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El 25 de abril de 2026 comenzó una de las mayores ofensivas de grupos armados de los últimos 14 años en Mali. Esta ha tenido como objetivo algunas de las principales ciudades clave para el gobierno maliense, como Gao, Kidal, Sévaré, Kati y la propia capital, Bamako.

Por el momento los reportes sobre el estado de dichas ciudades son confusos ya que los enfrentamientos continúan. Sin embargo, se sabe que los grupos armados implicados son el Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes) y el Frente de Liberación de Azawad. Mali, y concretamente su región norteña, es una zona de alta actividad de grupos armados en la que se encuentran milicias de autodefensa, grupos independentistas y grupos yihadistas que han jurado lealtad a Al Qaeda o al Estado Islámico.

Entre ellos existen complejas relaciones de rivalidad, alianzas o enfrentamientos, pero el gobierno de Bamako es uno de sus principales objetivos. La comprensión de la naturaleza de estos dos grupos es clave para entender su estrategia y las perspectivas del desenlace de este ataque.

Desde el año 2023, la escalada militar en el país ha sido notable, con acciones cada vez más agresivas por parte de los grupos armados. Esto se debe en parte a la ruptura de los Acuerdos de Argel que fueron firmados entre el gobierno maliense y los grupos armados y que actuaban como una suerte de precario equilibrio. A su vez, la retirada de misiones como la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) no ayudó a estabilizar la situación. La situación derivó en un conflicto entre todas las facciones que han empeorado la situación securitaria y social de la población y se han traducido en un aumento de los desplazados.

¿Que es el Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM)?

El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, a partir de ahora JNIM, es una alianza de carácter yihadista que se encuentra activa en la zona del Sahel, especialmente en Mali, Níger y Burkina Faso. Se conformó en 2017 a partir de grupos yihadistas de Ansar Dine, Al Qaeda en el Magreb Islámico, Katibat Macina, Al-Mourabitoun bajo el lema “Un solo estandarte, un solo grupo, un solo emir”. La creación de este grupo se da en un contexto de auge del Estado Islámico en Oriente Medio y en el continente africano ya que las actividades del Estado Islámico en África Occidental habían empezado dos años antes y su actividad iba en aumento. Desde ese momento, JNIM ha llevado a cabo numerosos atentados y secuestros en los tres países y ha sido catalogado como organización terrorista por el propio gobierno maliense y actores internacionales como Estados Unidos o la Unión Europea.

Su principal objetivo es la imposición de la sharía, la ley islámica, en los países donde tienen presencia. A su vez buscan la expulsión de presencias extranjeras como misiones de seguridad, que han sido blanco recurrente de sus ataques. Los gobiernos de Mali, Níger y Burkina Faso constituyen uno de sus principales objetivos.

Para lograrlo utilizan la geografía del país y las relaciones con las poblaciones locales a su favor. Esta cuestión es muy importante para entender su rápida expansión y la dificultad para combatirlos, los militantes son población local, por lo que poseen un profundo conocimiento de las zonas desérticas y lazos sociales. Para ello utilizan ataques rápidos contra puestos militares u otras infraestructuras de interés. No se mantienen estáticos en el mismo sitio por lo que su localización se vuelve complicada.

En noviembre de 2025 este grupo realizó un bloqueo a Bamako, la capital del país, en el que se dificultó el acceso a bienes como la gasolina. Esto supuso un golpe para la vida diaria de la población ya que no podía llenar los depósitos de sus vehículos ni alimentar los generadores que proporcionan luz a hogares, escuelas y universidades. El bloqueo se logró neutralizar parcialmente gracias a la colaboración regional que permitió la apertura de rutas comerciales alternativas.

Sin embargo, también poseen debilidades estratégicas como la dependencia de las redes locales, lo que debilita su capacidad de control directo. Si tenemos en cuenta que el JNIM opera a través de unidades más pequeñas llamadas Katibas, el potencial de fragmentación es mayor. A su vez, no poseen grandes infraestructuras ya que se basan en movilidad ligera, recursos locales y la economía ilícita lo que no permite sostener ocupaciones durante demasiado tiempo.

¿Qué es el Frente de Liberación de Azawad (FLA)?

El Frente de Liberación de Azawad, a partir de ahora FLA por sus siglas en castellano, es una organización armada de carácter separatista. Fue fundada en noviembre de 2024 tras la disolución del Marco Estratégico para la Defensa del Pueblo de Azawad por necesidades de reorganización. Este nuevo movimiento agrupa al Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad, el Alto Consejo para la Unidad de Azawad, el Movimiento Árabe de Azawad y milicias de autodefensa Tuareg.

La región de Azawad es un espacio geográfico, político e identitario que abarca la zona del norte de Mali con ciudades como Tombuctú, Gao y Kidal. Esta zona tiene importantes diferencias étnicas, lingüísticas y culturales con el sur con el que ha habido tensiones y revueltas separatistas desde la independencia del país. En 2012 el Movimiento Nacional para la Liberación de Azawad proclama la independencia del Estado de Azawad. Este Estado no fue reconocido internacionalmente y duró muy poco en la práctica. Fue un momento de gran preocupación a nivel continental ya que una parte importante de los países africanos posee movimientos independentistas y las acciones del Azawad podía sentar un precedente.

La pérdida del control del norte del país por parte del Gobierno de Bamako fue lo que llevó al despliegue de la operación francesa Serval que fue acompañada por la Misión de Apoyo a Mali en la que participaron fuerzas africanas.

Los principales objetivos del FLA son la autodeterminación de Azawad como un Estado independiente, ejercer el control político y administrativo del territorio y lograr el reconocimiento internacional. Debido a sus objetivos, la relación con el gobierno maliense es de rechazo y la situación ha empeorado en los últimos años. Las principales estrategias que utilizan se basan en la movilidad en un entorno que dominan y el control de las principales localidades que actúan como conexiones entre el territorio. Sin embargo también se enfrentan a limitaciones estratégicas como la fragmentación interna ya que el FLA integra a una gran cantidad de grupos por lo que es complicado ponerse de acuerdo y la competencia con otros grupos armados, especialmente yihadistas, pero con los que a su vez puede haber alianzas puntuales contra el gobierno maliense.

Mali se enfrenta a un escenario cada vez más complejo, en el que las hostilidades entre los bandos enfrentados han aumentado y compiten por el control territorial sin que haya un proceso de mediación.

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La muerte del Papa Francisco I ha abierto la puerta a los rumores previos al Cónclave en el que se decidirá el próximo máximo representante de la Iglesia Católica.

La idea de que haya un Papa de África ha saltado las conspiraciones por la profecía del boticario francés Nostradamus que habría vaticinado en el siglo XVI el fin del mundo tras la elección de un Papa negro.

La realidad es que la elección de un Papa africano no sería la primera vez, y probablemente tampoco la primera que fuera negro, aunque no hay ciencia cierta del color de la piel. A lo largo de la historia ha habido tres Papas del continente africano, todos ellos en la época inicial de la Iglesia Católica entre los años 189d.c. y 496d.c.

Todos provenían del el norte de África, que por aquel entonces era un importante centro del cristianismo, y los africanos del norte (como los bereberes y romanos africanos) eran una parte activa de la Iglesia en su época primitiva.

Vamos a conocerles uno por uno.

1. Papa Víctor I (c. 189–199 d.C.)

El primer Papa africano fue Víctor I, que se cree que nació en Leptis Magna, la actual Libia, o Tebessa, entre las actuales Argelia y Túnez.

Cuando ascendió al poder gobernaba ya el Imperio Romano con el emperador Comodo, al que siguió Septimio Severo.

El Papa Víctor I tuvo una función vital en una de las principales fiestas católicas al abogar por unificar en un día la Pascua alrededor de todo el mundo, lo que le generó críticas en Asia donde las iglesias seguían la tradición de cuartodecimanos, pero acabaron uniéndose y por ello se le recuerda como un campeón por la unidad católica.

Además, fue el primer Papa en hablar latín como lengua nativa, en una época en que el griego era común en Roma y defendió la autoridad de Roma sobre otras iglesias locales, un paso importante hacia la centralización de la Iglesia.

2. Papa Melquíades (311–314 d.C.)

El segundo Papa de África tenía ascendencia bereber y su mandato tuvo gran repercusión, ya que fue con él cuando el Imperio Romano bajo el emperador Constantino el Grande legalizó el cristianismo y comenzó a tener el apoyo político.

A pesar de estar solo tres años, gobernaba durante el Edicto de Milán (313), emitido por Constantino y Licinio, que puso fin a las persecuciones contra los cristianos. Además, debido a ello recibió del emperador el Palacio de Letrán, que se convirtió en residencia papal y más tarde en la Basílica de San Juan de Letrán.

El Papa Melquíades presidió el Sínodo de Roma (313) para resolver el cisma donatista, una disputa sobre la validez de los sacramentos administrados por obispos que habían caído durante las persecuciones.

3. Papa Gelasio I (492–496 d.C.)

El tercer y último de los Papas africanos hasta la fecha nació también el norte del continente, con ascendencia romana-africana o bereber, pero creció en Roma.

En su papado, Gelasio I tuvo tensiones con el emperador del Imperio Romano de Oriente, Anastasio I, en Constantinopla, y defendió su autoridad como Papa frente a las intromisiones de este. En su debe está que reafirmó la supremacía papal frente a las pretensiones de control imperial sobre la Iglesia, lo que sentó precedentes para futuros conflictos entre Papas y emperadores.

Para ello, desarrolló el concepto de "dos poderes" (espiritual y temporal), con su famosa carta Duo sunt, donde afirmaba que el poder espiritual del Papa estaba por encima del poder del emperador en asuntos religiosos.

Además, organizó la liturgia romana y dejó escritos teológicos que influyeron en la doctrina católica durante siglos, como en los que incidía en sus esfuerzos en combatir la herejía y promover la unidad cristiana.

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Los indonesios no podían pisar los suelos de mármol ni ver las lujosas lámparas del interior del Gedung Merdeka. Tenían prohibida la entrada: era un edificio reservado para la gente rica de la ciudad de Bandung; es decir, los holandeses que colonizaron el archipiélago durante 350 años hasta 1949.

Hace setenta años, el 18 de abril de 1955, el espacio se abrió, ya con el país independiente, para acoger la primera Conferencia Afroasiática —conocida como la Conferencia de Bandung. En ella se reunieron 29 delegados de naciones asiáticas y africanas para debatir sobre su visión del orden mundial. El evento, en el que no participaron potencias occidentales, supuso el primer paso del Movimiento de los Países No Alineados. Allí, condenaron el racismo y segregacionismo, al mismo tiempo que pactaron que aquello que los unía era la lucha contra el imperialismo y no las similitudes raciales o culturales.

¿Quién la organizó y quiénes participaron?

Los organizadores fueron cinco países asiáticos: India, Indonesia, Pakistán, Ceilán (hoy Sri Lanka) y Birmania (Myanmar). Tanto el primer ministro indio en 1955, Jawaharlal Nehru, como el presidente indonesio Sukarno asumieron un gran protagonismo.

De hecho, estos cinco países sentaron los precedentes en dos reuniones anteriores. La Conferencia de Colombo fue celebrada en abril de 1954 y allí ya empezaron a discutir sobre descolonización en el contexto de la guerra de Indochina. Se los conoció como los Cinco de Colombo. Estos mismos se reunieron en Bogor (Indonesia) en diciembre de ese año para planificar la primera conferencia afroasiática de la historia.

En Bandung se reunieron además las siguientes naciones asiáticas: Afganistán, Arabia Saudí, Camboya, República Popular de China, Filipinas, Irán, Irak, Japón, Jordania, Laos, Líbano, Nepal, Siria, Tailandia, Turquía, Estado de Vietnam (Vietnam del Sur), la República Democrática de Vietnam (Vietnam del Norte) y Yemen. Mientras que, por otro lado, los representantes de África fueron Egipto, Etiopía, Costa de Oro (hoy Ghana), Liberia, Libia y Sudán.

Surgimiento de la conferencia: qué pasaba en el mundo y por qué surgió

Era el tiempo de la descolonización. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) había terminado hace una década. En cascada, antes de la reunión, varias colonias habían obtenido su independencia: Indonesia en 1945, aunque no fue reconocida hasta 1949; India en 1947; Sri Lanka en 1948; China en 1949, entre otras.

Estos nuevos Estados buscaban reforzar su papel como actores independientes en el escenario internacional: mostrar al mundo que tenían cosas que decir. Al tiempo de su celebración, la población unida de las naciones participantes era de unos 1.500 millones de personas: representaban algo más del 50% de la población mundial. Hoy esas naciones también asumen más de la mitad de las personas del planeta, con unos 4.500 millones de habitantes.

Los países vinieron a decir: somos tantos y hablamos tan poco. Algo que ya dijo Sartre en el prólogo de Los Condenados de la Tierra de Fanon: “No hace mucho tiempo, la tierra estaba poblada por dos mil millones de habitantes, es decir, quinientos millones de hombres y mil quinientos millones de indígenas. Los primeros disponían del Verbo, los otros lo tomaban prestado”.

La mayoría de los territorios en África seguían luchando por su libertad. La idea era más bien tratar de incitar a los pueblos oprimidos para que alzaran la voz y lanzar un mecanismo de presión a las fuerzas colonizadoras para que dejaran de ejercer su poder.

En Bandung se fijó la idea del Tercer Mundo en el imaginario político mundial. Y dos potencias marcaron una fuerte influencia en el desarrollo de la reunión, pues ocurrió en plena Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética luchaban por el poder total y las naciones del sur global se vieron presionadas por elegir uno de los bandos. Según Kevin Ochieng Okoth, autor de África Roja: “Bandung envió un mensaje claro a las dos superpotencias: los nacionalistas del Tercer Mundo tenían su propia ideología política, que no podía reducirse ni al capitalismo ni al comunismo soviético”.

Los nuevos países no querían ser satélites, pero a la vez no querían ser olvidados y silenciados. En la búsqueda de ese equilibrio se movieron las potencias en Bandung.

¿Qué se decidió en Bandung y qué significó?

No había un objetivo concreto, como sí ocurrió en algunas conferencias que buscaban conseguir un acuerdo de paz. Badung, en cambio, buscó construir una idea. Por ello, se debatieron los medios para lograr una cooperación económica, cultural y política más plena, como reza su comunicado final. En resumen, se expresaba un sentimiento de solidaridad y apoyo mutuo entre estos países. Esta conferencia se identifica como el punto en el que comenzaron las relaciones África-China modernas (también se suele situar como el inicio al muy lejano en el tiempo, pero relevante viaje del almirante Zheng He a la denominada costa suajili africana en el siglo XV).

Es también por esta razón por la que se habla del “espíritu de Bandung”. Una especie de imaginario colectivo, que incluye esa idea del Tercer Mundo y que derivó en el Movimiento de Países No Alineados (este último se concretaría en la Conferencia de Belgrado en 1961).

Aun así, se pactaron algunas líneas políticas. Lo primero que fijaron es que los países africanos y asiáticos estaban unidos por su rechazo al colonialismo y no por sus similitudes raciales y culturales.

En cuanto a la cooperación económica, entre otras medidas: se pactó la urgencia por promover el desarrollo económico en la región asiático-africana; se acordó prestarse asistencia técnica mutua, ya sea con expertos, personal en prácticas o creación de institutos de formación; se recomendó crear el Fondo Especial de las Naciones Unidas para el Desarrollo Económico y se reconoció la necesidad de estabilizar el comercio de productos básicos en la región.

Estaban convencidos de que uno de los medios más poderosos para promover el entendimiento entre las naciones era a través de la cooperación cultural. Se pactó renovar los antiguos contactos culturales entre los pueblos de Asia y África, condenar el “racismo como medio de supresión cultural” e incentivar el intercambio de información.

Además, las naciones acordaron aceptar los Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica: el respeto a la integridad territorial de cada país y la soberanía; la no agresión; la no injerencia en los asuntos de otros Estados; la igualdad y beneficio mutuo y la coexistencia pacífica. Estos eran los principios de las relaciones exteriores chinas que se habían pactado en el acuerdo chino-indio de 1954.

Zhou Enlai, primer ministro chino, quiso aclarar que China buscaba unidad y no pelear, así como enfatizar “la necesidad de buscar puntos en común manteniendo las diferencias”. “Nosotros, países de Asia y África, estamos todos atrasados económica y culturalmente. ¿Por qué no podemos entendernos entre nosotros y cooperar de manera amistosa?”.

Giro ideológico: la interpretación de Occidente

El día que comenzó la conferencia, el New York Times llevaba el tema en portada y, en sus páginas interiores, introdujo una viñeta.

En ella: una persona, caracterizada como los pueblos asiáticos y africanos, es lanzada desde el “colonialismo” al infierno del “comunismo”, bajo las órdenes de otro personaje representado como la “China roja”. El mensaje era claro por parte de las potencias occidentales: las naciones que colonizamos van a ser tentadas por el comunismo. Por tanto, vieron la cita como un giro ideológico a la izquierda de la región: es decir, una amenaza.

En la conferencia también se discutió sobre esta cuestión, pues dentro de los participantes había delegados más pro-occidentales que otros. Por ejemplo, los líderes de Pakistán, Filipinas, Tailandia, Libia, Turquía y Vietnam del Sur expresaron abiertamente sus “sentimientos anticomunistas”. Y se abordó el tema de considerar a la Unión Soviética como un actor colonizador, mencionados por primera vez por el representante de Irán, o por el de Irak, que dijo que las naciones afroasiáticas recién independizadas estaban en peligro de caer bajo su dominio. Incluso el Príncipe Wan Waithayakon de Tailandia se atrevió a acusar abiertamente a China de dar refugio al líder izquierdista tailandés Pridi Panomyang. Pero Zhou Enlai tuvo un “tono conciliador”, lo que facilitó las conversaciones y llegar a acuerdos sobre las líneas generales políticas.

