la esperanza de regresar a casa, incluso cuando ya no queda nada. Otros no creen que puedan volver y tampoco pueden planificar un futuro en otro lugar.

Con tantas crisis en el mundo, es difícil determinar qué debería llamar nuestra atención. Pero la gente de Cabo Delgado simplemente pide una oportunidad para vivir sin miedo.

En Cabo Delgado, MSF gestiona proyectos en Mueda, Mocímboa da Praia, Macomia y Palma, además de llegar a algunos distritos vecinos. Ofrecemos consultas externas, atención de urgencias, servicios de maternidad y pediatría, tratamiento para el VIH y la tuberculosis, así como apoyo psicosocial y de salud mental. En el primer semestre de 2025, realizamos cerca de 100.000 consultas externas y actividades grupales de salud mental para más de 35.000 personas. También hacemos clínicas móviles, derivamos pacientes a centros de salud y apoyamos a centros médicos y hospitales en colaboración con el Ministerio de Salud.

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Tras la disolución del sistema soviético en 1991, la política exterior rusa experimentó una reconfiguración profunda que obligó a Moscú a asumir, durante un periodo prolongado, una posición secundaria en el sistema internacional mientras reconstruía sus capacidades económicas, políticas y militares. En este proceso, África nunca desapareció del radar estratégico ruso y, a partir de 2010 (coincidente con el impulso del marco BRICS que hoy representa el 40% del PIB global), Rusia ha aplicado una estrategia de proyección progresiva, visible especialmente en los ámbitos de seguridad, diplomacia y acceso a recursos estratégicos.

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He de admitir que hace ya casi seis años estaba fregando en casa, poniéndome gel hidroalcohólico y enganchado a esta canción de Bobi Wine. En tiempos de confinamiento, daba un rollazo increíble. “La mala noticia es que todos somos una potencial víctima, pero la buena es que todos somos una posible solución”.

El ritmo era tan pegadizo que hasta la UNESCO cogió la canción para concienciar a la población por la pandemia del covid-19. Bobi Wine, que ya era un cantante famoso y una figura política al alza, consiguió con su voz llegar a todo el mundo, pero en esa primera frase resumió no solo el problema con el covid-19, sino también un mensaje de esperanza a su pueblo: todos podían ser la solución a la dictadura de Yoweri Museveni.

Menos de un año después, el 14 de enero de 2021, Uganda fue a elecciones presidenciales. Por primera vez desde su llegada al poder en 1986, Museveni se enfrentaba a un rival que no provenía ni de su movimiento político ni del universo de la lucha armada que lo llevó al poder. Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine, emergía como la encarnación de una nueva política: joven, popular, urbano y aparentemente ajeno a las viejas estructuras del régimen.

Bobi Wine es la esperanza, Museveni el viejo dictador que se aferra al poder. En 2021, Bobi Wine fue arrestado hasta en nueve ocasiones y sufrió un disparo que casi acaba con su vida. A pesar de su popularidad, Museveni consiguió aferrarse al poder con unos resultados oficiales que le dieron un 58% de los votos por un 38% de Bobi Wine. El joven no consiguió vencer la represión del Estado, y dieron igual al dictador la muerte de decenas de jóvenes.

Ahora, más allá del ansia de cambio, si hacemos un análisis más atento de su trayectoria política y de la forma en que estructuró su desafío revela menos una ruptura que una reproducción del mismo patrón personalista que ha definido la política ugandesa durante casi cuatro décadas.

Más que un enfrentamiento entre proyectos de país o entre partidos consolidados, las elecciones de 2021 y estas que se celebran el 15 de enero de 2026 vuelven a girar en torno a dos figuras individuales. Museveni frente a Bobi Wine. El presidente contra el aspirante a “libertador”. El pasado contra el futuro. Pero, como ha ocurrido repetidamente en Uganda, el debate político quedó atrapado en la lógica del individuo carismático, no en la fortaleza institucional ni en la confrontación programática.

Bobi Wine: un liderazgo construido desde el yo

Bobi Wine era un simple cantante, “hijo del gueto”, que cantaba contra la falta de oportunidades y la corrupción del gobierno. Cuando decidió dar el salto a la política en 2017, no accedió a través de un partido ni de una organización ideológica, sino desde como candidato independiente, con su único capital personal como músico, activista y figura pública. Su victoria en una elección parcial le permitieron entrar en el parlamento y de ahí comenzó su ascenso fulgurante.

En 2018 dio un paso más creadnos el movimiento People Power, Poder del pueblo. No se trata de un partido con estructuras claras, ideología definida o mecanismos internos de deliberación, sino de una plataforma flexible diseñada para orbitar alrededor de su figura. Su lema, su simbología y su discurso se construyen en torno a la experiencia personal de Bobi Wine y a su biografía como “hijo del gueto” que desafía a una élite envejecida.