Fin del espíritu de Bandung

Después de la conferencia, el espíritu de Bandung tuvo su época de mayor florecimiento. Sobre todo en África, ya que a partir de esta se generaron otras conferencias como la Conferencia Panafricana de los Pueblos celebrada en Accra (Ghana), debido a la poca asistencia de naciones africanas en Bandung. Además, a partir de 1960 se dieron la mayoría de las independencias africanas. También ello propició el auge del internacionalismo negro y del panafricanismo. Incluso llegó a los campus estadounidenses en los setenta: en Berkeley, en la Universidad de California, unos estudiantes formaron el Frente de Liberación del Tercer Mundo.

Pero sobre 1975, esta idea fue diluyéndose. Tras el golpe de Estado de Pinochet en Chile en 1973, auspiciado por Estados Unidos, Washington empezó a promover la doctrina económica neoliberal en el sur global. Concretamente, la crisis del petróleo de ese año afectó mucho a los países que no formaban parte de la OPEC, los cuales tuvieron que recurrir a los préstamos –acompañados de condiciones– del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que estaban controlados por Estados Unidos.

Además, en África, muchos líderes revolucionarios, lo que era la burguesía nacional que había dirigido la liberación, habían sido depuestos y asesinados en colaboración con potencias occidentales (como Patrice Lumumba en la República Democrática del Congo). Y surgió otra élite más alejada de las aspiraciones políticas de la población.

“Las naciones de Bandung pecaron de ingenuidad al creer que el orden internacional estaría dispuesto a acomodar las demandas de estos nuevos proyectos nacionales burgueses”, dijo el economista egipcio Samir Amin. El nacionalismo anticolonial se oponía a los objetivos del neoliberalismo, que estaba diseñado para reforzar el control imperialista del Tercer Mundo. En esta época, los gobiernos occidentales toleraron regímenes antidemocráticos del sur global. Entonces, la idea de de cohesión social basada en puntos raciales o étnicos volvió al primer plano en detrimento del vínculo anticolonial ideado en Bandung y en los proyectos que salieron de dicha reunión.

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¿Sabías aún existen los piratas? Y no, no tienen loros, ni calaveras, ni garfios. Y tampoco viven en el Caribe. De hecho, gran parte de los ataques se encuentran en África Occidental y Oriental. Cuando pensamos en piratas, es fácil que nos vengan a la mente películas como Capitán Phillips o Piratas del Caribe. Sin embargo, la piratería actual no es una simple ficción de Hollywood ni algo del pasado: es una crisis que afecta a la estabilidad y el desarrollo de muchas regiones. Pero, ¿qué es la piratería?

El término peiratès, popularizado en la época helenística, deriva de peiraô, que significa “probar” o “intentar”, y describe a alguien audaz y desafiante de las normas. Sin embargo, la piratería es mucho más antigua y peligrosa de lo que el romanticismo histórico sugiere.

Según el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, la piratería marítima es “todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos: (i) contra un buque o una aeronave en alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos; (ii) contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado”.

La piratería no solo amenaza a las comunidades costeras, sino también al comercio internacional, ya que más del 80% del comercio mundial se transporta por mar. Sus raíces se encuentran en problemas profundos y complejos, como la pobreza extrema, el desempleo crónico y el colapso de los Estados, factores que crean un entorno propicio para que estas actividades ilícitas prosperen.

Piratería en África: de Somalia al Golfo de Guinea

La piratería marítima en África ha cambiado de enfoque geográfico con el tiempo, desplazándose desde Somalia hacia el Golfo de Guinea, que en 2021 concentró la mitad de los secuestros a nivel mundial.

En los años noventa, Somalia se convirtió en un foco de piratería tras la caída del dictador Mohamed Siad Barre. En un contexto de Estado fallido, la piratería se organizó cada vez más, afectando rutas comerciales clave como el canal de Suez, el sur y sudeste asiático y el Cabo de Buena Esperanza, lo que impactó severamente el suministro energético y la estabilidad de la región.

Los ataques, motivados principalmente por el rescate económico, se intensificaron en áreas como el Golfo de Guinea en estos últimos años, donde la ausencia de marinas locales efectivas dejó estas aguas vulnerables. Sin embargo, los esfuerzos internacionales en seguridad marítima han logrado reducir significativamente los incidentes en el continente africano.

Aunque en el último año se registró el menor número de ataques desde 1994, la violencia de los incidentes ha aumentado, y Somalia, tras varios años de relativa calma, ha vuelto a reportar actividad pirata.

¿Cuál es el modus operandi?

La piratería ha evolucionado significativamente en su forma de actuar. Lo que solía ser el saqueo de mercancías a bordo de los barcos ha dado paso al secuestro de tripulantes, quienes son tomados como rehenes para exigir un rescate y cada vez son más violentos.

Para contrarrestar estas amenazas, se han implementado innovadoras medidas de seguridad, como las denominadas habitaciones del pánico. Estas habitaciones están construidas con materiales avanzados, como cristales ultraligeros y resistentes, que actúan como barrera física entre los atacantes y los tripulantes. Además, permiten manejar la embarcación desde su interior y mantienen la capacidad de comunicarse con el exterior, lo que es esencial para solicitar ayuda o coordinar una respuesta ante la amenaza. A su vez, las habitaciones cuentan con reservas de alimentos y agua suficientes para varios días.

La implementación de estas medidas ha demostrado ser efectiva en la mayoría de los casos, siempre y cuando vayan acompañadas de otras medidas preventivas. Sin embargo, los piratas también han aprendido a adaptarse. Un claro ejemplo de esto ocurrió en el ataque a la embarcación MV Mozart, cerca de Santo Tomé, cuando los piratas lograron ingresar a la habitación del pánico utilizando explosivos. En este ataque, quince tripulantes fueron secuestrados y uno de ellos murió.

Este incidente subraya que, a pesar de los avances en seguridad, los ataques continúan evolucionando, lo que mantiene a la industria en constante alerta. A pesar de que se hayan tomado más medidas de seguridad y se haya invertido en guardias costeras, los piratas se han desplazado mar adentro y han adoptado otras formas de atacar las embarcaciones.

La lucha contra la piratería: cooperación regional e internacional

La cooperación internacional y regional ha sido fundamental en la lucha contra la piratería en el Golfo de Guinea y en Somalia. A través de diversas iniciativas conjuntas, los países de estas regiones han logrado reducir significativamente las amenazas marítimas y fortalecer la seguridad en sus aguas. Un ejemplo destacado es la Operación Atalanta en Somalia, liderada por la Unión Europea desde 2008, que ha servido como modelo de referencia para misiones de seguridad marítima a nivel global. Esta operación se centra en la seguridad de las aguas internacionales, con objetivos como la disuasión de la piratería y los asaltos armados, así como el respaldo al sector marítimo, garantizando la libertad de navegación y el comercio. Gracias a su enfoque cooperativo, ha sido clave para estabilizar la región, protegiendo a los buques de la piratería y ofreciendo un marco efectivo de colaboración entre diversas fuerzas internacionales.

Por otro lado, la Cumbre de Yaoundé, celebrada en junio de 2013, marcó un hito en la cooperación regional, reuniendo a los jefes de Estado y Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), Comunidad Económica de los Estados de África Central (CEEAC) y la Comisión del Golfo de Guinea para abordar la seguridad marítima en la región. Durante el evento, se adoptaron estrategias clave para combatir la piratería y actividades ilícitas en el Golfo de Guinea, y se creó un Centro de Coordinación Interregional en Camerún. Esta cumbre reflejó un compromiso sólido por parte de los países africanos para fortalecer sus capacidades y enfrentar de manera efectiva las amenazas a la navegación en el Golfo de Guinea.

Sin embargo, para alcanzar una solución integral y duradera, es necesario abordar las causas subyacentes de la piratería. Esto implica mejorar las oportunidades económicas, fortalecer la industria naval y fomentar sectores como la pesca y otros, con el fin de crear condiciones económicas sostenibles. Estas iniciativas son esenciales para ofrecer alternativas viables a las comunidades vulnerables, reduciendo así la dependencia de actividades ilícitas y generando estabilidad a largo plazo.

Solo con una cooperación continua y un enfoque integral que combine seguridad y desarrollo económico, se podrá asegurar un futuro más próspero y estable para las regiones del Golfo de Guinea y Somalia, y garantizar la protección de sus rutas comerciales cruciales para el bienestar global.

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En la región de los grandes lagos, Uganda y Ruanda comparten una historia entrelazada marcada por la cooperación, pero también por desacuerdos y conflictos. Desde la formación política del actual líder ruandés Paul Kagame, pasando por la colaboración, hasta un enfriamiento de las relaciones, con enfrentamientos durante la Segunda Guerra del Congo (1998-2003) y tensiones persistentes. Actualmente, ambos países están involucrados en el conflicto del este de la República Democrática del Congo (RDC), ya sea con intervenciones directas en el territorio o mediante el apoyo a grupos armados. ¿Qué ha llevado a Uganda y Ruanda a construir una relación tan compleja?

Inicio de las relaciones

En la década de los 60, Uganda se convirtió en refugio para miles de exiliados tutsis que huían de Ruanda tras la Revolución Hutu. Este acontecimiento marcó un periodo de violencia étnica entre los miembros de la monarquía tutsi, apoyada por Bélgica, que se encontraban en el poder por aquel entonces, y los hutus quienes, tras décadas de marginalización y desprecio a manos de la monarquía tutsi promovida por las potencias colonizadoras europeas (primero Alemania y más tarde Bélgica), buscaban provocar un cambio de poder e instaurar una república independiente dominada por los hutus.

En 1962, los hutus lograron tomar el control del país y, al mismo tiempo, consiguieron la independencia de Bélgica. Esto condujo a la marginación y persecución de la minoría tutsi, que había sido favorecida durante el periodo colonial. Uno de los refugiados tutsi que se exiló en Uganda junto con su familia era Paul Kagame, quien, décadas después, se convertiría en una figura clave, con un protagonismo que perdura hasta el día de hoy.

Por qué Ruanda invade el Congo

Colaboración y apoyo mutuo entre Kagame y Museveni

Durante su estancia en Uganda, Kagame estrechó lazos con Yoweri Museveni ―actual presidente ugandés― quien por aquel entonces lideraba el Ejército de Resistencia Nacional (NRA). La relación entre ambos surgió en el contexto de la guerra civil ugandesa, que estalló después del golpe de Estado de 1980, el cual derrocó al gobierno de Milton Obote. En ese momento, el NRA se encontraba enfrascado en una lucha contra el régimen y otros grupos militares. Kagame se había unido al grupo militar a finales de los 70, participando activamente en la guerra. Este conflicto terminó con la toma del poder de Museveni en 1986, Kagame fue entonces nombrado jefe de la inteligencia militar del NRA, consolidándose en el aparato militar ugandés, y ganándose la reputación de ser no solo un aliado cercano del nuevo presidente, sino también un guerrillero comprometido.

No obstante, el principal objetivo de Kagame era volver a su país natal, Ruanda. Por ello, junto con Fred Rwigyema, un amigo, desempeñaron un papel decisivo en la creación del Frente Patriótico Ruandés (FPR) en 1987, recurriendo principalmente a soldados ruandeses tutsis que habían luchado junto a él en el NRA. En 1990, una vez consolidado su poder en Uganda, Museveni brindó apoyo militar y diplomático clave a la incursión del FPR en Ruanda, que buscaban arrebatar el poder al régimen prohutu del presidente Juvénal Habyarimana, lo que desencadenó la Guerra Civil Ruandesa y, eventualmente, en el genocidio de 1994. Esta lucha culminó con la caída del gobierno genocida hutu y el ascenso al poder de Kagame.

En este momento, a pesar de las similitudes en sus objetivos, las relaciones entre Museveni y Kagame comenzaron a mostrar grietas a medida que las ambiciones personales y las dinámicas de poder en la región se intensificaron. A pesar de estas tensiones, el apoyo de Museveni al FPR fue crucial para la victoria del grupo.

Enfriamiento y desconfianza

Con la victoria del FPR, Kagame asumió un papel central en el nuevo gobierno ruandés. Sin embargo, su éxito y su enfoque cada vez más independiente pronto generó fricciones con Museveni, especialmente cuando ambos países comenzaron a competir por la influencia en la región de los Grandes Lagos, particularmente en la República Democrática del Congo (RDC).

¿Qué es el M23?

A pesar del paulatino distanciamiento entre ambos líderes, en 1996 ambos países colaboraron estrechamente para derrocar al régimen de Mobutu Sese Seko en la RDC, durante la Primera Guerra del Congo. Sin embargo, los primeros indicios del deterioro de su relación se produjeron no mucho tiempo más tarde, en 1999, durante la Segunda Guerra del Congo, cuando sus ejércitos se enfrentaron en la ciudad de Kisangani, al este de la RDC. El conflicto estalló a raíz de los desacuerdos sobre la estrategia para derrocar al líder Laurent Kabila, a quien ambos países habían ayudado a ascender al poder en 1997. En el año 2000, Uganda declaró oficialmente a Ruanda como un estado hostil, desplegando personal en los puntos fronterizos en previsión de posibles ataques.

Durante los siguientes años, las tensiones entre Uganda y Ruanda fueron alimentadas por acusaciones mutuas de operaciones encubiertas de contraespionaje y espionaje, así como por el apoyo a grupos rebeldes en la RDC. Museveni acusó a Kagame de respaldar al grupo rebelde M23, mientras que Ruanda señaló a Uganda por apoyar a rebeldes hutus en la RDC. Esta creciente desconfianza alcanzó su punto álgido en 2019, cuando Ruanda cerró temporalmente su frontera con Uganda, acusando a Uganda de albergar a opositores políticos de Kagame, como el Congreso Nacional Ruandés (RNC) y Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).

Intentos de reconciliación y la intervención en la RDC

A pesar de la desconfianza entre Kigali y Kampala, en 2022 ambos países intentaron mejorar sus relaciones con la reapertura de la frontera y llevaron a cabo esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones. Los renovados acuerdos de cooperación, firmados durante una reunión de la 11ª Comisión Mixta Permanente, abarcan la justicia y el constitucionalismo, la asistencia jurídica mutua, las consultas diplomáticas y políticas y las cuestiones migratorias. Las relaciones entre ambas naciones se extienden hasta 2025, año en el que el ejército ugandés ha llevado a cabo una incursión en el municipio de Mahagi, parte de la provincia de Ituri, cercana a las de Kivu. La intervención ha sido justificada por el país como necesaria para combatir grupos armados en el este del país, como la Cooperativa para el desarrollo del Congo (CODECO). No obstante, no es la primera vez que Kampala interviene en su país vecino. En 2021 el ejército ugandés lanzó la Operación Shujaa en la que participaron los ejércitos ugandés y congoleño contra los rebeldes ugandeses de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF).

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El pasado 20 de enero de 2025, Tanzania declaró un nuevo brote de virus de Marburgo en su país tras confirmar un caso e identificar otros 25 sospechosos, concretamente en el distrito de Biharamulo, en la región de Kagera al noroeste del territorio. Esta declaración se produjo una semana después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) notificara un nuevo presunto brote con nueve casos sospechosos de estar infectados con el virus, ocho de ellos mortales (siendo la tasa de letalidad del 89%).  Este nuevo brote supone el segundo encuentro del país con el mortífero virus, tras el sufrido en el distrito de Bukoba, en la región de Kagera, en marzo de 2023, que se saldó con nueve casos y seis muertes.

A mediados de febrero, el Ministerio de Salud de Tanzania ya había confirmado 2 muertes a causa del virus y otras 8 probables relacionadas, así como 82 sospechosos. La edad mediana de los casos era de 30 años (rango: 1 a 75 años) y la mayoría de los casos (70%) eran mujeres.

A pesar de que la situación se encuentra estabilizada, el virus de Marburgo es altamente peligroso y contagioso con una tasa de mortalidad que oscila entre el 25% y casi el 90%. Pero ¿de dónde surge? Y, ¿cuáles son sus síntomas principales?

Que es el virus y cómo se transmite

El virus de Marburgo es un patógeno extremadamente peligroso que pertenece a la misma familia del Ébola (filovirus). Fue inicialmente detectado en 1967 en Marburgo y Frankfurt en Alemania, estos brotes se asociaron a trabajos de laboratorio con monos verdes africanos importados de Uganda, aunque desde entonces el virus se ha relacionado también con otros animales como murciélagos o cerdos. Posteriormente, se han dado brotes esporádicos en otros países africanos como Angola, la República Democrática del Congo o Guinea Ecuatorial entre otros.

El virus presenta una sintomatología compleja y semejante a la del ébola, causando vómitos diarrea, fiebre e incluso sangrados en etapas más avanzadas de la enfermedad. El periodo de incubación varía en un intervalo de 2 a 21 días, aunque en la mayoría de ocasiones, los primeros síntomas empiezan a ser visibles a partir de las 48 horas tras la infección. 

El Rousettus aegyptiacus, un murciélago frugívoro de la familia Pteropodidae, se considera el portador natural del virus de Marburgo. Inicialmente, la trasmisión a los humanos se produce por la exposición prolongada a minas o cuevas habitadas por colonias de estos murciélagos. Una vez se ha propagado a los humanos, el virus se transmite de persona a persona por contacto directo con fluidos corporales o mucosas. Si bien la transmisión entre humanos es prácticamente idéntica en el caso del ébola, los brotes de esta enfermedad están más vinculados con el consumo de carne de animales silvestres en las zonas afectadas o sopa de murciélago, a diferencia del virus de Marburgo.

¿Existe tratamiento? Y ¿Cómo puede ser contenido?

Actualmente no existe un tratamiento específico o vacuna aprobada para lidiar con el virus de Marburgo. La OMS recomienda cuidados intensivos de apoyo temprano, que incluyen cuidados paliativos como la rehidratación y el tratamiento de síntomas específicos.