Incluso cuando decidió competir oficialmente por la presidencia, Bobi Wine no creó un nuevo partido desde cero, al estar obligado a concurrir bajo unas siglas, ni se integró en una organización opositora existente, sino que se adhirió a un partido menor, el National Unity Platform (NUP), que pasó a ser indistinguible de su liderazgo personal.

De este modo la nueva política repite la vieja: la debilidad estructural de los partidos, un rasgo histórico de la política ugandesa que la figura de Bobi Wine profundiza. El NUP no compite como partido frente al NRM; compite Bobi Wine frente a Museveni. Las lealtades, la movilización y las expectativas se concentran en la persona, no en la institución, y de ahí que nacen líderes personalistas y con demasiado poder en su figura que crean seres autoritarios a largo plazo, como se ha visto con Museveni.

La herencia del sistema sin partidos

Antes de la llegada de Museveni al poder en 1986, Uganda había experimentado en 24 años tres períodos diferentes de dictadura entre dos hombres que explotaron y profundizaron las divisiones étnicas presentes desde la época colonial.

El primer primer ministro y luego presidente del país, Milton Obote, se apoyó en la comunidad acholi del norte y en su grupo étnico, los langi. Se enfrentó directamente al Reino de Buganda en el sur y a los privilegios que este había fomentado durante la época colonial, cancelando todos los reinos y arrestando y procesando a sus miembros.

Cuando Idi Amin llegó al poder en 1971, continuó su tendencia, pero a la inversa, incluso de forma más brutal y violenta. Persiguió y asesinó a los acholi y los langi y volvió a otorgar privilegios a los baganda y al grupo étnico kakwa, al que él pertenecía. Cuando Obote regresó en 1981 tras la expulsión de Amin, la situación cambió de nuevo.

Este enfrentamiento reforzó la división norte-sur, dejando entre la población la sensación de que si su comunidad triunfaba, el otro grupo perdía. Esto dejó profundas huellas en la población y dificultó el surgimiento de una identidad nacional unida.

El primer movimiento de Museveni, el Frente para la Salvación Nacional, tenía su base entre la población occidental de Banyankole y Banyarwanda. Cuando llegó al poder con el NRM en 1986 tras una ofensiva al estilo de los movimientos de liberación del sur de África muchos pensaron que esta comunidad serían la única beneficiada, pero a pesar de haberles otorgado a estos miembros de tribus los puestos más altos en las fuerzas de seguridad, incluso hasta la fecha, el nuevo líder impulsó un cambio en la política que Bobi Wine, inconscientemente o no, reproduce.

Reconociendo su falta de control sobre toda la población y la necesidad de legitimar su régimen, Museveni avanzó astutamente hacia una coalición inclusiva y de base amplia con todas las fuerzas excepto la de Obote.

Entonces defendió que la manera de acabar con el faccionalismo étnico era adoptar un sistema sin partidos. En 1997, promovió la Ley del Movimiento, por la cual todas las personas podían ser miembros del Movimiento unido que él dirigía.

Comprender las consecuencias del sistema de Movimiento es vital para comprender cómo han sido la política y las elecciones en Uganda tras la reintroducción del multipartidismo en 2005. Al sostener su régimen bajo un movimiento y un sistema, y ​​no como un partido político, Museveni eliminó cualquier postura ideológica asociada con el NRM, ya que este supuestamente incluía a todo tipo de personas y pensamientos. Con la llegada de la política partidista, votar por el NRM se alineó con el apoyo a un sistema que rechazaba el faccionalismo étnico y había aportado estabilidad a los diferentes grupos en Uganda.

Ahora, el efecto a largo plazo fue una cultura política profundamente individualizada, donde el liderazgo personal prevaleció sobre cualquier forma de organización colectiva. Cuando el multipartidismo se reintrodujo, las elecciones presidenciales posteriores se estructuraron siempre como duelos personales: Museveni contra Kizza Besigye, y más tarde Museveni contra Bobi Wine.

Paradójicamente, Bobi Wine se inserta perfectamente en este molde. Aunque se presenta como un agente de cambio, su forma de hacer política reproduce las reglas no escritas del sistema que dice combatir. En lugar de desafiar la personalización del poder, la refuerza.

El espejo de Museveni joven

La comparación entre Bobi Wine y el Museveni de finales de los años ochenta resulta inevitable. Ambos irrumpen como figuras antisistema, ambos se presentan como salvadores nacionales y ambos articulan su legitimidad en torno a una narrativa de liberación. Museveni hablaba de liberar Uganda del autoritarismo y del caos; Bobi Wine habla de una “tercera liberación” para la juventud nacida bajo el régimen del NRM.

El paralelismo no se limita al discurso. Museveni también llegó al poder rechazando los partidos tradicionales, despreciando la política convencional y presentándose como la única figura capaz de garantizar estabilidad. Con el tiempo, ese liderazgo personalista se consolidó en un régimen que combina elecciones formales con control férreo del Estado. Bobi Wine, aunque situado en el extremo opuesto del espectro generacional, adopta una lógica similar al centrar su proyecto político en su figura y no en la construcción institucional.

El peligro del personalismo

El propio Museveni es un ejemplo claro de cómo el personalismo permite mutaciones ideológicas sin un coste político significativos. En su famoso libro de 1992 What is Africa’s problem?, el presidente ugandés criticó abiertamente a los líderes africanos que se perpetuaban en el poder y defendió la rotación política.

Ahora, con el paso del tiempo, se desdijo. Poco a poco fue eliminando los límites del mandato presidencial y luego los límites de edad para ser presidente. Tanto que aparece en 2026 como candidato a sus 81 años, buscando repetir hasta 2031.

Estas transformaciones fueron posibles precisamente porque el poder no estaba anclado a un proyecto partidario coherente, sino a la figura del líder. Museveni pudo cambiar de opinión, de discurso y de alianzas sin perder el control del sistema. La lección implícita es clara: en Uganda, la política del individuo es más resiliente que la política de las ideas.

Porque si analizamos un poco las políticas de Bobi Wine, no hay una clara idea. El objetivo es acabar con el régimen, y aunque tiene bastantes apoyos en Occidente, su programa de gobierno no es lo que convence a la gente, sino la idea de quitar a Museveni.

Es más, precisamente es la falta de una alternativa política más allá de ser él mismo la alternativa lo que destaca de Bobi Wine, quien al apostar por un liderazgo personalista, se expone al mismo riesgo que acabar como Museveni. Sin estructuras que lo trasciendan, su proyecto depende de su capacidad de mantenerse como símbolo, de resistir la represión y de conservar la movilización emocional de sus seguidores. El día que su figura se desgaste o desaparezca del centro del escenario, el movimiento corre el riesgo de diluirse.

Continuidad bajo la apariencia del cambio

Las elecciones de 2021, lejos de inaugurar una nueva era, confirmaron la persistencia de una política centrada en líderes carismáticos y partidos débiles. En estas de 2026, la cosa no ha cambiado.

Bobi Wine representa un cambio generacional real y canaliza frustraciones profundas, pero lo hace dentro de un marco político diseñado por Museveni y que sigue favoreciendo al incumbente.

La paradoja es evidente: el principal desafío al régimen reproduce muchas de las lógicas que han permitido su longevidad. Así, el enfrentamiento entre Museveni y Bobi Wine no es solo un choque entre generaciones, sino también un diálogo entre dos versiones de un mismo modelo político, separadas por 35 años de experiencia en el poder.

En ese sentido, Uganda no asiste con Bobi Wine a una nueva política, sino a un relevo de una política basada en el liderazgo personalista que no augura un futuro halagüeño y estable a la democracia. Con Bobi Wine no prima un sistema estable que sea férreo ante futuros líderes dictatoriales, sino otro líder carismático que emerge como la única esperanza de un pueblo oprimido. El Museveni de 1986 es el Bobi Wine de 2026.

La gran incógnita de cara al futuro no es solo si Bobi Wine podrá vencer a Museveni o a su eventual sucesor, sino si será capaz de romper con la lógica del individuo providencial y construir algo que el propio Museveni nunca quiso —o nunca pudo— dejar atrás: instituciones políticas que sobrevivan a sus líderes.

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Hace poco más de un año, un vídeo comenzó a circular en redes sociales en la que el rapero estadounidense Eminem opinaba sobre las elecciones sudafricanas: “Que le jodan al CNA, esos cabrones han fallado a los negros en su país. No hay trabajo, no hay carreteras, no hay agua, no hay electricidad. El crimen es alto y te preguntas por qué. Por supuesto, el CNA la ha cagado”, decía supuestamente en el vídeo.

Y no, no es que de repente el rapero de Detroit estuviera súper metido en la política sudafricana. Su voz la utilizo el partido de extrema izquierda Luchadores por la Libertad Económica (EFF, por sus siglas en inglés) para modificarla con inteligencia artificial e intentar buscar el voto. Supuestamente, Eminem se aliaba así con un partido que aboga por una Sudáfrica negra, sin blancos, y cuyo líder, Julius Malema, ha sido condenado por delito de odio al decir que hay que matar a los sudafricanos blancos.

No cabe decir que por palabras como las suyas Donald Trump ha salido a decir que hay un genocidio ante los blancos, aunque el día que lo afirmó en el Despacho Oval delante del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, mostró una imagen de el supuesto entierro tras matanzas de sudafricanos blancos, cuando en realidad eran trabajadores humanitarios en R.D. Congo tras asesinatos del grupo rebelde M23. La verdad ya empieza a dar igual.