A pesar de no existir vacuna aprobada contra el virus, varias candidatas se encuentran en fase de ensayos clínicos. Por ejemplo, destaca un proyecto llevado a cabo por el Instituto de Vacunas Sabin de Washington DC, y otra vacuna similar en desarrollo en la Universidad de Oxford. En contraste, sí existen vacunas aprobadas para el Ébola. La primera, rVSV-ZEBOV, fue aprobada en 2019 por Estados Unidos y la Unión Europea, y desempeñó un papel clave en la contención de la epidemia en junio de 2020.

La contención de la enfermedad de Marburgo es posible evitando comer carne de animales silvestres o sopa de murciélago, así como el contacto con cerdos en áreas donde ha habido un brote. Asimismo, las personas contagiadas deben estar en aislamiento, y en el caso de defunción, quienes entierren a personas fallecidas deben tener precauciones.

Algunas de las recomendaciones de Organización Mundial de la Salud para prevenir la expansión del virus incluyen evitar el contacto físico, aislar a las personas confirmadas de contagio y llevar protección para reducir el riesgo de transmisión del murciélago al ser humano ene visitas a minas o cuevas habitadas por murciélagos.

Respuesta sanitaria

El gobierno de Tanzania junto con el Ministerio de Salud ha desarrollado un plan de respuesta rápida contra el brote. Estos organismos han sido apoyados por la OMS, así como por otras entidades como Médicos sin Fronteras. Las principales medidas establecidas consisten en la creación de centros sanitarios para las personas infectadas, así como un rastreo estricto de los contactos. De igual modo, se ha apostado por la detección precoz, la notificación, la investigación del brote, el aislamiento de los casos y el seguimiento durante 21 días.  

Por otro lado, el Gobierno de Tanzania ha optado por un enfoque con varios pilares para gestionar el brote y posibles crisis futuras.  Como por ejemplo: la coordinación entre los diversos actores sanitarios, la vigilancia y monitorización, campañas de comunicación entre la población para informar de los riesgos de la enfermedad e investigación entre otros.

Otros casos

En 2023, Tanzania enfrentó un brote del virus de Marburgo en el distrito de Bukoba, en la región de Kagera que causó la muerte de 6 personas, con una tasa de mortalidad del 67%. El virus de Marburgo también se ha manifestado en otras ocasiones esporádicas en diversos países africanos.

Por ejemplo, en 2024 Ruanda registró 66 contagios y 15 muertes causadas por el virus.  Otros países también han sufrido brotes, como Ghana, Guinea Ecuatorial o Uganda.  Estos casos evidencian la capacidad del virus para emerger y propagarse con rapidez, subrayando la necesidad de una vigilancia epidemiológica constante y del fortalecimiento de los sistemas de salud pública en la región.

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La República Democrática del Congo (RDC) lleva siendo durante años escenario de enfrentamientos entre numerosos grupos armados, cuya presencia ha generado un clima de violencia, inestabilidad y violaciones de derechos humanos, especialmente en la región oriental del país.

Actualmente, se estima que más de 120 milicias y grupos armados operan activamente en el país, concretamente en las provincias de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur y Tanganica, al este de la RDC.

Mientras algunos de estos grupos son de origen local, otros provienen del extranjero, las rivalidades entre ellos están basadas en identidades étnicas, intereses económicos y la manipulación política, lo que agrava el conflicto en la región. A pesar del elevado número de grupos activos, surgen preguntas clave: ¿Cuáles son los más influyentes? ¿Cuáles son las consecuencias de su presencia?

¿De dónde surgen estos grupos y qué factores impulsan el conflicto?

Para entender el origen de los grupos armados en la RDC, es necesario remontarse a la época colonial, momento en el que el país era gobernado bajo un sistema de explotación extrema sin apenas desarrollo institucional ni cohesión nacional. Igualmente, la colonización belga estableció fronteras artificiales que agrupaban a diversas etnias sin tener en cuenta sus diferencias históricas, sembrando las bases de conflictos que se terminarían por materializar décadas más adelante.

Tras la independencia de la RDC en los años 60, el país ha sido víctima de golpes de estado y dictaduras ―como la de Mobutu Sese Seko― así como de corrupción endémica, factores que han impedido la consolidación de un gobierno central fuerte capaz de hacer frente a estos grupos. Además, las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y la policía carecen de recursos y formación adecuada, y en varias ocasiones han sido señaladas por violaciones de derechos humanos. Entre los casos documentados, se incluyen abusos sexuales a más de 52 mujeres en Kivu del Sur, torturas y homicidios arbitrarios, lo que socaba aún más la confianza de la población en las instituciones.

Por otro lado, la influencia extranjera en la RDC es significativa. Diversas potencias han intervenido apoyando a distintas milicias con fines estratégicos y económicos. La explotación y comercialización de los abundantes recursos mineros del país han permitido que tanto actores internos como externos operen con impunidad, exacerbando la violencia y la inestabilidad interna.

¿Qué minerales hay en el Congo?

Estas actividades, han sido fundamentales para la financiación de diversos grupos armados. Por ejemplo, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), se estima que el M23 genera aproximadamente 300,000 dólares mensuales mediante impuestos sobre la producción minera en la zona este de la RDC, permitiéndoles costear sus operaciones militares y consolidar su presencia en la región.

Principales grupos armados

Los grupos armados más influyentes y que han tenido un mayor impacto en la trayectoria histórica de la RDC, especialmente desde el comienzo de este siglo, son: el M23, las FDLR, el ADF, el LRA, el FNL y la CODECO

1. El Movimiento 23 de Marzo (M23) es una milicia tutsi congoleña fundada en 2012 por excombatientes del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), otro grupo rebelde. Esta organización había firmado un acuerdo de paz, según el cual los miembros del grupo tenían la posibilidad de ser incluidos como miembros del ejército y la milicia podría convertirse en un partido político. No obstante, algunos rebeldes del CNDP acusaron al gobierno de Joseph Kabila de no cumplir con lo acordado y fundaron el M23. Tras su creación, el grupo tomó la ciudad de Goma, zona muy rica en minerales cerca de la frontera ruandesa, aunque fue desarmado en 2013 después de la ofensiva. En 2021, el grupo se reactivó, y desde entonces no ha cesado su lucha armada —apoyada por Ruanda— en las zonas estratégicas del este de la RDC. Desde enero de 2025, el M23 ha reanudado con fuerza su ofensiva en las provincias de Kivu del Norte y del Sur, tomando las ciudades de Goma y de Bukavu, causando la muerte de al menos 7000 personas de acuerdo con datos de la ONU. Para conocer más en profundidad al grupo pulsa en el enlace aquí abajo.

   ¿Qué es el M23 y qué rol tiene Ruanda?

2. Las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), es un grupo armado compuesto principalmente por ex miembros de las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR) y las milicias Interahamwe, quienes se refugiaron en la RDC tras su participación en el genocidio de Ruanda en 1994. De acuerdo con la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO), las FDLR son el mayor grupo armado ilegal extranjero que opera en la RDC. Su objetivo “oficial” es utilizar la presión militar para abrir un “diálogo entre ruandeses”, aunque el objetivo implícito de este grupo radica en el derrocamiento del gobierno ruandés de Paul Kagame en Ruanda y devolver al poder a los líderes políticos de etnia hutu. Las FDLR están principalmente activas en el este del país, especialmente en las regiones de Kivu y Katanga, donde su presencia complica las relaciones entre Kinshasa y Kigali. Este último acusa al gobierno de la RDC de no tomar las medidas necesarias para desmantelar el grupo y de apoyar a los rebeldes, mientras que la RDC niega cualquier tipo de vínculo con las FDLR.

3. Las Fuerzas Democráticas Aliadas (FDA), se originaron en los años 90 en la vecina Uganda, aunque rápidamente trasladaron sus operaciones a la RDC, específicamente a la región de Kivu del Norte. La mayoría de sus miembros son islamistas y su agenda inicial abogaba por la creación de un estado islámico en Uganda. Sin embargo, con el tiempo, la organización se fue desviando de sus objetivos originales y comenzó a involucrarse más en actividades criminales, como la extorsión, el secuestro de civiles y el control de recursos naturales en la región. Las Naciones Unidas ha acusado en varias ocasiones a la organización de cometer crímenes contra civiles, y en 2021, las FDA fueron responsables de la muerte de 1.300 personas. Asimismo, el grupo armado mantiene vínculos con el Estado Islámico (ISIS), específicamente desde 2019 cuando el Estado Islámico se atribuyó el mérito de un supuesto atentado cometido por las FDA, por este motivo, en 2021 el departamento de estado de los Estados Unidos designó a las FDA como fuerza terrorista. Actualmente, este grupo armado ha intensificado sus ataques en los centros urbanos y población civil.

4. El Ejército de Resistencia del Señor, internacionalmente conocido por sus siglas en inglés (LRA), fundado en 1987 y está liderado por el ugandés Joseph Kony, es un grupo fundamentalista cristiano conocido por su brutalidad. Aunque sus operaciones principales han tenido lugar en Uganda, el grupo ha extendido sus actividades a través de RDC, Sudán del Sur y la República Centroafricana. La zona noreste congoleña, específicamente en la provincia de Haut-Uele, con densa vegetación y poca infraestructura, se convirtió en un refugio clave para el LRA. A lo largo de su existencia, el grupo ha sido responsable de numerosas atrocidades, incluyendo asesinatos, secuestros, torturas y esclavitud sexual. Las cifras indican que ha causado la muerte de más de 100.000 personas, ha secuestrado entre 60.000 y 100.000 niños y ha provocado el desplazamiento de 2.5 civiles entre 1987 y el 2012. Su líder, Joseph Kony, continúa prófugo desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto en su contra en 2005, se le acusa de 36 cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Actualmente la capacidad del LRA se ha reducido, sin embargo, sigue representando una amenaza en ciertas regiones, llevando a cabo ataques esporádicos y actividades delictivas.

5. El Frente Nacional de Liberación (FNL), conocido en francés como Forces Nationales de Libération, es un grupo rebelde de Burundi. Surgió en 1985 como el brazo armado del Parti pour la Libération du Peuple Hutu (PALIPEHUTU). Tras firmar un acuerdo de paz en septiembre de 2006, ambos grupos se fusionaron para formar únicamente el FNL. Aunque la mayor parte del FNL se integró en el ejército nacional burundés tras las elecciones nacionales de 2010, los remanentes reanudaron las actividades rebeldes, extendiendo su influencia a regiones de la vecina RDC, concretamente a la región de Kivu del Sur donde crearon bases de retaguardia para combatir a las fuerzas armadas burundesas. En 2020, el ejército de la RDC logró capturar uno de los bastiones del FNL en Kivu del Sur, como parte de los esfuerzos del gobierno congoleño por desmantelar las bases de grupos armados extranjeros en su territorio. Sin embargo, la presencia del FNL en la región ha contribuido a la persistente inseguridad y ha sido un factor en los desplazamientos forzados de civiles.

6. La Cooperativa para el Desarrollo del Congo (CODECO), es una milicia activa en la región oriental de la RDC, especialmente en la provincia de Ituri. Está principalmente compuesta por miembros de la comunidad Lendu (agricultores) y ha estado involucrada en numerosos actos de violencia y enfrentamientos étnicos, particularmente contra la comunidad Hema (dedicada a la ganadería). Se estima que entre el año 2018 y 2022, CODECO perpetró 468 ataques, causando la muerte de aproximadamente 1.739 personas e hiriendo a 524. Esta milicia sigue operando activamente; recientemente llevó a cabo una serie de ataques en la provincia de Ituri, resultando en la muerte de al menos 52 civiles.

Consecuencias Humanitarias de la presencia de grupos armados

La presencia de estos grupos armados en la RDC ha causado consecuencias devastadoras para la población civil, reflejadas en múltiples violaciones de derechos humanos y desplazamientos forzosos, así como en la falta de alimentos y refugio para civiles.

Los continuos enfrentamientos en el país, fundamentalmente en la región este, han obligado a millones de personas y familias a abandonar sus hogares, en busca de zonas más seguras y estables donde poder asentarse. Según ACNUR, actualmente hay más de 6,3 millones de personas desplazadas dentro del país y más de 1 millón de refugiados y solicitantes de asilo en países vecinos.

Además, las mujeres, niñas y niños son víctimas frecuentes de violencia y explotación sexual, actos que son empleados como “armas de guerra” por las milicias. En el año 2023, los equipos de Médicos Sin Fronteras trataron a más 25.166 mujeres víctimas de violencia sexual en todo el país, cifras alarmantes que no representan en su totalidad la magnitud del problema. Por otro lado, tanto los grupos armados como las fuerzas de seguridad congoleñas han sido responsables de ejecuciones extrajudiciales, actos que han aumentado en los últimos meses debido al incremento de la violencia en el país a manos del grupo M23. De hecho, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó en enero de 2025 un repunte en las ejecuciones.

Estas son solo algunas de las consecuencias sufridas por la población congoleña, víctima de las luchas de poder. La presencia de grupos armados en la RDC representa un problema que parece perpetuarse en el tiempo sin aparente solución, socavando la estabilidad en el país y marcando la vida de millones de personas. 

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Situada en el corazón de África, la República Democrática del Congo (RDC) es desde hace años escenario de conflictos y tensiones entre diversos grupos armados. En un esfuerzo por estabilizar el país, la Organización de Naciones Unidas creó en el año 1999 la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), que en 2010 se transformó en la Organización de Naciones Unidas para la estabilización en la República Democrática del Congo (MONUSCO).

A finales de 2024 contaba con un total de 11.926 cascos azules desplegados en el territorio. Los países que han contribuido en mayor medida con contingentes y fuerzas policiales en la organización son Bangladesh, Nepal, India, Sudáfrica e Indonesia.

A pesar de algunos avances, la misión ha enfrentado duras críticas. Entre 2023 y comienzos de 2024, el gobierno del presidente Félix Tshisekedi impulsó su retirada total, inicialmente prevista para finales de 2024, aunque recientemente se prorrogó hasta finales de 2025. Esta decisión refleja el creciente descontento de la población con las acciones de la organización. Frente a este panorama, surge una pregunta crucial ¿qué falló en la misión de la MONUSCO?

Origen de la MONUSCO

La MONUC estaba encargada de supervisar el alto al fuego y apoyar el proceso de paz tras el fin de la Segunda Guerra del Congo. Inicialmente, la organización estaba compuesta únicamente por 500 observadores militares, sin embargo, poco a poco el número de integrantes fue aumentando, así como las competencias de la MONUC. En 2004, según una resolución de la ONU, el número de efectivos ascendió a 5.900, incluidos 341 policías civiles. Esta expansión permitió a la organización ampliar su mandato en áreas clave, centrándose en la protección de civiles, la seguridad del personal humanitario de la ONU y la disuasión de la violencia. 

¿Hacia la Tercera Guerra del Congo?

Entre sus logros destacan el apoyo a la transición democrática y la organización de las de las primeras elecciones democráticas en el país en 2006 desde su independencia. Sin embargo, también se enfrentó a desafíos y críticas. Por ejemplo, en 2008, el grupo armado de oposición Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) tomó control de Rutshuru y Kiwanja en el este del país y asesinó a alrededor de 150 personas en esta última. A pesar de su compromiso de proteger estas ciudades, la MONUC no intervino directamente para evitar la masacre, lo que socavó su credibilidad y desató protestas populares contra su inacción.

En 2010, el Consejo de Seguridad de la ONU reestructuró la MONUC y la transformó en la MONUSCO. Los principales objetivos de esta reformulación radicaban en el fortalecimiento de las instituciones, la prevención de conflictos y la estabilización de las provincias del este del país. Estas regiones están dominadas por grupos armados como el M23 o las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), que amenazan la seguridad de la población y desestabilizan el país. 

¿Qué es el M23 y qué rol tiene Ruanda?

Como parte de esta transformación, también se autorizó la retirada de 2.000 tropas del territorio congoleño, una medida impulsada por el Gobierno, que buscaba demostrar su autonomía y reducir la presencia extranjera. Este cambio estructural reflejaó como la misión ha sido capaz de reinventarse varias veces, intentando adaptarse a las dinámicas cambiantes en el país, respondiendo tanto a las exigencias del gobierno de la RDC como a las decisiones del Consejo de Seguridad y otros actores internacionales,. aAsí como priorizando la cooperación con las fuerzas congoleñas: las Forces Armées de la République Démocratique du Congo (FARDC).

Logros y retos de la MONUSCO

Un momento decisivo fue en 2013 con la creación de la Brigada de Intervención, una unidad especial dentro de la MONUSCO, cuyo objetivo era llevar a cabo operaciones ofensivas para neutralizar a grupos armados y reducir las amenazas para la seguridad. La creación de esta brigada fue respuesta a la toma de la ciudad de Goma por parte del grupo rebelde M23 y a la incapacidad de las fuerzas existentes para proteger a la población civil y garantizar la estabilidad. La Brigada está compuesta por tres batallones de infantería, una compañía de artillería, una compañía de fuerzas especiales y una compañía de reconocimiento. Con un total de más de 3.000 tropas, los países que más contribuyeron incluyeron a Sudáfrica, Tanzania y Malawi.

Tras su despliegue, la Brigada de Intervención en coordinación con las FARDC, llevó a cabo una serie de operaciones ofensivas que resultaron en la derrota del M23 a finales de 2013. No obstante, la implementación de la Brigada generó debate en el seno de la ONU, ya que rompía con la función tradicional de la organización, basada en el mantenimiento de la paz a través de principios de neutralidad y uso limitado de la fuerza.

Pese al éxito inicial, el grupo M23 reanudó sus actividades en 2022 intensificando sus operaciones y ha tomado nuevamente territorios estratégicos. Este resurgimiento pone en cuestión la efectividad limitada de la Brigada de Intervención en el largo plazo y refuerza la percepción de que, sin una solución política duradera, las “victorias” de la MONUSCO pueden ser solo temporales.

Asimismo, la MONUSCO ha colaborado en el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), así como en la Repatriación, Reasentamiento (RR) y Reducción de la Violencia Comunitaria (RVC). Según cifras de la ONU, desde 2012 hasta 2022 estas secciones han logrado desarmar y desmovilizar a 6.700 combatientes adultos congoleños y a 2.900 niños vinculados a los grupos armados. Las iniciativas se han centrado en identificar posibles necesidades de los actores armados, ofreciendo oportunidades socioeconómicas a los excombatientes, así como a la población joven en riesgo y, facilitando la transición a la vida civil.