El propio Trump fue utilizado en los comicios del año pasado en las elecciones sudafricanas. El partido zulú del expresidente Jacob Zuma también usó al presidente estadounidense con IA para modificar su mensaje pidiendo el voto para su partido. “El CNA de Cyril Ramaphosa ha fallado a todos los sudafricanos y con este nuevo partido del expresidente Jacob Zuma todos los sudafricanos importarán”, decía supuestamente. Boca y mensaje no concordaban, pero un político del partido lo compartió y corrió como la pólvora.

Esto son solo dos de los ejemplos de cómo la inteligencia artificial se está utilizando para generar desinformación en el continente. Así lo contó ayer en el V Encuentro de Periodistas África-España la periodista y excorresponsal de la BBC Karen Allen, quien presentó los descubrimientos tras un estudio titulado “AI-Generated Disinformation in Europe and Africa: Use Cases, Solutions and Transnational Learning” hecho para la Konrad Adenauer Stiftung alemana.

En su ponencia, Allen aseguró que la IA se usa para desinformación en África de cinco maneras principalmente: de manera política, para confirmar una narrativa, para apoyar a un candidato en elecciones, para actividades criminales, y como sátira.

Además, explicó que estos mensajes, que pueden parecer simplemente falsos para quien conozca la cuestión, son más creíbles cuando son amplificados por políticos y cuando van dirigidos a personas dispuestas a creerse sus postulados. Eso es todavía más relevante en países con mucha población rural sin conocimiento de la inteligencia artificial y además en países con frágiles ecosistemas de medios que no saben identificar fácilmente la mentira. “La conclusión es que si estás viendo esto en un pueblo remoto con tu teléfono móvil y no estás acostumbrado, te pueden delatar fácilmente”, aseguraba.

Ahí, explicó que hay dos grandes diferencias a la hora de hablar de desinformación: el FIMI y el DIMI. El FIMI se refiere a la Manipulación e Interfencia de Información Extranjera, mientras que DIMI es la Difusión de Información Manipulada e Intencionada. Es decir, la primera es aquella con fines geopolíticos por terceros países y la segunda la simple difusión de material por usuarios.

Esos vídeos falsos se llegan a utilizar también en entornos bélicos, como por ejemplo en Sudán, diciendo que el Ejército iba a ocupar viviendas y matar a civiles o donde el exdictador Omar Al-Bashir supuestamente tomaba partido en el conflicto.

Ahora, aunque se usan deepfakes, modificando bien la voz, en África proliferan mucho también los cheapfakes, es decir, vídeos hechos de una manera muy burda y sencilla por cualquier persona pero que acaban funcionando por su relevancia.

Todo esto lo que lleva a es a crear ruido, incluso si no es cierto y genera que surjan cuentas locales que espolean esos sentimientos comunitarios para propagar luego campañas foráneas. Como por ejemplo, vídeos manipulados de France24 diciendo que se apoyara a la nueva junta militar en Burkina Faso de Ibrahima Traoré.

Eso a su vez ha generado un negocio. En un estudio de las elecciones kenianas se vio que genera un hashtag podía suponer desde 770 dólares hasta 7.000 dólares para posicionarlo y hacerlo viral, y la tasa diaria para producir tuits con desinformación iba de 500 a 1.000 dólares estadounidenses, lo que generaba que influencers digitales se hicieran de oro con la desinformación.

Lo curioso es que esa transcendencia de la IA ha llevado también al efecto contrario: políticos y personas con poder desacreditando vídeos o audios reales diciendo que están tergiversados con inteligencia artificial, algo que ha pasado en Mauricio, una democracia consolidada.

Por eso, hay que estar atentos y medios como AfricaCheck buscan desmontar la desinformación sobre el continente. Porque la desinformación genera prejuicios, y esos prejuicios se pueden reforzar con el uso de tecnologías como la inteligencia artificial de manera interesada y fraudulenta.

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Unas horas después de escucharse disparos en la capital de Guinea Bisáu, el general Denis N’Canha anunció que el Ejército asumía “la plenitud de los poderes del Estado” hasta nuevo aviso. Con semblante serio, tres micrófonos frente a él, tres militares armados a su espalda, conformaron una imagen que ya es parte de la historia reciente del país. Días después, publicaban un comunicado que confirmaba que la junta permanecerá como Gobierno de Transición durante 18 meses, al término de los cuales se celebrarán, supuestamente, elecciones generales. El nuevo ejecutivo, liderado por el general Horta N’Tam, cuenta con 23 ministerios y cinco secretarías de estado. Con nombres destacados del mandato saliente.

Este país de África Occidental suele aparecer siempre en las listas como uno de los más pobres del mundo. Viven alrededor de dos millones de personas, con una media de edad de aproximadamente 18 años. Lo ocurrido durante el pasado 26 de noviembre es un ejemplo más de la inestabilidad -y la fragilidad- que vive desde su independencia. Desde entonces, se han producido cinco golpes de estado consumados e innumerables intentos.

Inestabilidad política reciente

Si se traza una línea temporal, en el futuro más cercano, habría que situarse en octubre de este año 2025. Semanas previas a las elecciones. El histórico Partido de la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), enmarcado dentro de la coalición PAI-Terra Ranka -que agrupa a una docena de formaciones políticas- quedó excluido del proceso electoral y de la carrera a la presidencia del país. El motivo: la presentación tardía de los documentos.

Hay que recordar que, en junio de 2023, el PAIGC obtuvo una contundente victoria en las elecciones legislativas, logrando una mayoría absoluta en el parlamento. Lo que provocó una cohabitación de la que Guinea Bisáu no estaba acostumbrada: la presidencia del país con el partido MADEM-G15 (del ya exlíder Umaro Sissoco Embaló) y el PAIGC en el parlamento.

Meses después, en diciembre de ese mismo año, se produjo un enfrentamiento entre la Guardia Nacional y el Ejército. Sissoco Embaló lo calificó como “intento de golpe de estado”, por lo que disolvió la XI legislatura y nombró como nuevo primer ministro a Rui Duarte Barros, que conformó un gobierno mixto. A finales de 2024, se esperaba que se realizaran las elecciones legislativas, pero estas no llegaron hasta 2025.

Un dato muy clarificador de la situación de extrema fragilidad de las instituciones es que desde su independencia (reconocida oficialmente en el año 1974) Umaro Sissoco Embaló ha sido el único jefe de Estado que ha logrado completar su mandato de cinco años. Aun así, la presidencia de Embaló estuvo marcada por intentonas -según el ejecutivo- de golpes de estado: en febrero de 2022 y diciembre de 2023; y la que provocaría su salida definitiva, hace unos días, este 2025.

Guinea: una historia de puñaladas

El legado de Amílcal Cabral

Camarada Ana María,

Con gran pesar por no haber podido verte, te pido que aceptes este pequeño recuerdo para tu hermoso hijo, compañero inocente de esta dura pero gloriosa lucha al servicio de nuestro gran Partido, por el progreso de nuestro pueblo.

Nuevos soles fecundarán nuevas etapas.

Amílcal

Esta carta de Amílcal Cabral data de 1966. Forma parte de un libro que recoge las misivas que le enviaba Cabral a su esposa Ana María (Cartas de Amílcal Cabral a Ana María: Entre mim e ti, aconteceu Amor). Fue uno de los líderes anticoloniales más influyentes del siglo XX, fundador del PAIGC y principal arquitecto de la independencia de Guinea Bisáu y Cabo Verde frente a Portugal.

La historia de Bisáu -así como la de tantos otros países del continente africano- nace de la lucha armada frente a un pasado -aún muy presente- colonial. Es a partir de la independencia cuando comienzan a moverse las fichas de un tablero internacional que nunca han dejado de hacerlo.

En 1974, tras el reconocimiento oficial de la independencia por parte de Portugal, Guinea Bisáu entra en un período de relativa estabilidad política y reconstrucción institucional. Ese equilibrio inicial no se entiende sin el fuerte apoyo de la Unión Soviética, que da un respaldo tanto ideológico como material. El caso de Cuba es aún más visible: La Habana envió médicos, maestros, ingenieros y asesores militares que se integraron en la construcción del nuevo país.

Esa etapa de estabilidad tutelada duraría poco más de un quinquenio, antes de que estallaran tensiones internas que culminarían en el golpe de Estado de João Bernardo “Nino” Vieira en 1980. Se terminarían de fraguar con la caída de la URSS en el año 1991. Se abre entonces una grave crisis política y económica que termina derivando en una Guerra Civil.

La familia de los Vieira

El nombre de João Bernardo “Nino” Vieira es importante para explicar muchas de los problemas de Guinea Bisáu en la actualidad. Lo analiza bien Juan Torregrosa Rodríguez en Africa Mundi en Guinea Bisáu, el narcoestado africano que es la puerta de la droga entre América y Europa. Torregrosa asegura que Nino Vieira vio el narcotráfico como un “motor económico personal y nacional” y aporta datos: en 2008, el coste de una tonelada de cocaína procedente de Guinea con destino Europa tenía un valor de 60 millones de dólares, lo que equivalía a un 6,5% del PIB local.

A partir de los años 2000, diversos informes policiales, de inteligencia, de la ONU, de Estados Unidos y medios internacionales comienzan a alertar sobre Guinea Bisáu como centro de tránsito de cocaína conectando Sudamérica, África Occidental y Europa. De hecho, diversos analistas calificaron el país entonces como una “narco-república”. Años más tarde, en 2009, Vieira, siendo presidente, fue asesinado -y veinticuatro horas antes, corrió la misma suerte el primer ministro-.

Su apellido -Vieira- nos coloca en 2025. El sobrino de Nino Vieira, que lleva su mismo nombre João Bernardo Vieira, ha asumido en el gobierno de transición actual la dirección del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Internacional y Comunidades.