Los minerales críticos del Congo

Sin embargo, estos programas también afrontan críticas y desafíos. Uno de los principales problemas radica en el proceso de reintegración de los excombatientes en la sociedad civil, uno de los más complejos y que paradójicamente, que recibe menos atención y recursos. Esto puede resultar en que, si los programas no están bien diseñados, contribuyan al aumento de la conflictividad en lugar de reducirla. Asimismo, la integración de los combatientes en las FARDC obstaculiza la profesionalización de las fuerzas armadas y aumentar el riesgo de violaciones de derechos humanos e inestabilidad. Es por ello que, aunque los programas en la RDC apoyados por la MONUSCO han logrado desmovilizar a numerosos combatientes, las críticas se centran en la falta de atención integral y su eficacia a largo plazo. La persistencia de grupos armados y la violencia extrema, sugieren que las iniciativas pueden no estar abordando adecuadamente las raíces del conflicto.

Controversias

La MONUSCO ha sido objeto de diversas controversias que han puesto en cuestión su integridad. Uno de los escándalos más alarmantes involucra violaciones de derechos humanos cometidas por sus propios efectivos. Se han documentado casos de abusos y explotación sexual por parte de ciertos miembros de las fuerzas de paz, cuyas víctimas principales han sido mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. 

En octubre de 2023, MONUSCO informó que ocho de sus cascos azules habían sido detenidos acusados de violencia sexual en la ciudad de Beni, y aunque no especificaron de dónde venían, se filtró que era cerca de burdeles del campamento donde estaba el contigente sudafricano. Seis años antes, MONUSCO confirmó que apartaron a cinco miembros de su organización por abusar de una menor, entre ellos un militar rumano, dos sudafricanos y dos de personal de apoyo que no eran militares de Burundi y Níger. No era la primera vez, anteriormente ya habían habido casos contra cascos azules de Senegal, Sudáfrica y Uruguay. 

Ante esta situación la ONU ha tratado de implementar medidas para abordar y prevenir estos abusos, incluyendo la adopción de políticas de tolerancia cero e investigaciones internas que incluyen sesiones de entrenamiento y concienciación para los militares y visitas a bares nocturnos que suele frecuentar su personal una vez acabada la jornada. Sin embargo, los críticos sostienen que las respuestas han sido insuficientes, destacando la falta de transparencia, así como la limitación de las medidas punitivas contra los acusados. 

Esto se debe a que la ONU no posee jurisdicción sobre las tropas, sino que la responsabilidad de procesarlas recae sobre los países de origen de los efectivos.  Las consecuencias de este escándalo han afectado gravemente la confianza en la población en la MONUSCO, debilitando su legitimidad y la efectividad de sus operaciones en el país.

La percepción de ineficacia de la MONUSCO ha desencadenado numerosas protestas en el país. En el año 2022 y 2023, las ciudades de Goma, Butembo y Beni en el este de la RDC fueron escenario de manifestaciones, que desembocaron en enfrentamientos violentos entre las fuerzas de seguridad y los civiles, dejando un saldo de al menos cinco muertes y centeneares de heridos. Las protestas reflejan un creciente sentimiento de desconfianza, frustración y decepción generalizada con la misión de paz de la ONU. En los últimos años, los locales han denunciado la ineficacia de la MONUSCO para frenar la violencia de grupos armados como el M23 y han exigido al presidente Tshisekedi la finalización de la misión.

El futuro de la MONUSCO

En 2024, el gobierno de Tshisekedi se unió a los reclamos del pueblo congoleño, promoviendo la retirada completa de la MONUSCO para finales de ese año. El presidente acusó a la MONUSCO de no tener una estrategia lo suficientemente “agresiva” en la lucha contra el M23, cuestionando así su efectividad en el terreno. Además, destacó la incapacidad de la misión para proteger a las poblaciones civiles del este de la RDC, que siguen atrapadas en medio del campo de batalla. Esta realidad se vio agravada por las campañas de desinformación contra la MONUSCO, en las que diversos grupos armados difundían intencionadamente noticias falsas para erosionar aún más la imagen de la misión en el país.

Sin embargo, a pesar de estas críticas y demandas populistas, a finales de 2024 y a solicitud del gobierno de Kinshasa, el Consejo de Seguridad de la ONU optó por extender el mandato de la MONUSCO, al menos durante un año más. Con esta renovación más de 11.000 efectivos se mantendrán en terreno durante todo 2025. Esta decisión se da en un contexto de creciente hostilidad en la zona este de la RDC, donde grupos como el M23, respaldado por Ruanda, han intensificado sus operaciones.

¿Cuál es el origen del odio Ruanda-RDC?

En 2025 al menos dos cascos azules sudafricanos y otro de Uruguay han fallecido por los ataques del M23, lo que suma en total 289 cascos azules muertos desde el principio de MONUSCO.

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Dentro de la región de los Grandes lagos africana, la relación entre la República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda está marcada por una enemistad compleja. Pero ¿de dónde proviene esta rivalidad? Aunque estas hostilidades han vuelto a cobrar mayor relevancia en los últimos meses, su origen se remonta a eventos clave del siglo XX. Estos episodios han dejado heridas profundas en las relaciones bilaterales que siguen sin cicatrizar, influyendo no solo en estas dos naciones sino en la seguridad y estabilidad de la región.

El genocidio de Ruanda

Una de las principales razones de la rivalidad entre estas dos naciones tiene sus raíces en el genocidio ruandés de 1994 contra los tutsi, acontecimiento que, en cuestión de meses acabó con la vida de entre 800.000 y un millón de personas de esta etnia, así como de algunos hutus moderados que se oponían a cometer tal masacre. La comunidad mayoritaria hutu perpetró este genocidio contra sus vecinos tutsi, quienes a pesar de ser minoría, habían ostentado el poder económico y político en el pasado, y por lo tanto culpaban de sus males. 

El agujero en la historia de Ruanda

El desenlace de este acontecimiento tuvo lugar cuando el Frente Patriótico Ruandés (FPR) liderado por Paul Kagame alcanzó el poder y derrocó al gobierno extremista hutu.  El colapso de este gobierno y el final del genocidio motivó un éxodo masivo de población ruandesa a países vecinos. Según datos de ACNUR, alrededor de 1.2 millones de refugiados ruandeses llegaron a la RDC (en aquella época llamada Zaire). La mayoría de la población era de etnia hutu, y algunos eran exmiembros de las Forces armées rwandaises (FAR) y otros milicianos Interahamwe, quienes habían sido responsables del genocidio ruandés.  

Estos se aglutinaron en campamentos improvisados cerca de Goma, en las regiones de Kivu en el este de RDC, cerca de la frontera con Ruanda. Sin embargo, en poco tiempo, estos asentamientos se convirtieron en bases de operaciones militares para las FAR y los milicianos hutus derrotados, quienes se reorganizaron para enfrentar al nuevo gobierno de Kigali. Asimismo, estos grupos colaboraron estrechamente con milicias congoleñas y otros grupos armados. Esta situación no solo ponía en riesgo a los refugiados, sino también a la minoría banyamulenge de etnia tutsi, quienes habían habitado esas tierras congoleñas durante generaciones y quienes se exponían a riesgos como asesinatos, ataques armados y secuestros.

Se estima que más de 50.000 genocidas hutus, asentados en las provincias de Kivu, poseían armamento y realizaban operaciones en Ruanda desde los campamentos. El gobierno de Kagame consideraba que la presencia de estos grupos en el país vecino representaba una amenaza directa para la seguridad de Ruanda. 

Ante esta situación, Kigali decidió invadir Zaire en 1996, justificando su acción como una medida necesaria para neutralizar a los responsables del genocidio que se habían refugiado en el este del país.

Las guerras del Congo

En el año 1996 Ruanda con el apoyo de Uganda brindaron apoyo militar y logístico a la rebelión liderada por Laurent-Désiré Kabila, líder de la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo (AFDLC), que buscaba derrocar la dictadura de Mobutu Sese Seko vigente en aquel entonces. Esto dio lugar a la Primera Guerra del Congo, cuando tropas ruandesas, junto con fuerzas ugandesas y de la AFDL, llevaron a cabo ataques contra los campamentos de refugiados en Kivu. Estas tropas fueron posteriormente acusadas por llevar a cabo matanzas masivas de refugiados y violar otros principios básicos del derecho internacional humanitario.

La contienda se dio por finalizada en mayo de 1997 tras el derrocamiento de Mobutu y la toma de poder de Kabila, quien renombró el país como la RDC. Tras el fin del conflicto, Kagame esperaba que Kabila fuera un aliado estratégico, pero la relación entre ambos se deterioró rápidamente. El líder congoleño comenzó a expulsar a las tropas ruandesas y otras extranjeras que aún permanecían en la RDC, lo que permitió que las milicias hutus volvieran a adquirir fuerza en el país.

En respuesta a esta “traición”, Ruanda apoyó a un nuevo grupo rebelde, Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), que lanzó una revuelta en agosto de 1998.  Este levantamiento dio inicio a la Segunda Guerra del Congo, un conflicto devastador que duró hasta 2003 y que involucró a varios países como Ruanda, Uganda, Burundi y la RDC. Este conflicto provocó la muerte de más de 5 millones de personas, principalmente debido a enfermedades, hambrunas y violencia directa. 

¿Hacia la Tercera Guerra del Congo?

Esta guerra dejó en evidencia los intereses económicos de los países extranjeros y las ambiciones por adquirir control sobre los ricos recursos naturales del este de la RDC, incluidos los diamantes, el coltán y los minerales de estaño.

El mapa de los minerales en África

La creación de la FDLR y su influencia en las tensiones

Durante el conflicto, en el año 2000, se crearon las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), grupo armado formado por ex miembros de las Fuerzas Armadas Ruandesas (FAR) y las milicias Interahamwe que se habían refugiado en la RDC. El objetivo fundamental de esta agrupación se basaba en destronar al gobierno ruandés de Kagame y restablecer en el poder a los líderes políticos de etnia hutu en Ruanda. Las FDLR operaban principalmente en las regiones de Kivu, cerca de la frontera con Ruanda, y se convirtieron en uno de los actores más importantes en las últimas etapas del conflicto, así como en una de las principales fuentes de tensión entre la RDC y Ruanda, país que acusaba al gobierno congoleño de permitir las operaciones de la FDLR en su territorio.

Aunque en el año 2002 se firmaron una serie de acuerdos formales de paz como el Acuerdo Global de Paz de Sun City y el Acuerdo de Pretoria que daba fin a la guerra, las tensiones y los conflictos entre la RDC y Ruanda no han cesado en la práctica. La guerra se desgranó para convertirse en conflictos más pequeños entre diferentes grupos armados perpetuando la inestabilidad en el este del país.  

La FDLR ha seguido teniendo un protagonismo clave en la región, alimentándose de nuevas olas de refugiados hutus y de la colaboración con otras milicias locales. En este contexto, Ruanda ha acusado la RDC no tomar medidas suficientes para desmantelar la FDLR, lo que ha desencadenado incursiones militares ruandesas en territorio congoleño.

Sin embargo, el gobierno de la RDC niega cualquier vínculo con la FDLR, considerando estas incursiones una violación de su soberanía y una intromisión extranjera en sus asuntos internos. A la vez, el gobierno congoleño acusa a Ruanda de apoyar las acciones de grupos rebeldes como el M23 que operan en el país.

¿Qué es el M23?

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La República Democrática del Congo (RDC) enfrenta en su frontera este una escalada de violencia en un conflicto que se prolonga desde hace más de tres décadas. Un conflicto que, además, se encaja dentro de un escenario de complejidad, alimentado por diversos actores que pretenden imponer sus intereses. Pero, ¿qué convierte a esta zona en el foco de las hostilidades? ¿Cuáles son los verdaderos intereses detrás del enfrentamiento?

Aunque dar respuesta a estas preguntas es algo complejo, en el epicentro del conflicto persiste un factor clave: la inmensa riqueza mineral del país, codiciada tanto por grupos locales como internacionales.

Riqueza mineral  

La RDC es uno de los países con mayor abundancia de recursos naturales a nivel mundial, principalmente en minerales esenciales para diversos sectores industriales. Dentro de sus reservas se destacan el oro, diamantes, cobre, coltán y cobalto entre otros, lo que dota al país de una enorme riqueza.

Sin embargo, lo que podría ser una ventaja económica y estratégica se ha convertido en uno de los principales causantes de la inestabilidad y los conflictos armados que asolan la región. Desde el siglo XIX, momento en el que la RDC se convirtió en territorio personal del rey Leopoldo II de Bélgica, los recursos han sido un factor codiciado por múltiples actores internacionales, involucrados en una constante pugna por conseguir una porción de control y riqueza, en detrimento de la estabilidad nacional.

Los principales protagonistas de la gran abundancia natural de la RDC son el coltán, el cobalto y el cobre, minerales vitales para la elaboración de productos del sector tecnológico. El coltán, fuente principal del tantalio, es un metal clave en la fabricación de ordenadores, pantallas y teléfonos. Por su parte, el cobre y el cobalto son fundamentales para la producción de baterías utilizadas en una inmensa gama de productos, incluidos los coches eléctricos. Según Amnistía Internacional, la importancia del cobalto en la industria es tal que se estima que la demanda de cobalto alcanzará las 222.000 toneladas este 2025, triplicando las cifras de 2010. Asimismo, la RDC alberga otros minerales valiosos como el oro, los diamantes y el estaño, que también han sido objeto de explotación tanto legal como ilegal, contribuyendo al desafío que afronta el sector minero en el país. 

¿Cuál es la importancia de la riqueza mineral en la RDC?

La industria mineral en la RDC posee una influencia multifacética en el país, desde el ámbito económico, pasando por el político, hasta llegar al estratégico. Los minerales en el país están valorados en 24 billones de dólares, un montante igual a toda la economía estadounidense

La economía de RDC está poco diversificada y depende en gran medida de las explotaciones de minerales, en concreto el cobre y el cobalto, que representan un 70% de sus exportaciones.

La dependencia en las exportaciones de los minerales ha suscitado el interés de diversas empresas internacionales, que han optado por invertir en proyectos mineros, así como en el desarrollo de infraestructuras en el país. Por un lado, diversas compañías chinas —muchas de ellas respaldadas por el gobierno a través de subsidios—, como por ejemplo la compañía China Molybdenum Co., Ltd. (CMOC) se han convertido en las mayores inversoras en el país, alcanzando porcentajes de hasta 80% en participaciones en minas de la RDC.

Por el otro lado, en respuesta a esta creciente influencia adquirida por Pekín, otros países occidentales como Estados Unidos buscan asegurar el acceso y suministro de estos minerales estratégicos, con el objetivo de disputar la dominancia china en el país. Además, en enero de 2025, el gobierno congoleño ha anunciado esfuerzos para atraer inversiones mineras de Arabia Saudí con el objetivo de buscar una mayor diversificación y contrarrestar la influencia china en el sector.

La influencia de Trump en Congo

Marcellin Paluku, director adjunto del gabinete del Ministerio de Minas, declaró: “Nunca se sabe lo que puede pasar... así que eso significa que ahora intentamos diversificar nuestras asociaciones para no depender de un solo socio”. En este contexto, la RDC enfrenta el desafío de diversificar sus asociaciones y optimizar la gestión de su patrimonio mineral para fortalecer tanto su estabilidad económica como política. 

Asimismo, la lucha por el control de estos recursos ha suscitado pugnas constantes en la RDC, provocando la erosión de la gobernabilidad, estabilidad e integridad política en el país. Grupos armados han logrado avances e incluso en alguna ocasión, como es el caso del grupo rebelde M23 han avanzado hasta llegar a tomar la ciudad de Goma en el este de R.D. Congo, con el respaldo de actores extranjeros, particularmente el país vecino Ruanda.

¿Qué es el M23?

Del mismo modo, la extracción y comercio de estos minerales benefician a las elites y fomentan la corrupción en la RDC. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, la RDC obtuvo en 2023 una puntuación de 20 sobre 100 —siendo 0 altos niveles de corrupción y 100 muy bajos niveles de corrupción— ubicándose en la posición 162 de 180 países evaluados, y reflejando una percepción de corrupción muy elevada en la nación.

Esta práctica se halla arraigada tanto en los servicios públicos, donde en 2019 el 80% de los usuarios admitió haber pagado un soborno, como en las empresas estatales. Concretamente en la sociedad estatal Générale des Carrières et des Mines (Gécamines), recientemente implicada en un caso de desvíos de fondos públicos multimillonarios entre 2018 y 2020. Estas prácticas erosionan la confianza de la población y fomentan la debilitación de las instituciones.

En el escenario geopolítico, la RDC emerge como una nación clave asegurando el abastecimiento de minerales esenciales para las cadenas de producción globales, posicionando al país en una situación estratégica en los mercados internacionales. Sin embargo, esta ventaja también representa un desafío, ya que su protagonismo a nivel global atrae la atención de actores que pretenden asegurar el acceso a estos recursos, muchas veces a cualquier precio. Esta injerencia extranjera, a menudo materializada en acuerdos comerciales desiguales, o mediante el apoyo a grupos armados, no solo complica la gobernabilidad de la RDC, sino que también pone en riesgo su soberanía. 

Funcionamiento de la industria minera y actores involucrados

La RDC cuenta fundamentalmente con dos modalidades de explotación minera: la minería artesanal y la minería industrial. La primera se caracteriza por operaciones a pequeña escala, en la mayoría de los casos de manera ilegal, algunas de estas minas son controladas por grupos rebeldes que explotan a los trabajadores con el objetivo de asegurar abastecimiento constante de estos materiales. Según un estudio de Global Witness, el ejército congoleño y grupos rebeldes, en particular las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), cooperan regularmente entre sí, repartiéndose el territorio y el botín de la minería ilegal. 

De manera similar, países vecinos como Ruanda, Uganda y Burundi también utilizan la minería artesanal para explotar los recursos de la RDC. Se ha acusado a Ruanda de financiar y apoyar al grupo rebelde M23 para saquear los recursos minerales congoleños, especialmente en las regiones de Kivu del Norte y Kivu del Sur, aunque Kigali ha negado estas incriminaciones. Estos estados vecinos facilitan el contrabando de minerales, introduciéndose en el mercado internacional mediante la venta a grandes empresas, beneficiándose de los recursos congoleños sin asumir responsabilidad alguna hacia el país vecino. Además, la falta de transparencia por parte de Ruanda, incrementa la dificultad para rastrear de dónde proceden los minerales que exporta. A pesar de los diversos esfuerzos internacionales por frenar el tráfico ilegal y aumentar la transparencia, no existen normas internacionales sobre minería responsable vinculantes, provocando que diversas multinacionales hayan sido acusadas de adquirir minerales extraídos de manera ilegal.

Ruanda invade Congo

La minería industrial congoleña está gestionada por Gécamines, quien se encarga de gestionar la mayor parte de las concesiones mineras de la RDC a empresas extranjeras. Según el ICEX solamente un 30% de las concesiones han sido entregadas, y el acceso a ciertas explotaciones requiere la autorización del Ministerio del Interior. Además, según el Código Minero de 2018, las empresas que posean estas concesiones deben pagar royalties al estado y fomentar el desarrollo local.

La mayoría de concesiones han sido adquiridas por compañías chinas, siendo las más destacadas China Molybdenum Co., Ltd (CMOC), operadora de la mina Tenke Fungurume —mayor fuente de cobalto y cobre— así como La Sino-Congolaise des Mines SA (Sicomines), una empresa compuesta por un consorcio chino y Gécamines. Estas concesiones se otorgan mayoritariamente a largo plazo y están sujetas a regulaciones estrictas, a pesar de esto se han denunciado prácticas ilegales y corrupción.

Para garantizar la trazabilidad de los minerales así como para prevenir su comercialización ilegal y contrabando, se creó un programa denominado el International Tin Supply Chain Initiative (ITSCI) que busca proporcionar a los proveedores externos una certificación que garantiza que las cadenas de suministro sólo incluyen minerales procedentes de minas validadas por el gobierno. Sin embargo, este programa tampoco está exento de problemas vinculados a la corrupción y al fraude: según un informe de 2022 por Global Witness, el ITSCI ha permitido el blanqueo de minerales procedentes de minas no autorizadas, incluyendo aquellas que cuentan con la participación de grupos rebeldes así como donde se emplea mano de obra infantil. La corrupción a nivel industrial se hace tangible en la pérdida de ingresos para el estado y falta de inversión en infraestructuras y servicios públicos debido a la malversación de fondos. 

Coste humano y ambiental

Bajo el sistema de explotación mineral en la RDC se descubre el sector más afectado; los trabajadores de las minas. La precariedad laboral, la falta de derechos y protección, así como la ausencia de seguridad son realidades cotidianas para miles de mineros, incluidos niños y niñas sometidos al trabajo infantil. Según el Índice Global de Esclavitud de 2023, alrededor de 400.000 personas en la RDC se hallan en condiciones de esclavitud moderna, muchas de ellas en la minería artesanal.

Asimismo, en minas industriales, gran parte de los trabajadores se enfrentan a salarios irrisorios, abusos, jornadas laborales prolongadas, así como falta de protección y medidas de seguridad. A este panorama se suma la carencia de protección legal efectiva por parte de las instituciones y el sistema judicial, lo que facilita que las empresas en el sector actúen con total impunidad debido a la escasez de regulaciones estrictas que protejan los derechos laborales. De acuerdo con un informe realizado por la Comisión Internacional de Juristas, las víctimas de estos abusos posen muy pocas posibilidades de ser compensadas debido a las deficiencias del sistema judicial congoleño, como la falta de independencia judicial o la corrupción.

El trabajo infantil es otra de las caras más crudas del sistema minero. Miles de niños y niñas son utilizados en las minas —especialmente en la extracción de cobalto— para acceder a las zonas más abruptas y trabajar en la clasificación del mineral. El trabajo en estos emplazamientos expone a los niños a una situación de riesgo extremo, como la posibilidad de derrumbes o la inhalación de polvo nocivo, posible causante de enfermedades pulmonares y dermatológicas. El trabajo en las minas interfiere también en la educación de los niños, quienes debido a la precariedad se ven obligados a trabajar largas jornadas para aportar dinero al núcleo familiar, y dejar de lado sus cometidos académicos.

Con el fin de abordar este problema, el gobierno congoleño se comprometió en 2017 a erradicar el trabajo infantil en la minería para el año 2025, sin embargo los avances en este campo han sido limitados. La falta de alternativas económicas, así como la débil aplicación de la ley han impedido que se perciban cambios significativos, perpetuando de este modo el sistema de explotación.

La expansión de la minería ha provocado el desplazamiento forzoso de comunidades autóctonas de sus tierras. Según un informe de Amnistía Internacional y la organización Iniciativa por la Buena Gobernanza y los Derechos Humanos (IBGDH), numerosas familias han sido desalojadas a la fuerza de sus viviendas, para dar paso a la expansión de operaciones mineras. Tal y como se apunta en el informe, la gran parte de la población afectada no ha recibido una indemnización adecuada que mitigue las pérdidas de sus viviendas y tierras.

La minería no solo afecta a comunidades humanas, sino que también pone en peligro reservas naturales protegidas, como la reserva de fauna Okapi, protegida por la UNESCO. Este lugar, hogar de especies en peligro de extinción como el okapi, enfrenta graves amenazas debido a las explotaciones mineras, principalmente lideradas por empresas de capital chino. La deforestación, así como la contaminación de ríos con metales pesados y la degradación del suelo, ilustran las consecuencias que la minería ilegal tiene en la zona.

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Libia, una nación rica en petróleo situada en el corazón del norte de África, ha estado atrapada en un estado de caos político y militar desde la caída de Muamar el Gadafi en 2011.

El vacío de poder resultante dio lugar a una fragmentación del estado y al surgimiento de facciones rivales que compiten por el control del país. Desde 2014, el país ha quedado dividido entre dos polos de poder principales: el Gobierno de Unidad Nacional (GUN), reconocido internacionalmente y con sede en Trípoli, y el Ejército Nacional Libio (LNA), liderado por el general Khalifa Haftar, que domina el este y partes del sur del país.

El conflicto entre estas dos facciones ha afectado profundamente la estabilidad, la economía y la vida cotidiana de la población libia. Aunque un alto al fuego mediado por la ONU en 2020 logró frenar temporalmente los enfrentamientos, la falta de avances hacia una solución política ha perpetuado la fragmentación del país. En 2024, Libia sigue siendo un terreno de disputa entre actores nacionales y potencias extranjeras, con implicaciones que van más allá de sus fronteras.

La Gran República Árabe Libia Popular y Socialista y el nacimiento de Gaddafi

Todos conocemos a Gaddafi, pero, ¿cómo ascendió hasta el poder? Imaginemos Libia en los años sesenta, más bien a finales. Un país con enormes reservas de petróleo al que su riqueza no llegaba al pueblo. El Estado estaba gobernado por el rey Idris I, quien era visto como débil y que estaba muy alineado con Occidente y bastante desconectado de las necesidades reales de la población.

En este contexto, un militar carismático e inspirado por el nacionalismo árabe que estaba en auge y con líderes de inspiración como Gamal Abdel Nasser en Egipto formó su “Nueva Libia”. Cuando el rey Idris I estaba fuera del país, los oficiales militares de Gaddafi tomaron el control de los principales puntos estratégicos, como estaciones de radio y cuarteles. En cuestión de horas se anunció que la monarquía había sido derrocada y que el poder ahora estaba en manos de un Consejo de Comando Revolucionario.

Gaddafi creó un gobierno socialista conocido como Yamahiriya, que la traducción sería “Estado de las masas”, que pretendia ser un sistema de gobierno directo donde el propio pueblo ejercía el poder mediante la participacion directa y protagonista en las tomas de decisiones, todo esto basado en lo anteriormente dicho del panarabismo y el islam.

¿Qué es el panarabismo?

Uno de sus grandes proyectos fue transformar completamente Libia, especialmente usando las riquezas del petróleo. Lo primero que hizo fue nacionalizar la industria petrolera. Con eso, emprendió reformas que cambiaron la vida de muchos libios al generar muchos puestos de trabajo y mover la economía del país.

Gaddafi introdujo un sistema de seguridad social, asistencia médica gratuita, y electricidad gratis para todos. Su revolución no solo era una fachada, la tasa de alfabetización, que antes era de apenas un 5%, llegó a ser del 83%. 

En la década de 1970, el PIB per cápita subió a más de 11.000 dólares, lo que ponía a Libia en el top 5 de África en términos de desarrollo humano, superando inocuos a países ricos como Arabia Saudí. También se creó el Gran Río Artificial, un megaproyecto que canalizó agua fresca a regiones desérticas. Y lo más llamativo es que todo esto lo hicieron sin endeudarse, porque Gaddafi no pidió ni un préstamo al exterior.

El líder libio también se enfocó al principio en los derechos de las mujeres y promulgó una ley que garantizaba la igualdad salarial y penalizaba el matrimonio de niñas menores de 16 años. 

Pero no era todo progreso: Libia tuvo roces serios con Chad en los años 80 por apoyar a grupos rebeldes en su guerra civil. Posteriormente Libia invadió Chad, pero después los chadianos lograron expulsarlos en lo que llamaron la “Guerra de los Toyota”, porque esa marca de pickups eran las que se usaban como vehículos militares.

Por si fuera poco, Gaddafi tuvo muchos problemas con Occidente. En 1986, Ronald Reagan ordenó bombardear Trípoli y Bengasi como respuesta a ataques terroristas que, supuestamente, Libia había apoyado. En estos ataques murió la hija adoptiva de Gaddafi. Después vino el atentado de Lockerbie, donde explotó un avión comercial que cubría la ruta entre Frankfurt y Detroit en esa localidad escocesa. El gobierno de Libia fue acusado de estar detrás del atentado, lo que llevó a sanciones internacionales que dejaron al país aislado hasta que, en 2003, Gaddafi aceptó la responsabilidad de ciudadanos libios en esos atentados y pagó indemnizaciones a las víctimas.

La caída de Gaddafi y la Guerra de Libia de 2011

Gaddafi reinó hasta que en 2011 se desataron las protestas de la “Primavera Árabe”. En Libia, las manifestaciones comenzaron en Bengasi, pero en cuestión de días se convirtieron en un levantamiento armado contra el régimen de Gaddafi.

Después de 42 años de control absoluto, el descontento popular era evidente: la corrupción, desigualdad y la falta de libertades básicas habían creado un caldo de cultivo perfecto para el levantamiento. Su gobierno respondió con una brutalidad increíble: bombardeó ciudades y reprimió a los manifestantes con mercenarios y su ejército. Pero la situación se le escapó de las manos. En discursos televisados, Gaddafi se refería a los rebeldes como "ratas" y juró luchar "hasta la última gota de sangre". Ordenó ataques indiscriminados contra zonas controladas por los opositores y movilizó a mercenarios extranjeros para sofocar la rebelión.

El dictador tenía las de ganar hasta la intervención internacional. La OTAN, respaldada por una resolución de la ONU, empezó a bombardear las fuerzas de Gaddafi para “proteger a los civiles”. Fue un golpe durísimo para él, pues su Ejército no podía competir contra una coalición internacional con poder aéreo muy superior. En paralelo, las fuerzas rebeldes se organizaron rápidamente. Crearon el Consejo Nacional de Transición (CNT) como su órgano político y militar, con sede en Bengasi. Este grupo comenzó a ganar reconocimiento internacional, lo que debilitó aún más la legitimidad de Gaddafi. 

Para el verano de 2011, Trípoli, la capital, ya había caído en manos de los rebeldes. Gaddafi huyó a su ciudad natal, Sirte, una de las fortalezas leales a su régimen. Sin embargo, Sirte también sucumbió a los rebeldes después de unas semanas de intensos combates.

El día 20 de octubre de 2011, mientras intentaba escapar de Sirte, Gaddafi fue localizado por fuerzas rebeldes. Se había escondido en una tubería de drenaje, un lugar simbólicamente irónico para un hombre que una vez se había autoproclamado como el “Rey de Reyes de África”. Los videos de su captura, grabados con teléfonos móviles, muestran a Gaddafi herido, humillado y rodeado de una multitud enfurecida. Poco después, fue ejecutado por la multitud.

La caída y fragmentación de Libia

Tras la ejecución de  Gaddafi en 2011, el régimen colapsó por completo, pero no había nada sólido para reemplazarlo. Durante más de cuarenta años había reinado con un sistema que concentraba todo el poder en él y debilitaba cualquier institución independiente. No había partidos políticos fuertes, ni un ejército unificado ni una estructura democrática. Cuando Gaddafi desapareció, dejó un vacío de poder enorme. 

En lugar de una transición ordenada, las facciones que habían luchado contra Gaddafi comenzaron a enfrentarse entre sí. Cada grupo quería quedarse con su parte del pastel: ciudades, regiones y recursos, especialmente el petróleo. Así comenzaron las luchas internas.

En 2014, Libia se fragmentó aún más con la creación de dos gobiernos rivales:

• El Gobierno de Unidad Nacional (GUN), con sede en Trípoli, apoyado por la ONU, pero débil y con poco control real fuera de la capital.

• El Ejército Nacional Libio (LNA), liderado por el general Khalifa Haftar, que controla el este del país y actúa como una fuerza militar más que un gobierno democrático.

Estos dos grupos principales se disputan el control del territorio libio, pero no son los únicos. Hay decenas de grupos locales, comunidades y grupos islamistas que también manejan partes del territorio. Por ejemplo, en ciudades como Misrata o Zintan, milicias armadas actúan como autoridades de facto.

Entre 2019 y principios de 2020, el conflicto alcanzó un punto crítico cuando Haftar lanzó una ofensiva para tomar Trípoli. Aunque inicialmente tuvo éxito, la intervención militar turca a favor del GUN revirtió la situación, obligando al LNA a retirarse. Este desgaste militar y la presión internacional crearon las condiciones para un cese de hostilidades.

Este acuerdo de alto al fuego contó con grandes puntos claves como el cese total de las armas, la retirada de tropas extranjeras y mercenarios, la reapertura de las rutas de transporte y comunicación y la unificación de las instituciones estatales, entre otras muchas.

Un país partido en dos

Tras el alto al fuego de octubre de 2020, la comunidad internacional tenía esperanzas de que Libia se encaminara hacia la paz. En 2021, el Foro de Diálogo Político Libio (FDPL), respaldado por la ONU, estableció un Gobierno de Unidad Nacional provisional, liderado por Abdelhamid Dbeibé, cuya misión principal era organizar elecciones nacionales en diciembre de ese año. Sin embargo, las tensiones entre el GUN y el LNA, así como las divisiones internas en ambos campos, hicieron imposible celebrar los comicios.

El LNA, que controla el este de Libia desde Bengasi y parte del sur, se opuso a la extensión del mandato de Dbeibé, acusándolo de usar su posición para consolidar su poder en Trípoli. En febrero de 2022, el Parlamento, aliado de Haftar, designó a Fathi Bashagha como primer ministro alternativo, creando un gobierno paralelo en la ciudad de Sirte. Este movimiento consolidó aún más la división administrativa de Libia y puso en peligro la frágil estabilidad lograda tras el alto al fuego.

Recursos petroleros: el epicentro de las disputas

El petróleo, el principal recurso de Libia, es la piedra angular de su economía y una fuente constante de conflicto entre el GUN y el LNA. Aunque ambos bandos han logrado acuerdos temporales sobre la producción y exportación de petróleo, las disputas sobre la distribución de los ingresos son constantes.

Por ejemplo, en 2022, el GUN accedió a pagar los salarios de las fuerzas del LNA para garantizar la reanudación de la producción en yacimientos controlados por Haftar. Sin embargo, estos acuerdos informales no han resuelto la cuestión fundamental de cómo distribuir equitativamente los recursos nacionales. La rivalidad por el petróleo no solo perpetúa la crisis económica, sino que también alimenta el conflicto político y militar.

La injerencia internacional

La situación de Libia se complica aún más por la intervención de actores externos, que buscan proteger sus propios intereses estratégicos y económicos. Desde 2019, el conflicto civil se ha internacionalizado, con Turquía, Rusia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y otros países involucrados en el conflicto.

Turquía respalda al GUN, suministrando drones y mercenarios, la mayoría de ellos sirios reclutados por Turquía que provienen de grupos armados que originalmente lucharon en la guerra civil siria contra el régimen de Bashar al-Assad. Algunos de estos grupos eran parte del Ejército Libre Sirio (FSA, por sus siglas en inglés), la coalición rebelde apoyada por Turquía, Estados Unidos y otros actores occidentales en los primeros años del conflicto, para contrarrestar al LNA. Con el tiempo, muchos de estos combatientes se reorganizaron bajo nuevas estructuras controladas por Turquía, como el llamado Ejército Nacional Sirio (SNA). Este grupo, aunque oficialmente sirio, depende en gran medida del apoyo militar, financiero y logístico de Ankara.

Por su parte, Rusia apoya a Haftar a través del Grupo Wagner, cuyos mercenarios están desplegados en las regiones orientales y meridionales. Aunque estos actores externos han evitado una escalada directa, su apoyo a las facciones libias perpetúa la división y dificulta una solución política.

Libia es clave para las rutas marítimas del Mediterráneo y es una fuente importante de petróleo para Europa. Esta realidad ha llevado a potencias como Italia y Francia a intervenir diplomáticamente y, en ocasiones, militarmente para proteger sus intereses energéticos. Sin embargo, estas intervenciones han sido insuficientes para resolver las raíces del conflicto y, en cambio, han consolidado la dependencia de Libia de actores externos.