Vieira (actual), a sus 48 años, se presentó a los comicios del pasado 23 de noviembre como candidato independiente. De hecho, entre sus propuestas destacaba la creación de una Comisión Nacional de Reconciliación. El mundo de la política no es nuevo para él: fue secretario de Estado de Transportes y Comunicaciones entre 2014 y 2016. Ahora, su papel en el nuevo ejecutivo es clave para tratar de mejorar una imagen internacional muy dañada.

Guinea Bisáu, el narcoestado africano

El papel real de la UA y la CEDEAO

El golpe de Estado de hace escasos días ha sido recibido con rechazo absoluto -y preocupación- desde todas las instituciones internacionales. Tanto la Unión Africana como la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) han lamentado lo ocurrido y han suspendido al país -a modo de sanción- de sus estructuras ejecutivas. Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, ha pedido a las autoridades militares que respeten y protejan los derechos humanos. En la misma línea desde la Unión Europea y desde España han llamado “a la calma, al diálogo y al respeto de las normas democráticas y constitucionales del país”.

Es importante reseñar que este golpe militar, dentro de Bisáu, ha sido visto con cierto pesimismo desde dentro -entre la propia población-. Cansancio. Fatiga. A diferencia de otros perpetrados en la región como en Burkina Faso -por citar sólo un ejemplo-, en donde la población salió a las calles a celebrar el movimiento militar. Las circunstancias también son muy diferentes. Se trata de un golpe que algunos sectores lo ven como una farsa. El propio primer ministro de Senegal, Ousmane Sonko, lo calificaba como tal en el Parlamento el pasado viernes 28 de noviembre.

A pesar de que sigue en el aire la autoría y las responsabilidades de quién está detrás, la realidad es que el presidente saliente Umaro Sissoco Embaló, según las últimas informaciones, se encuentra ya en la República del Congo, después de haber salido del país, tras un breve paso por Senegal. De hecho, fue el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, en coordinación con la CEDEAO, los que fletaron un avión para iniciar el periplo de Embaló en busca de asilo.

En las próximas horas -o días- se espera que llegue a Guinea Bisáu una delegación de la CEDEAO para negociar y ejercer presión diplomática. Unas circunstancias de este tipo no son nuevas. En octubre de 2016, se firmó lo que se conoce como “Acuerdo de Conakry”. El país atravesaba una crisis política profunda: el presidente José Mário Vaz y el primer ministro Domingos Simões Pereira llevaban más de un año enfrentados -con el Parlamento estaba bloqueado-. Ante el riesgo de colapso, la CEDEAO intervino. Se pactó la formación de un gobierno inclusivo, respeto a la Constitución y seguimiento continuo de la CEDEAO.

Un acuerdo que, a juicio de muchos, fracasó. Entre 2015 y 2018 han habido hasta ocho cambios de primer ministro en el país. A finales de 2019, se produjeron elecciones presidenciales y Umaro Sissoco Embaló -tras sendos recursos contra los resultados por parte del PAIGC-, en febrero de 2020 fue proclamado ganador de las elecciones.

La eterna maldición de los recursos

El principal producto de exportación de Guinea Bisáu es el anacardo y se sitúa algo por encima de las 150.000 toneladas. El destino principal es la India. Se estima que la agricultura abarca el 44% del PIB local. Aunque, en los últimos años, se han sentado en la mesa nuevos actores.

Bisáu es un país rico en recursos, concretamente de bauxita en el sur -así como petróleo-. Estos recursos, actualmente, no están siendo explotados en gran magnitud. La bauxita es una roca sedimentaria rica en aluminio -se considera, el principal mineral del que se extrae aluminio a nivel mundial-. Un ejemplo es Guinea Conakry -con el que hace frontera-, considerado como uno de los mayores exportadores.

Años después de la independencia del país, Angola comenzó a establecer lazos muy estrechos de cooperación con Bisáu. Tanto desde el punto de vista militar, como en el desarrollo de proyectos que permitieran la exportación de productos de este tipo. La inestabilidad marcó las relaciones y nunca -a pesar de vaivenes- terminó de fraguar. Es entonces cuando entra Rusia, a través de empresas como Russal.

Durante el mandato de Embaló, visitaron Moscú hasta en cuatro ocasiones. La última en febrero de este mismo año. El anterior jefe de la diplomacia y actual ministro de justicia -con el gobierno de transición- Carlos Pinto Pereira, aseguró que se estrecharon grandes lazos en la última visita: formación del personal de seguridad, suministro de equipamiento militar y la posibilidad de trabajar en proyectos energéticos.

En definitiva, Guinea Bisáu es un país al que hay que seguir la pista. Un lugar que nunca termina de asentarse, marcado por la fragilidad institucional, y donde está claro que la estabilidad, al menos por ahora, es un paréntesis.

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La salida de Mali del G5 Sahel en 2022 y la retirada definitiva de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) a finales de 2023 marcaron un punto de inflexión para el país. Con el fin de la principal presencia internacional de estabilización y el giro político-militar de la junta de transición, Mali ha quedado cada vez más aislado en términos diplomáticos, cerrando espacios de cooperación y apostando por alianzas bilaterales mucho más opacas.

En este vacío, la llegada y consolidación del grupo de seguridad ruso Wagner, rebautizado hoy bajo nuevas estructuras, pero operativo sobre el terreno, ha reforzado una lógica centrada en operaciones ofensivas de corto alcance, sin un proyecto político o institucional sólido detrás. Este cambio ha debilitado aún más la capacidad del Estado para proyectar autoridad en el territorio y ha abierto la puerta a la expansión de actores armados no estatales.

Entre ellos, Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), coalición afiliada a Al Qaeda en el Sahel, ha sido el gran beneficiado. Desde 2020 ha ampliado significativamente su implantación en las regiones rurales de Tombuctú, Douentza, las afueras de Segú y Sikasso, donde la presencia estatal es prácticamente inexistente. Sin embargo, en los últimos días la atención internacional se ha centrado no en estas zonas periféricas, sino en las proximidades de Bamako. JNIM ha impuesto un bloqueo de combustible que afecta directamente a la capital, generando alarma y sorprendiendo a quienes consideraban que la amenaza yihadista había perdido intensidad.

Ante esta situación, la pregunta clave es inevitable: ¿debemos tratar las capacidades actuales de JNIM como una amenaza estratégica?

La narrativa dominante suele presentar al grupo únicamente como un actor terrorista, cuyo objetivo es la violencia indiscriminada. No obstante, un análisis más detenido sugiere que su influencia va mucho más allá de lo militar, cuestionando la autoridad del Estado y reconfigurando el orden local en amplias zonas del país.

¿Qué es el JNIM?

JNIM nació en marzo de 2017 bajo el liderazgo de Iyad Ag Ghali, integrando a facciones vinculadas a Al Qaeda en el Magreb Islámico, Ansar Eddine y Al Mourabitoun. Desde entonces se ha consolidado como la principal plataforma yihadista del Sahel occidental, organizándose en varias zonas de operaciones en el norte y centro de Mali.

Su rechazo frontal a la presencia occidental lo situó en confrontación directa con MINUSMA y con la operación francesa Barkhane, que concluyó en 2022. Durante la última década, más de 300 cascos azules han muerto en ataques atribuidos al grupo, evidenciando su capacidad para erosionar misiones internacionales.

¿Qué entendemos por “amenaza”?

El término se utiliza con frecuencia de forma vaga en el debate público, reforzando enfoques securitarios que justifican respuestas exclusivamente militares. La literatura de la seguridad crítica ya advertía que el concepto de amenaza es inherentemente multidimensional y no puede reducirse únicamente al plano militar. Para evitar esa simplificación, es necesario analizar la amenaza a través de cuatro dimensiones:

1. Capacidad militar: habilidad para realizar ataques, causar daño, mantener logística y resistir operaciones estatales.

2. Control territorial y gobernanza: capacidad de ejercer autoridad práctica sobre espacios y poblaciones, proporcionando servicios, imponiendo normas y regulando actividades.

3. Legitimidad social: aceptación, tolerancia o dependencia por parte de comunidades locales, ya sea por afinidad ideológica, necesidad o ausencia estatal.

4. Proyección regional: posibilidad de expandirse geográficamente o influir en dinámicas más allá del territorio inmediato.

Este marco permite evaluar a JNIM de forma más precisa, alejándonos de interpretaciones mediáticas o políticas.

Capacidades actuales de JNIM

1. Capacidad militar: limitada pero eficaz

JNIM no dispone de capacidades convencionales significativas. Su fuerza no reside en la ocupación de ciudades ni en el enfrentamiento directo con fuerzas regulares.

Sino que su eficacia se basa en emboscadas y ataques con artefactos explosivos improvisados (IED), operaciones móviles y conocimiento del terreno. Su estructura descentralizada asegura la resiliencia y la capacidad continua de reclutamiento, especialmente en áreas rurales marginadas. Este tipo de guerra de desgaste dificulta la respuesta estatal y mantiene al grupo operativo incluso tras ofensivas militares.

2. Control territorial funcional

Más allá de ataques puntuales, JNIM ha logrado establecer control funcional sobre corredores rurales estratégicos en el centro de Mali. En estas zonas, el grupo ejerce una autoridad práctica imponiendo impuestos, aplicando la justicia islámica y garantizando la libertad de movimiento a cambio de lealtad o tributo. Aunque no se trate de un control absoluto, su autoridad es suficiente para limitar el acceso estatal, regular la vida cotidiana y asegurar su influencia.