Las consecuencias para la población

El conflicto entre el GUN y el LNA ha generado una crisis humanitaria severa. La población civil, atrapada en el fuego cruzado de las facciones rivales y las ambiciones de actores internacionales, ha sufrido un deterioro significativo en su calidad de vida.

La violencia persistente ha provocado el desplazamiento de aproximadamente 800,000 personas internamente desde 2011, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Aunque los niveles de desplazamiento disminuyeron tras el alto al fuego de 2020, muchos libios aún no pueden regresar a sus hogares debido a la inseguridad y la destrucción de infraestructura. 

Además, Libia sigue siendo un punto de tránsito clave para miles de migrantes de África subsahariana que buscan llegar a Europa, muchos de los cuales enfrentan abusos y explotación en campos de detención gestionados por milicias o actores estatales.

La falta de un Estado funcional también ha llevado a un colapso en la capacidad de respuesta ante las necesidades de los desplazados. Los refugios improvisados carecen de recursos básicos como agua potable, saneamiento y acceso a atención médica, lo que agrava las condiciones ya precarias. Un ejemplo de un centro de migrantes en Libia donde se han documentado abusos graves es el centro de detención en Al-Kufra. Allí, refugiados y migrantes han sido sometidos a condiciones inhumanas, incluyendo detención arbitraria, trabajo forzoso, torturas y violencia sexual. Según informes de Amnistía Internacional, muchos migrantes enfrentan un ciclo de abusos sin salida, ya que quienes intentan escapar hacia Europa son devueltos a Libia, exponiéndose nuevamente a estas situaciones.

El sistema de servicios públicos de Libia, que ya era limitado bajo Gaddafi, ha colapsado casi por completo debido al conflicto prolongado. Actualmente, gran parte de la población enfrenta cortes de electricidad diarios que duran entre 8 y 12 horas, incluso en ciudades principales como Trípoli y Bengasi. Estas interrupciones afectan tanto a los hogares como a las infraestructuras críticas, incluidos hospitales y plantas de tratamiento de agua.

La falta de agua potable es otro problema grave. Más del 30% de los libios tienen dificultades para acceder a agua segura debido al deterioro de las redes de suministro y al control de las fuentes por parte de facciones armadas. Esto ha llevado al aumento de enfermedades transmitidas por el agua, especialmente en comunidades desplazadas y áreas rurales.

El sector sanitario de Libia está al borde del colapso. Hay una gran cantidad de hospitales y clínicas del país están fuera de servicio o funcionan a una capacidad mínima. La falta de financiación, el éxodo de personal médico calificado y los constantes ataques a instalaciones de salud han reducido drásticamente el acceso a atención médica adecuada.

Las enfermedades crónicas, las emergencias médicas y los brotes de enfermedades infecciosas son manejados con recursos mínimos. En 2021, se registró un aumento significativo en casos de tuberculosis, se estimaron alrededor de 4,000 casos de tuberculosis en Libia, con una incidencia de 59 casos por cada 100,000 personas, y otras enfermedades prevenibles debido a la falta de vacunas y medicamentos esenciales. Además de todo esto se estima que el número de personas discapacitadas en Libia está entre el 2,9% y el 14,3% de la población, con muchas discapacidades, como mutilaciones, amputaciones, parálisis o enfermedades mentales derivadas de la vida dentro de la guerra.

La economía de Libia, que depende casi exclusivamente del petróleo, se encuentra en un estado crítico. Aunque las exportaciones de crudo han continuado gracias a acuerdos informales entre el GUN y el LNA, los beneficios no llegan a la población general. El desempleo supera el 20%, y más del 30% de los libios vive por debajo del umbral de pobreza, según estimaciones recientes del Banco Mundial.

La dependencia de las redes de economía informal, muchas de las cuales están controladas por milicias, ha generado una sociedad fragmentada donde los ciudadanos comunes tienen pocas oportunidades de mejorar su situación económica. El contrabando, la corrupción y el clientelismo son prácticas generalizadas que perpetúan la desigualdad.

Más de una década de conflicto ha dejado profundas cicatrices psicológicas en la población. Los niños, que representan una proporción significativa de la población libia, han crecido en un entorno marcado por la violencia, el desplazamiento y la falta de acceso a una educación de calidad. Según UNICEF, más del 15% de las escuelas están dañadas o inoperativas, dejando a miles de niños sin acceso a educación formal.

Además, la fragmentación política y la inseguridad han debilitado la cohesión social, alimentando la desconfianza entre comunidades y pueblos. Por ejemplo, los conflictos entre las comunidades de Tebu y Tuareg en el sur de Libia han sido exacerbados por la falta de un estado central fuerte. Estas tensiones se remontan a conflictos anteriores por el control de los recursos y el poder, y se han vuelto más violentas en un contexto de inseguridad y vacío de autoridad. Los Tebu, predominantemente ubicados en el sur, han enfrentado exclusión y discriminación en comparación con otras comunidades, como los Warfalla y los Qadhadhfa, que tradicionalmente han apoyado a las facciones rivales en el poder. Esto no solo dificulta la reconciliación nacional, sino que también exacerba las tensiones locales que pueden convertirse en conflictos abiertos.

La falta de gobernanza efectiva ha permitido la consolidación de una clase dirigente que opera a través de redes corruptas. Tanto el GUN como el LNA han sido acusados de aprovecharse de los recursos del estado para sus propios fines, mientras que las necesidades de la población quedan relegadas. Ahmed Maiteeq, vicepresidente del Gobierno de Unidad Nacional (GUN), y Abdurrahman Swihli, miembro clave del Consejo de Estado, son ejemplos de cómo estas figuras han explotado su posición para controlar contratos gubernamentales y manejar fondos sin una supervisión adecuada. Esto ha fomentado la proliferación de prácticas corruptas, donde el enriquecimiento personal y el fortalecimiento del poder político han sido prioritarios sobre el bienestar público.

Por otro lado, los procesos de negociación han excluido en gran medida a actores locales, como líderes comunitarios y representantes de la sociedad civil, lo que alimenta una creciente desconfianza hacia las instituciones políticas. Esta exclusión refuerza la percepción de que el conflicto beneficia únicamente a las élites políticas y económicas, mientras que el ciudadano común paga el precio más alto.

¿Qué puede ocurrir en un posible futuro en Libia?

A pesar de los repetidos intentos de organizar elecciones, la falta de consenso entre el GUN y el LNA ha impedido avanzar hacia una solución política sostenible.  En 2018, se intentó organizar elecciones presidenciales, pero estas fueron canceladas debido a los mismos problemas políticos y la falta de consenso sobre la constitución y el marco legal necesario para el proceso electoral. De hecho, las elecciones continuaron siendo pospuestas en 2022 y ahora se espera que se celebren hasta 2025, si es que las condiciones de seguridad y los conflictos políticos lo permiten.

Para salir del estancamiento en Libia, es fundamental abordar una serie de desafíos que han perpetuado la crisis política. La unificación de las fuerzas armadas es esencial para consolidar la estabilidad, ya que las milicias y las fuerzas paralelas representan un obstáculo significativo. Además, es crucial avanzar hacia una descentralización del poder que permita una distribución equitativa de los recursos y que mitigue las tensiones regionales existentes. La mediación internacional también juega un papel clave; las potencias extranjeras deben coordinarse en un marco que priorice los intereses del pueblo libio sobre las influencias geopolíticas. La ONU y otros actores internacionales deben facilitar un diálogo inclusivo, pero la solución duradera sólo puede surgir de un liderazgo libio comprometido a priorizar el interés nacional sobre las divisiones internas y las injerencias externas.

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Henrietta Dagoma mira con una sonrisa tierna de quien acepta una buena compañía. A sus 60 años, no suele recibir muchas visitas. La mujer está en el porche de su casa en la ciudad de Kakata, Liberia, lavando unas hojas en un barreño. Luce un turbante blanco que le cubre el cabello, una camisa morada y un pareo de tela wax atada a modo de pantalón. Por debajo, a la altura de los tobillos, asoman sus piernas. Están hinchadas, como si el riego sanguíneo no hubiese llegado y hubiesen formado unos trombos irreversibles. “Intento caminar un poco todos los días porque si no es peor, pero me duele bastante”, dice. Cada día se toma un analgésico para aliviar el dolor y el único calzado que puede llevar son unas sandalias.

Su vida cambió hace diez años. Henrietta estaba lavando la ropa en el río cuando empezó a notar un cosquilleo en los pies. Su madre le dijo que probablemente era del tiempo de estar de pie con el agua fría, pero a los días el cosquilleo se tornó en dolor. Ella hizo lo que debía: ir al hospital. Allí le hicieron una analítica, un test de riñones y otro de rayos X, pero dijeron que no habían encontrado ningún problema específico.

Sin medicación, sus piernas fueron haciéndose grandes, reduciendo su movilidad a diario y su vida social. “No me siento libre”, dice Henrietta. La señora admite que muchos vecinos y amigos dejaron de hablarla temiendo que hubiese sido condenada por un embrujo. Otros directamente se reían de ella al verle con esos pies. “He perdido muchos amigos, no me queda prácticamente ninguno”, admite.

Henrietta no supo que tenía hasta que Augustine Flomo la vio hace un año. Flomo es el encargado del condado de Margibi del Ministerio de Salud de Liberia para las Enfermedades Tropicales Desatendidas. En cuanto la vio, supo que sufría un linfedema fruto de la filiarisis linfática. Flomo le explicó a Henrietta que su enfermedad se produce por la transmisión de unos parásitos denominados filarias a través de los mosquitos, y que probablemente le ocurriera mucho antes de comenzar a notar los síntomas.

El periodo de incubación hasta que hay síntomas clínicos es muy largo y aunque depende del sistema inmune de cada persona, suele llevar de seis a ocho años”, explica Abraham Nyinva, que asegura que muchos los contraen en la infancia. Él es el coordinador de la filiarisis linfática a nivel nacional en Liberia dentro del Ministerio de Salud, un programa que cuenta con la financiación y el apoyo de la Fundación Anesvad. Nyinva ha conocido muchos casos como el de Henritetta. En Liberia la filiariasis linfática es endémica en 13 de las 15 regiones y su objetivo es asegurar que puedan erradicarla intentando prevenirla. 

Los gusanos filiformes Wuchereria bancrofti causan el 90% de los casos de la filiarisis linfática. Lo que hacen es que se alojan en los vasos linfáticos y producen millones de larvas conocidas como microfilarias que se expanden por el cuerpo a través de la sangre. Esos mosquitos se infectan cuando ingieren la sangre de otro portador y lo van pasando.

Al tener un periodo de incubación tan largo, mucha gente no sabe que tiene la enfermedad hasta que esta se hace visible. Muchas personas directamente nunca sabrán que la tienen porque a menudo las infecciones son asintomáticas, sin signos en la piel, aunque sí que contribuyen a transmitir la filariasis linfática a otras personas si les pica un mosquito y son portadores.

Además, aunque no sufran las peores consecuencias físicas, afectan al sistema linfático, los riñones y dañan el sistema inmunitario. Sin embargo, hasta 36 millones de personas en el mundo son como Henrietta y sufren algún síntoma crónico de la enfermedad. Principalmente son dos: el linfedema o hidrocele. El primero es lo que sufre Henrietta y que ha sido mal llamado elefantiasis o pie de elefante, que es cuando se hinchan los tejidos y la piel. El segundo es común en hombres y causa la tumefacción del escroto, que se ensancha y vuelve enorme.

¿Tiene solución? La más rápida es prevenir la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud en conjunto con los ministerios de salud en cada país aplican la quimioprofilaxis a 657 millones de personas en 39 países donde es endémica la filariasis linfática. En Liberia alrededor de dos millones de personas toman albendazol dos veces al año y el mayor problema para su erradicación es que mucha gente se pregunta por qué se tiene que tomar una pastilla si no está enferma. “Algunos años hay personas que la rechazan por eso o porque sufren efectos secundarios como sudores, vómitos… hay que concienciar cada año”, asegura Nyinva desde el Ministerio de Salud.

El problema es que una vez se ha manifestado como enfermedad crónica, no hay vuelta atrás. Aunque la filiariasis linfática no cause la muerte, Henrietta ya va a tener que vivir con el linfedema. “Algunos días me desanimo al ver la vida pasar aquí sentada”, admite Henrietta.

Aún así, su vida ha cambiado desde que el Ministerio de Salud descubrió su caso. Cuando en Liberia encuentran a una persona con un estado desarrollado como el suyo, las indicaciones son darles un cubo con material para llevar mejor la enfermedad: en él se encuentran toallas así como instrucciones para lavarse bien el pie con agua caliente al menos tres veces al día y mantenerlo en alto siempre que sea posible. Además, se añade una crema que se debe aplicar entre los dedos para prevenir la aparición de hongos que empeoren la situación.

El cubo es una parte, pero lo más importante es el apoyo moral. Henrietta participa el segundo domingo de cada mes en una reunión de grupo con personas con linfedema como ella. En total son diez personas en su condado. “Ves que no tienes que tener vergüenza, que debes tener coraje”, dice Henrietta. “Me ha hecho sentir que no estoy sola, he empezado a sentirme libre”.

Este reportaje ha contado con financiación de la Fundación Anesvad. La Fundación Anesvad trabaja para la erradicación de las Enfermedades Tropicales Desatendidas en Liberia y otros países endémicos de África.

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Las raíces del panarabismo se pueden rastrear hasta el siglo XIX, cuando los intelectuales árabes fueron influenciados por las corrientes de nacionalismo y reforma que se estaban dando en una Europa que experimentaba el surgimiento de diversas ideologías. Esto, en un contexto en que muchos territorios árabes estaban bajo el dominio del Imperio Otomano. Durante este siglo tuvo lugar la Nahda (que se traduciría como “levantamiento”), un renacimiento cultural de la identidad y lengua árabe. De ello constituyeron parte intelectuales como Jurji Zaydan o Butrus al-Bustani, quienes promovieron la literatura e historia árabes, empezando así a generar un sentido de unidad.

Otra serie de intelectuales movieron esta identidad colectiva al ámbito político. Uno de ellos fue Abdul Rahman al-Kawakibi, quién criticó el dominio otomano y abogó por el resurgimiento del liderazgo y la cultura árabes en el mundo islámico, imaginando un califato liderado por los árabes. También estaba Sati' al-Husri, a menudo considerado el padre intelectual del panarabismo, quien desarrolló el marco nacionalista moderno. Sus obras influyeron mucho en los movimientos nacionalistas árabes a lo largo del siglo XX.

Los árabes africanos ya habían sido colonizados por los europeos durante el siglo XIX. La revuelta árabe (1916-1918), encabezada por figuras como Sharif Hussein de La Meca, estuvo inicialmente inspirada por promesas de independencia en los dominios otomanos. Sin embargo, el acuerdo de posguerra, que ignoró las aspiraciones árabes, subrayó la necesidad de una acción colectiva,especialmente debido al acuerdo de Sykes-Picot y la declaración Balfour. La creación de partidos nacionalistas árabes, como el Partido Baaz en la década de 1940, reflejó estas ideas. Fundado por Michel Aflaq, Salah al-Din al-Bitar y otros, el movimiento Baaz se resume bajo su lema "Unidad, Libertad, Socialismo".

Bases ideológicas

Durante la década de 1940 se acabó de definir las bases ideológicas del panarabismo. Estas se pueden agrupar en tres ideas principales:

1. La primera es que los países árabes tienen que desvincularse de sus metrópolis coloniales y empezar a entablar lazos de unión entre ellos para volverse más resilientes. 

2. El segundo aspecto importante sería que, durante el contexto de la Guerra Fría tendrían que mantenerse dentro de la idea del Tercer mundo conjuntamente con otros estados en vías de desarrolllo y pertenecer al Non-aligned movement. 

3. Finalmente también se dió la adopción de ciertas ideas propias del marxismo, configurando un socialismo árabe mediante el que diversos recursos pasarían al control del estado. Véase así pues el mejor ejemplo de ello en la nacionalización del Canal de Suez.

El Movimiento de No Alineados

Debido a estas ideas, el panarabismo encontró rivales ideológicos dentro del propio mundo árabe. Especialmente con los nacionalismos propios de cada uno de los estados árabes y también con las corrientes islamistas al considerar que en materia de identidad la pertenencia a la fé islámica es lo más importante.

Nasser y la popularización del panarabimo

El ascenso del panarabismo alcanzó su cenit durante el liderazgo del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser (1954-1970), quien se convirtió en el símbolo más destacado del movimiento. La visión de Nasser de la unidad árabe fue impulsada por su oposición al colonialismo, su compromiso con la modernización y su atractivo carismático en todo el mundo árabe. La nacionalización egipcia del Canal de Suez en 1956 simbolizó la resistencia a la dominación occidental, galvanizando el orgullo árabe y el apoyo a su liderazgo. La posterior crisis de Suez, en la que Gran Bretaña, Francia e Israel se vieron obligados a retirarse bajo presión internacional, consolidó la reputación de Nasser como defensor de la soberanía árabe. 

En 1958, Nasser encabezó la creación de la República Árabe Unida (RAU), una unión política entre Egipto y Siria, como un experimento de panarabismo. Aunque la UAR se disolvió en 1961, marcó el punto culminante de los esfuerzos por unificar a las naciones árabes bajo una identidad compartida. El panarabismo de Nasser mezcló el socialismo con el nacionalismo árabe, enfatizando la modernización económica y la igualdad social. Sus políticas y retórica inspiraron movimientos en toda la región como la independencia de Argelia, pero también provocaron tensiones con las monarquías conservadoras.

El panarabismo en el siglo XXI

El último intento de lograr la unidad soberana entre pueblos árabes fue por Muammar al-Gaddafi, quién planteó la posibilidad de una unión con Egipto, luego Túnez y finalmente incluso Marruecos. Sus esfuerzos no fructiferaron y el mandatario libio fue derrocado en la Guerra de Libia de 2011 tras las sublevaciones durante la Primavera Árabe.

A partir de ahí el panarabismo ha ido perdiendo terreno frente a otros modelos de nacionalismo local, pero sobretodo por el islamismo. Véase por ejemplo la influencia de la comunidad chií en algunos estados de Oriente Medio o del adueñamiento por parte de Hamás de la Franja de Gaza.

Sin embargo, la Liga Árabe se sigue inspirando en los ideales panarabistas de solidaridad y colaboración. Su fundación en 1945 reflejó aspiraciones de integración política, cultural y económica en consonancia con la visión del panarabismo de unidad árabe. Si bien la Liga Árabe proporcionó una plataforma para el diálogo y la acción colectiva, sus estados miembros a menudo priorizaron los intereses nacionales sobre los objetivos panarabistas, lo que ha limitado una unificación más profunda. No obstante, la Liga es un medio para iniciativas compartidas y expresa un deseo más amplio de independencia regional y cooperación en asuntos internacionales.

¿Qué queda de la Liga Árabe?

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En una aldea en Darfur a principios del siglo XXI, el sonido de los aviones del ejército rompe la tranquilidad de la mañana. Las bombas caen sin discreción. Cuando los vecinos huyen corriendo fuera de su pueblo, decenas de combatientes a caballo les esperan y les disparan. Tras acabar con los que intentaban huir, entran y arrasan la población, saqueando lo que encuentran. A los hombres les disparan al momento, las mujeres y niñas son víctimas de violaciones y otras atrocidades. El objetivo es causar el mayor terror posible. Antes de marcharse, reducen la aldea a cenizas para no dejar rastro y que no puedan regresar a ella.

Los perpetradores de esta masacre son las conocidas como milicias Janjaweed, traducible como algo así como “diablos a caballo” o “jinetes del infierno”. Su cuerpo de élite se hacía llamar Fuerzas de Apoyo Rápido, un nombre que sigue resonando en la actualidad. En su inmensa mayoría, son miembros de las tribus árabes baggara, y el gobierno sudanés las utilizaba como carne de cañón para combatir la insurgencia de distintos grupos armados de Darfur que luchaban contra la administración de Jartum. La Corte Penal Internacional (CPI), estimó en más de 300.000 personas las fallecidas entre 2003 y 2008, aunque algunas organizaciones aumentan esas cifras.

En un momento en el que el uso del término genocidio se encuentra en boca de todos la acusación formal contra el presidente israelí, Benjamín Netanyahu, por sus actos en Palestina y la represión del régimen caído de Bashar Al-Assad en Siria; es importante trazar paralelismos con acontecimientos similares que ocurren en el continente africano. ¿Qué es un genocidio? ¿Cuáles ocurren en África? 

Dentro de la definición clásica promovida y aceptada por la Organización de Naciones Unidas, un genocidio son los “actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. La palabra genocidio viene del griego genos, que implica un conjunto natural de familias unidas a un antepasado común, y se asocia a la comunidad, etnia o raza; y el latín cide, que significa matanza y fue utilizada por primera vez en 1944 por el abogado polaco Raphäel Lemkin. En 1948 se aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y desde 2015 la ONU designó oficialmente el 9 de diciembre el Día Internacional de Conmemoración y Dignidad de las Víctimas del Delito de Genocidio y de la Prevención.

A la hora de hablar de genocidios en África la cobertura todavía lleva al genocidio contra los tutsis en Ruanda en 1994, pero en esa definición encajan muchos de los conflictos armados actuales en el continente. Aquí sacamos tres a colación para explicar sus diferencias y por qué podemos o no hablar de genocidios: Darfur en Sudán, Tigray en Etiopía y el Kivu Norte en República Democrática del Congo.

Ruanda: el agujero negro en la historia

La historia se repite en Darfur

Darfur fue considerado con el llamativo calificativo de “primer genocidio del siglo XXI”. Las víctimas fueron las poblaciones negras del occidente sudanés, principalmente de los pueblos fur, massalit y zaghawa. Las brutales imágenes del genocidio de 1994 en Ruanda y la inacción internacional ante ellas permanecían en la memoria de gran parte de la sociedad mundial, por lo que los acontecimientos en Darfur consiguieron llamar la atención pública de los países occidentales. 

En Estados Unidos, una manifestación de más de 100.000 personas recorrió las calles de Washington exigiendo a su gobierno tomar medidas y la participación de grandes estrellas de Hollywood como Angelina Jolie o Brad Pitt consiguió atraer a los grandes medios de comunicación hacia lo que ocurría en el continente africano.

Dos décadas después, unos acontecimientos extremadamente parecidos ocurridos en el mismo lugar no utilizan el término genocidio. Hablamos de la guerra civil en Sudán que enfrenta a las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) desde abril de 2023. En ella los “jinetes del infierno” reconvertidos bajo las siglas de las RSF han vuelto a cometer atrocidades similares en Darfur y en otros territorios de Sudán, pero no se esquiva el término genocidio.

Explainer: las Fuerzas de Apoyo Rápido

A pesar de las evidencias, los grandes organismos internacionales se niegan a definir como genocidio lo que ocurre en Darfur. Los más atrevidos hablan de “indicios de”, pues reconocerlo como tal obligaría a tomar medidas y a señalar la responsabilidad de un gran aliado occidental en el Golfo Pérsico en Emiratos Árabes Unidos.

A pesar de ello, organizaciones de derechos humanos llevan meses hablando abiertamente de una campaña generalizada de limpieza étnica en Darfur, un crimen íntimamente relacionado con el de genocidio, pero que, a diferencia de este, se dirige de forma específica contra un grupo étnico y no tiene por qué implicar el asesinato masivo de un grupo de población, sino solo su expulsión o reasentamiento forzoso. 

Sudán: ¿qué pasa y por qué?

Las tácticas de las RSF siguen ese objetivo, lo que no deja de ser un intento de acabar el trabajo iniciado a principios de siglo. A menudo, en sus incursiones en los poblados de Darfur, los miembros de las RSF suelen dirigirse a la población negra como “esclavos”, un modo de humillarles y recordarles los siglos de esclavitud por parte de las élites árabes. De forma habitual, estas incursiones terminan con la quema completa de los poblados tras obligar a su población a huir, una táctica que busca evitar que regresen.

Un informe del Centro para la Resiliencia de la Información en abril de 2024 concluía que las RSF habían destruido más de 200 comunidades desde el inicio de la guerra. Causar el mayor terror posible es una de las estrategias que permiten la expulsión de la población. En noviembre de 2023, la ciudad de Ardamata fue testigo del uso brutal de esta táctica por parte de las RSF, cuando estas irrumpieron en la ciudad, la saquearon y abusaron de su población. El saldo fue de más de 800 muertos en menos de una semana y los cadáveres en descomposición se amontonaron durante semanas. La inmensa mayoría de la población había huido.

Un año de la nueva guerra en Sudán

A menudo más sutil e invisibilizada, la violencia sexual también es utilizada como un arma de guerra y genocidio. Decenas de mujeres y niñas han sido violadas por miembros de las RSF y también se han registrado casos del uso de menores como esclavas sexuales. “Deberíamos violarlas hasta que den a luz a nuestros hijos”, recuerda Nura que dijeron los hombres que estaban a punto de violarla. Su testimonio forma parte de las decenas recogidos en el informe “Los Massalit no regresarán a casa” publicado por Human Rights Watch y en cuya extensa investigación se constata que las violaciones se encuentran específicamente dirigidas hacia miembros de este pueblo.

En Tigray, un apagón deliberado

Si la reanudación del genocidio de Darfur dos décadas después sigue sin considerarse como tal excusado por un conflicto civil entre dos bandos, la situación Tigray o en el este de la República Democrática del Congo es más difícil todavía de definir.

Considerar o no a un determinado acontecimiento como un genocidio tiene una enorme carga política, legal y ética, por lo que no queda al margen de intereses particulares. Un debate muchas veces estéril para las poblaciones que lo sufren, pues las matanzas indiscriminadas y la destrucción generalizada se encuentran muy presentes en ambas guerras, más allá de su denominación.

El mediador de la Unión Africana estima en más de 600.000 personas muertas durante la guerra en Tigray, lo que supone un 10% de su población antes de iniciarse las hostilidades en noviembre de 2020. De este modo, puede considerarse como el conflicto más mortífero en lo que llevamos de siglo. La guerra entre el Ejército federal etíope y el Frente de Liberación Popular de Tigray contó con la participación directa de milicias de la comunidad Amhara y del Ejército de Eritrea, acusadas ambas de perpetrar una limpieza étnica contra el pueblo tigriña.

Reportaje: Tigray, una guerra inacabada

Durante meses, la población de Tigray sufrió un intenso bloqueo que impidió la entrada de ayuda humanitaria y la intensa destrucción de su infraestructura civil básica. Actos como estos están específicamente dirigidos hacia la población civil, lo que indica una intención directa de destruir a todo un grupo de población mediante el uso de la hambruna como un arma de guerra, un elemento considerado como un genocidio. La situación humanitaria ha sido especialmente grave en Tigray occidental, que sigue ocupada por milicias Amhara y miembros del Ejército eritreo a pesar de la firma del acuerdo de paz. Esta región sufrió algunas de las peores matanzas de la guerra y miles de personas se vieron obligadas a huir sin que hayan podido regresar aún a sus hogares.

Las tácticas más habituales de una limpieza étnica han sido ampliamente utilizadas en Tigray, lo que incluye la deshumanización de su población a través del lenguaje. En Ruanda en 1994 los hutus más radicales trataban de “exterminar a las cucarachas”; en Palestina algunos israelíes les refieren como “bestias no humanas”; y en Tigray altos cargos etíopes y eritreos han utilizado ampliamente expresiones como “cáncer” o “ratas” para referirse a los miembros de este pueblo. Este vocabulario explícito busca despojar de humanidad al enemigo, una estrategia calculada para crear un sujeto indigno de la menor empatía.

Otra arma habitual en un genocidio practicada en Etiopía ha sido la violencia sexual. En 2021, un informe de Amnistía Internacional señalaba directamente a las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía, las Fuerzas de Defensa de Eritrea, la Policía Especial de la Región de Amhara y a las milicias Fano de estar utilizando la violencia sexual de forma sistemática contra mujeres y niñas tigrayenses. “Los tigriñas deben desaparecer de estos territorios, estamos limpiando vuestra sangre”, asegura que le dijeron una víctima tigriña de los testimonios que recoge el informe. El objetivo era crear el mayor daño físico y psicológico que durase el mayor tiempo posible. Comunidades enteras fueron obligadas a presenciar las violaciones de sus familiares e incluso se les obligó a perpetrarlas a ellos mismos.

En R.D. Congo, una complejidad añadida con muchos actores

La ingente cantidad de grupos armados que operan en el este de R.D. Congo y la multiplicidad de los numerosos conflictos interrelacionados añade un grado más de complejidad a su definición. Muchas de las dinámicas que ocurren hoy en el este del país están vinculadas a las de otro genocidio, el ocurrido en Ruanda en 1994 contra la población tutsi, cuando muchos de sus perpetradores hutus cruzaron la frontera tras la ofensiva del Frente Patriótico Ruandés. R.D. Congo se convirtió entonces en el escenario de la venganza del nuevo gobierno ruandés, quién no distinguió a los verdaderos actores del genocidio del resto de la comunidad hutu en sus acciones de represalia.

Desde entonces, muchas de las matanzas ocurridas en este territorio se han dirigido contra comunidades específicas, lo que incluye tanto a hutus y tutsis como otros pueblos como los hema o los lendu, lo que sugiere un intento de erradicación de ciertos pueblos. Sin embargo, como en tantos otros conflictos, reducir la extrema violencia del conflicto a motivaciones étnicas carece de sentido. Más bien esta se instrumentaliza en beneficio de ciertas élites, ya sea con motivaciones políticas, por el control de recursos o tantos otros motivos, siendo la inmensa mayoría de la población civil ajena a estas dinámicas. 

El caso del Congo es especialmente significativo, pues cada uno de los más de 200 grupos armados que se calcula que actúan en este territorio cuentan con una agenda propia, en ocasiones relacionada con la de gobiernos extranjeros. Sin embargo, la violencia contra las mujeres también es utilizada aquí de forma sistemática como una herramienta de terror y de control social. La humillación y estigmatización infringidas a las víctimas de violaciones, buscan desintegrar el tejido social y la cohesión comunitaria, creando las condiciones para su huida y desarraigo.

Un genocidio es difícil de certificar

Como conclusión, podemos afirmar que en los tres casos analizados subyacen intenciones genocidas. Todos incluyen la eliminación de grupos específicos de población entre sus dinámicas, y muchos de ellos cuentan con prácticas propias de un genocidio: la deshumanización en el vocabulario hacia una comunidad; la violencia sexual hacia mujeres y niñas; la búsqueda de crear desarraigo quemando poblaciones enteras y el objetivo de crear un daño físico y psicológico que se prolongue el mayor tiempo posible.

Sin embargo, ningún conflicto o limpieza étnica se considera legalmente un genocidio hasta que un individuo o un Estado es juzgado y condenado por haber demostrado la intención de cometerlo. Es decir, se tiene que probar que se ha intentuido “destruir total o parcialmente” una comunidad entera, de ahí que sea tan difícil de prosperar esa acusación y de que se acabe definiendo como genocidio un conflicto.

Ojo, que hayan genocidios en África no es único al continente. Es importante huir de consideraciones racistas y denunciar que estos actos no son inherentes a las características de los pueblos africanos, como lo demuestran el genocidio Nazi contra los judíos y otras minorías, el de los armenios por parte de Turquía, más recientemente en Azerbaiyán o el actual genocidio en Gaza. 

Atribuir estas tragedias exclusivamente a África sería, aparte de erróneo, una forma de perpetuar prejuicios que ignoran la complejidad de estos eventos. Más bien cabría preguntarnos qué lleva al ser humano a planificar y ejecutar la destrucción de comunidades enteras de nuestra propia especie.

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Hace 140 años se sentaron en una mesa larga y ovalada unos señores dirigentes, herederos de imperios y monarquías europeas. Todos eran blancos, trajeados y bigotudos.  Debatían sobre un mapa de África que descansaba en el centro de la mesa. No conocían a sus gentes, no habían pisado sus terrenos, pero discutían sobre cómo iban a repartírsela.

La Conferencia de Berlín fue la reunión que se celebró entre el 15 de noviembre de 1884 y el 26 de febrero de 1885 en la capital alemana y en la que se juntaron trece potencias europeas y Estados Unidos para fijar las reglas de la colonización del continente africano. Esta asamblea tuvo un impacto mínimo en la creación de las fronteras actuales, pero significó el punto de partida para la conquista efectiva del territorio.

Contexto de la época: ¿por qué llegó a darse la reunión?

A finales del siglo XIX, la Segunda Revolución Industrial en Europa estaba en marcha. Era la época del imperialismo y la expansión colonial. Los europeos se lanzaron a conocer el territorio africano en campañas de exploración como las de Henry Morton Stanley, que recorrió el Congo entre 1874 y 1877; las de David Livingstone, el italiano nacionalizado francés Pierre Savorgnan de Brazza, René Caillié o Mungo Park.

En África, existían diversas sociedades que no tenían la forma del Estado-nación europeo, pero eran formas de poder locales, como el imperio ashanti, el Reino de Dahomey o el Sultanato de Zanzíbar.

Reinos precoloniales de África

Hasta principios de 1880, el conocimiento de los europeos sobre el continente africano se limitaba a las costas. En pleno auge de la industrialización, se habían dado cuenta de que necesitaban ese interior del territorio africano para conocer nuevos mercados y tener un espacio para acoger el gran incremento demográfico que se estaba dando en Europa.

En ese deseo de las fuerzas coloniales por la conquista, que había exacerbado el nacionalismo, había surgido un conflicto entre naciones europeas. Con el objetivo de impedir futuras guerras y de que no afectara a las relaciones entre los países europeos, se convocó la Conferencia de Berlín.

¿Quién la organiza y quiénes participaron?

La cita en Berlín fue organizada por Otto von Bismarck, canciller del Imperio Alemán. Von Bismarck dirigía el nuevo gran poder que había surgido en Europa tras su victoria en la guerra franco-prusiana y deseaba evitar que se alterara el equilibrio de poder en el Viejo Continente.

En la Conferencia de Berlín participaron 14 naciones: El Imperio Alemán; el Imperio de Austria-Hungría; el Imperio Otomano; el Imperio Ruso; el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda; y los reinos de Italia; Portugal; España; Bélgica; Dinamarca; Países Bajos; Suecia y Noruega, así como la República Francesa y los Estados Unidos de América.

Algunos de los firmantes no tuvieron colonias, pero tenían intereses en la región, como en su apertura al comercio.

¿Qué se decidió?

La Conferencia fijó las normas de la colonización. Allí se redactó de manera legal el fundamento de la colonización: la misión civilizatoria. Es decir, bajo el pretexto de que no eran pueblos “civilizados”, había que colonizarlos.

En primer lugar, la reunión estableció el principio de ocupación efectiva: los Estados debían tener un control real y efectivo para reclamar un territorio. Esto propició que se hicieran acuerdos entre europeos y autoridades locales, pero estos muchas ocasiones fueron firmados bajo coacciones, amenazas o falsedades.

Además, se fijó la libre navegación y comercio en las cuencas del río Congo y del río Níger. La idea era permitir la circulación de productos europeos y africanos sin imponer aranceles o restricciones para favorecer la expansión económica europea. Esto beneficiaba especialmente a los países sin acceso directo a colonias africanas costeras o territorios dentro del continente, permitiéndoles participar en el comercio sin necesitar posesiones coloniales en la región.

Se fijó también la prohibición de la esclavitud y del comercio de esclavos, así como la neutralidad de los territorios dentro de la cuenca del Congo: las potencias firmantes acordaron respetar esta neutralidad en tiempos de guerra. Si surgían disputas entre potencias europeas, se comprometieron a recurrir a la mediación y el arbitraje antes de acudir al conflicto armado.