3. Gobernanza insurgente

Este es quizá el aspecto más determinante de su consolidación. En muchas áreas, JNIM arbitra disputas locales, regula la violencia intercomunitaria, establece normas de seguridad y controla las rutas comerciales. En contextos marcados por el abandono estatal y los abusos militares, esta gobernanza, coercitiva y excluyente, puede percibirse como una fuente de orden y previsibilidad. Esto genera dependencia social, contribuyendo a su legitimidad de facto.

4. Adaptación estratégica

JNIM ha mostrado una notable capacidad para ajustar su estrategia, ya que evita confrontaciones directas con Wagner y las Fuerzas Armadas Malienses, explota los abusos estatales y las violaciones de derechos humanos para su propia propaganda y reclutamiento, y finalmente, establece alianzas pragmáticas con comunidades fulani y otros grupos armados. Esta flexibilidad le permite mantener influencia incluso ante cambios militares y políticos, es decir, esta capacidad de adaptación explica su resiliencia.

¿Supone JNIM una amenaza estratégica?

Aunque JNIM mantiene capacidades militares limitadas en términos convencionales, su principal fortaleza reside en su capacidad para llenar ese vacío de poder. Es decir, para sustituir funciones estatales, consolidar un orden paralelo y arraigarse socialmente. Esto, lo convierten en una amenaza estratégica interna para Mali y la estabilidad regional, pero no representa una amenaza global existencial para Europa.

Las capacidades actuales de JNIM obligan a reconocerlo no solo como un grupo armado violento, sino como un actor que ejerce funciones de gobernanza en zonas donde el Estado está ausente. La amenaza principal del afiliado a Al-Qaeda es estructural e interna, basada en la capacidad de sustituir al Estado y consolidar un orden paralelo.

El bloqueo reciente cerca de Bamako evidencia que el grupo no busca tomar la capital, para lo que carece de capacidades convencionales. Además, el ejército mantiene allí su principal contingente y armamento pesado, lo que haría inviable un asalto urbano.

Pero la presión exterior permite a JNIM enviar un mensaje claro: la junta militar no controla plenamente el territorio ni puede garantizar su seguridad. En un contexto de desconfianza interna y rumores recurrentes de contragolpe, este desgaste político es estratégico.

Tratarlo únicamente como un actor terrorista global conduce a respuestas militarizadas que ya han demostrado ser insuficientes e incluso contraproducentes. Cualquier estrategia efectiva deberá combinar seguridad con reconstrucción institucional y gobernanza rural, abordando las causas que permiten su expansión.

En otras palabras, la pregunta no es solo si JNIM es una amenaza, sino qué tipo de amenaza queremos ver. Reconocer su naturaleza estructural es un paso imprescindible para diseñar respuestas más eficaces y sostenibles.

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En agosto de 2021 acabé en la casa familiar de Samia Suluhu Hassan en Kizimkazi en la paradisíaca isla de Zanzíbar. Era la primera visita de Mama Samia, como le apodan cariñosamente en su país, como presidenta a la isla que le vio nacer y es semi-autónoma de Tanzania, y por allí estaba yo de vacaciones y aproveché para preguntarle a nuestro guía si conocía a la familia. Llevaba seis meses en el cargo desde que asumiera en marzo por la repentina muerte del presidente negacionista John Magufuli y el país experimentaba aires de cambio.

Total, que acabamos dentro de lo que era la comida en una finca con jardín charlando con su madre, que no entendía muy bien ni tampoco hablaba mucho, pero que llegó a decirnos que se la imaginaba de presidenta. Al salir, nosotros libretita en mano, nos vino una mujer con cara de pocos amigos a preguntar qué hacíamos allí, por qué habíamos entrado, quiénes éramos, etc. Nos hicimos los locos y al final nos avisaron: “¿Yo si fuera a tu país podría entrar así como así a la casa del presidente sin que pase nada?”. Evidentemente no, pensé. Disculpas y a otra cosa.

Hoy, cuatro años después, pienso que si llega a ocurrirme este pasado mes de agosto no me hubiesen dejado ir tan fácilmente. No quiero llegar a pensar que me hubiera pasado como al keniano Boniface Mwangi, a quien le arrestaron, colgaron de abajo arriba y abusaron sexualmente, como a su compañera ugandesa Agather Atuhaire.

Ambos abogados activistas acabaron así y expulsados a patadas en la frontera tras exigir sus respectivos gobiernos la repatriación simplemente por asistir al juicio contra el líder opositor Tundu Lissu, que sigue encarcelado acusado de traición. Su caso es el paradigma de cómo Mama Samia abrió primero la mano para luego cerrarla y dar con el puño más fuerte que nunca.

Este 29 de octubre de 2025, Tanzania celebra unas elecciones sin elección, donde Mama Samia será por primera vez elegida presidenta en las urnas sin nada de oposición tras barrerles antes de empezar la votación.

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