El acta estableció la necesidad de proteger a las poblaciones indígenas y mejorar sus condiciones materiales y morales. Además, las potencias acordaron promover misiones y organizaciones religiosas y científicas en estos territorios.

La Conferencia no tuvo impacto en la creación de las fronteras, en el sentido de fijar y trazar líneas, pero inició el camino para que los poderes coloniales lo hicieran. Las potencias europeas reconocieron el Estado Libre del Congo como posesión personal del rey Leopoldo II. Aunque no se incluyera en el Acta General, se formó unos meses después de la conferencia.

Lo que trajo Berlín

El reparto de África había comenzado con las campañas de exploración años antes, pero la Conferencia de Berlín sirvió para regular las normas de ese reparto y que los europeos comenzaran la colonización efectiva, que culminó en 1914.

Sin embargo, esas leyes no se cumplieron. El artículo 6 del acta decía: “Todas las potencias que ejercen derechos de soberanía o influencia en los territorios antes mencionados se comprometen a velar por la preservación de las tribus nativas”. El genocidio de los hereros y nama por parte de los alemanes o el genocidio congoleño llevado a cabo por Leopoldo II son dos de los casos más llamativos, pero no los únicos.

El genocidio alemán en Namibia

La Conferencia de Berlín tampoco evitó los conflictos entre europeos en territorio africano. El caso paradigmático es el incidente de Fachoda en 1898 que enfrentó a franceses y británicos cuando ambos se encontraron en Kodok, en la actual Sudán del Sur. Ese fue el punto de encuentro de las ambiciones coloniales de ambos territorios: el objetivo inglés era una unión total del norte al sur y el francés era hacer lo propio de oeste a este del continente.

La conferencia, de la que no fue partícipe ningún país ni nativo africano, fue el preludio de la colonización, uno de los momentos determinantes en la historia de África y cuyas consecuencias se siguen viendo hoy.

Los explainers de África Mundi están creados con ayuda de la Inteligencia Artificial, tras la que entra la mano de un editor del medio para verificar, añadir y darle forma al artículo.

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La Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) es una organización regional en África oriental y el Cuerno de África fundada en 1986. Su misión principal es promover la cooperación y el desarrollo en la región, enfocándose en temas como: el desarrollo agrícola y medioambiental; la cooperación económica e integración regional; salud y desarrollo social; paz y seguridad y servicios de desarrollo corporativo.

De la IGADD a la IGAD

Los orígenes de la IGAD se remontan a las duras sequías y desastres naturales que azotaron el Cuerno de África entre 1974 y 1984 y que desembocaron en hambrunas, daños ecológicos y dificultades económicas en toda la región. Como resultado, entre 1983 y 1984, seis países del Cuerno de África (Yibuti, Etiopía, Kenia, Somalia, Sudán y Uganda) acordaron establecer una organización regional para coordinar esfuerzos para combatir la sequía y promover el desarrollo.

Esta organización se estableció formalmente en enero de 1986, cuando la Asamblea de jefes de Estado y de Gobierno se reunió en Yibuti y firmó un acuerdo por el que se creaba la Autoridad Intergubernamental sobre Sequía y Desarrollo (IGADD), con sede en el mismo país. El establecimiento hizo posible que estas naciones combinaran recursos, intercambiaran conocimientos y planificaran como grupo para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo de manera más efectiva. El alcance de la IGADD se amplió en 1993, cuando Eritrea se convirtió en el séptimo miembro tras obtener la independencia.

Los países miembros tomaron la decisión de reorganizar y ampliar el mandato de la IGADD tras ver la necesidad de mejorar la colaboración más allá del control de la sequía. La Asamblea de jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Adís Abeba en abril de 1995 consideró necesaria la reactivación de la IGADD.

El 21 de marzo de 1996, se estableció formalmente la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) como resultado de esta decisión. La reorganización amplió el alcance de la IGAD para abarcar la integración económica, la paz y la seguridad, y otras facetas cruciales de la colaboración regional. El 25 de noviembre de 1996, la recién creada IGAD fue presentada formalmente en Yibuti, lo que marcó un punto de inflexión en las iniciativas de la región para la gobernanza cooperativa y el desarrollo sostenible.

Organización de la IGAD

Actualmente, la IGAD está compuesta por cuatro órganos relevantes. Para empezar, el máximo órgano normativo de la Autoridad es la Asamblea de jefes de Estado y de Gobierno. Se reúne una vez al año y establece los objetivos, políticas e iniciativas de la IGAD. De vez en cuando, se elige un presidente entre los países miembros. Desde 2023, por ejemplo, el presidente de Yibuti, Ismaïl Omar Guelleh asumió la presidencia rotatoria de la IGAD.

Por otro lado, un Secretario Ejecutivo, elegido por la Asamblea de jefes de Estado y de Gobierno, dirige la Secretaría por un período de cuatro años renovable una vez. Además de facilitar la coordinación y armonización de las políticas de desarrollo, la Secretaría ayuda a los Estados miembros a formular proyectos regionales en áreas prioritarias, moviliza recursos para llevar a cabo proyectos y programas regionales aprobados por el Consejo y fortalece las infraestructuras nacionales necesarias para la implementación de proyectos y políticas regionales. Workneh Gebeyehu de Etiopía ha sido Secretario Ejecutivo desde el 29 de noviembre de 2019.

Además, los Ministros de Asuntos Exteriores y un ministro adicional elegido por cada Estado miembro integran el Consejo de Ministros. Durante sus sesiones bienales, el Consejo crea políticas y autoriza el presupuesto y el plan de trabajo anual de la Secretaría. Finalmente, los Embajadores o Plenipotenciarios de los Estados miembros de la IGAD acreditados ante la nación donde se encuentra la sede de la IGAD integran el Comité de Embajadores. Se reúne con la frecuencia necesaria para brindar asesoramiento y dirección al Secretario Ejecutivo.

Dos ejemplos de su importancia: Somalia y Sudán del Sur

En septiembre de 2006, el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA) aprobó una propuesta de IGAD para desplegar una Misión de Apoyo a la Paz de IGAD en Somalia (IGASOM). Pero el 21 de febrero de 2007, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 1744, mediante la cual sustituía IGASOM por nueva Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM).

Sin embargo, la IGAD ha contribuido significativamente a la paz y la estabilidad en Mogadiscio a través de esfuerzos de mediación, la restauración del GFT, la mejora de la gobernanza y la capacidad de seguridad y el fortalecimiento de la legitimidad. También ha facilitado el proceso electoral, contribuyendo a la construcción de la democracia y las estructuras de gobernanza en Somalia. El organismo ha promovido la integración económica, la libre circulación de bienes y servicios, el comercio transfronterizo, el desarrollo sostenible y los servicios sociales.

La IGAD también ha adoptado la Iniciativa de Sostenibilidad y Resiliencia ante Desastres por Sequía (IDDRSI) para combatir la sequía en Somalia. Ha desarrollado políticas agrícolas, de recursos naturales y de gestión, ha brindado capacitación en protección ambiental e implementado un satélite para el monitoreo y protección del cambio climático. La IGAD y el Gobierno de Somalia colaboran con la sociedad somalí para elegir un líder visionario.

Del mismo modo, la IGAD y la UA han mediado para la paz en la guerra civil de Sudán del Sur desde 2013. El proceso de mediación, en el que participaron Kenia, Sudán y Etiopía como enviados especiales, condujo al Acuerdo de 2015 sobre la Resolución del Conflicto en Sudán del Sur (ARCSS) y Comisión Conjunta de Seguimiento y Evaluación (JMEC).

Sin embargo, la IGAD enfrentó desafíos como acusaciones de parcialidad a favor del gobierno del presidente Kiir y complicaciones debido a la presencia militar de Uganda, que erosionaron la confianza en la imparcialidad de la IGAD. En respuesta, en 2015 se formó IGAD-PLUS, en la que participan la UA, la UE, la ONU y China, entre otros.

Sin embargo, esta participación intensificada generó sospechas dentro de la administración Kiir sobre las intenciones de la comunidad internacional, particularmente con respecto a los recursos minerales de Sudán del Sur. La UA también enfrentó limitaciones para influir en el proceso de paz, como la influencia de Etiopía dentro de la IGAD y su influencia limitada sobre los líderes de Sudán del Sur.

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La Operación ATALANTA, oficialmente conocida como la Fuerza Naval de la Unión Europea para Somalia (EUNAVFOR Somalia), es una misión militar de la Unión Europea con el objetivo de combatir la piratería en el océano Índico y el golfo de Adén, especialmente en las costas somalíes. Iniciada el 8 de diciembre de 2008 en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE, la misión lleva el nombre de la heroína mitológica griega Atalanta.

Contexto

Desde principios de la década de 1990, Somalia ha estado sumida en un colapso político y económico, sin un gobierno central efectivo. Esta situación favoreció la ausencia de leyes y de guardacostas, lo que permitió el auge de la piratería a lo largo de sus extensas costas.

A mediados de la década de los 2000, la piratería en las aguas somalíes se convirtió en un problema internacional, con piratas que secuestraban barcos, incluidos buques comerciales, envíos de ayuda humanitaria e incluso petroleros, exigiendo altos rescates por la liberación de tripulaciones y cargas. Esta situación amenazaba el comercio internacional, ya que las rutas marítimas que conectan el espacio Euro-Mediterráneo con el Indo-Pacífico pasaban cerca de las costas de Somalia.

Misión y éxito

La misión de la operación tiene dos objetivos principales: en primer lugar, garantizar la protección de los barcos del Programa Mundial de Alimentos que suministran ayuda humanitaria a la región; y en segundo lugar, proteger a otros buques vulnerables, contribuyendo a la disuasión, prevención y represión de actos de piratería y robos a mano armada en la zona. El mandato también incluye la vigilancia de la costa somalí, permitiendo el uso de la fuerza cuando sea necesario en casos de piratería o robo armado, así como la captura, retención y entrega de personas involucradas o sospechosas de estar implicadas en estos delitos.

En respuesta a la solicitud del Gobierno Federal de Transición de Somalia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para combatir la piratería, en junio de 2008, se aprobó la Resolución 1816, que permitió a las naciones con acuerdo del gobierno somalí entrar en sus aguas territoriales para hacer frente a los piratas.

La misión comenzó en diciembre de 2008, enfocándose en la protección de los buques con destino a Somalia. En 2012, su alcance se amplió para incluir las zonas costeras y aguas interiores de Somalia, permitiendo coordinar las operaciones antipiratería con las autoridades somalíes y regionales. El 16 de julio de 2012, la Unión Europea encomendó a la misión EUCAP Néstor el fortalecimiento de la capacidad marítima de las armadas regionales. Posteriormente, el 29 de marzo de 2019, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el cuartel general de la operación se trasladó de Northwood, Reino Unido, a la Base Naval de Rota, en España. En diciembre de 2023, la Operación ATALANTA extendió su ámbito de actuación al Mar Rojo, en el en el contexto de la Operación Guardián de la Prosperidad (Prosperity Guardian), liderada por Estados Unidos tras los ataques hutíes a buques mercantes.

La efectividad de la Operación ATALANTA ha permitido que desde el 1 de enero de 2023, la Zona de Alto Riesgo del Océano Índico haya sido eliminada, ya que no se han registrado ataques piratas somalíes en los últimos años. Sin embargo, aunque la piratería ha sido considerablemente reducida, no ha sido completamente erradicada.

Actualmente, al menos dos grupos piratas siguen operando cerca de la isla de Socotra y el golfo de Adén, incrementando la inseguridad en el paso por el Mar Rojo. Además, las redes criminales vinculadas a la piratería han diversificado sus actividades, incluidas el tráfico ilícito de armas y la trata de personas. Previo a la eliminación de la zona de alto riesgo, el Consejo de la UE emitió una decisión que replanteaba el mandato de la operación. Este nuevo enfoque busca, entre otros objetivos, interrumpir el narcotráfico y el tráfico de armas, además de apoyar la seguridad marítima regional.

La Operación Atalanta sigue activa hasta diciembre de 2024, con la posibilidad de futuras extensiones en función de la situación de seguridad marítima en la región. La flota presente ya ha pedido una prórroga tras el repunte de secuestros con el asalto exitoso al buque de Malta Ruen en el Océano Índico, con el que se hicieron con el control del carguero y retuvieron a las 18 personas de su tripulación.

Coordinación

La Operación ATALANTA coopera con la Fuerza de Tarea Combinada 151, una coalición multinacional liderada por Estados Unidos, y con la Operación Escudo del Océano de la OTAN, dedicada también a combatir la piratería. La participación en EUNAVFOR va más allá de los Estados miembros de la Unión Europea. Noruega fue el primer país no miembro en contribuir a la operación, enviando un buque de guerra en 2009. Desde entonces, otros países como Croacia (antes de su adhesión a la UE), Montenegro, Serbia, Ucrania, Corea del Sur y Colombia han aportado o siguen aportando oficiales.

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Boko Haram, oficialmente autodenominado como Jamā'at Ahl as-Sunnah lid-Da'wah wa’l-Jihād (Seguidores de la Sunnah para la predicación y la yihad), es un grupo terrorista islamista originado en 2002 en el norte de Nigeria. El nombre por el cual es popularmente conocido procede del idioma hausa y significa "la pretenciosidad es anatema”. Aunque incorrectamente se asocia el nombre traducido a “la educación no islámica es pecado”, esto no es así.

Ideología y simpatías dentro del islamismo radical

Como grupo fundamentalista islámico, su objetivo consiste en la imposición de la Sharia en toda Nigeria: tanto en el norte, donde ya es tradicionalmente considerada como código de justicia informal, como en el sur, donde la religión mayoritaria es el cristianismo.

Del mismo modo, su discurso tiende a aludir al anticolonialismo y antioccidentalismo, generando una narrativa histórica que hace recordar a los pueblos precoloniales como el Imperio de  Kanem–Bornu. En palabras del fundador de Boko Haram, Mohammad Yusuf: "Nuestra tierra era un estado islámico antes de convertirse en una tierra de kafir (infieles); el sistema actual es contrario a las verdaderas creencias musulmanas”.

Igualmente, al ser un grupo salafista yihadista, algunos miembros buscan el re-establecimiento del califato, lo que le llevó a adherirse al grupo Estado Islámico en 2016. Finalmente, Boko Haram también tiene una estricta adherencia hacia el wahabismo y consideran a los chiítas y sufies como infieles.

Desarrollo de Boko Haram: de la unión a la división

Boko Haram fue fundado en Maiduguri, estado de Borno, en 2002 por Mohammed Yusuf, quien lideró el grupo hasta su muerte en 2009. En sus inicios, Boko Haram funcionó más como un grupo con una interpretación radical del Islam. Yusuf logró seguidores principalmente de comunidades pobres y marginales mientras predicaba contra la corrupción y la influencia occidental en el gobierno nigeriano.

La militarización del grupo se dio siete años después en 2009 por Abubakar Shekau, quien asumió el liderazgo después de que Yusuf fuese ejecutado por las fuerzas de seguridad nigerianas tras ser capturado con vida. En aquel momento, el gobierno nigeriano era acusado por no perseguir la brutalidad policial y las ejecuciones extra-judiciales, y este hecho fue la excusa del grupo para declarar la guerra.

Entre 2011 y 2015, Boko Haram expandió su área de operaciones en la región transfronteriza próxima al lago Chad, donde logró el establecimiento de un califato temporal en detrimento de territorio soberano de Nigeria, Chad, Niger y Camerún y teniendo Gwoza como capital. Los terroristas de Boko Haram empezaron a ser conocidos principalmente por sus actos extrema violencia contra población civil, especialmente por atentados suicidas y secuestros en masa. Uno de los incidentes más notorios en aquel momento fue el secuestro en 2014 de 276 niñas de un colegio de la localidad de Chibok. Lo que desató la campaña #BringBackOurGirls.

Con el deterioro del califato en 2015, Boko Haram juró lealtad a Estado Islámico, rebautizándose como Estado Islámico del África Occidental (ISWAP).

Esta decisión le proveyó de una mayor atención internacional y apoyo logístico, pero como consecuencia también favoreció al fortalecimiento de divisiones internas. En 2016, el líder de Estado Islámico global, Abu Bakr al-Baghdadi, destituyó a Shekau como jefe de ISWAP y lo reemplazó por Abu Mosab al-Barnaoui. Este movimiento degeneró en la creación de una facción alterna en torno a Shekau, que es la que recibe el nombre actual de Jama’tu Ahlis Sunna Lidda’awati wal-Jihad (JAS).

Desde entonces, ISWAP y JAS han estado enfrentadas. En mayo de 2021, enfrentamientos entre ambos acabaron con la vida de Shekau. En agosto de ese mismo año murió en combate el líder de ISWAP, Al-Barnaoui, como confirmó en octubre el Ejército de Nigeria.

En su momento más álgido alrededor de 2015 se calcula que el grupo contaba con entre 15.000 y 20.000 miembros. En total se calcula que han asesinado a más de 40.000 personas y desplazado a más de 2,2 millones de personas, aunque no hay datos fidedignos.

En la actualidad, el grupo ha perdido gran parte de la fuerza que logró tener en su momento tras la división interna y la contraofensiva lanzada en 2015 de la Fuerza de Tarea Conjunta Multinacional de la Cuenca del Lago Chad (MNJTF) por parte de la Unión Africana, con 10.000 soldados de Benín, Camerún, Chad, Níger y Nigeria.

Aún así, a día de hoy ISWAP y JAS siguen constituyendo una seria amenaza para la seguridad en el Sahel, especialmente en el Lago Chad.

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Sudáfrica celebra 30 años de democracia. En 1994, los sudafricanos pudieron votar por primera vez tras casi medio siglo sufriendo el apartheid. Aquí vamos a explicar qué fue el apartheid desde su definición hasta sus principales características y resistencias.

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¿Qué fue el apartheid?

El apartheid fue un sistema de segregación racial y discriminación institucionalizada que tuvo lugar en Sudáfrica desde 1948 hasta 1994. La palabra "apartheid" proviene del afrikáans y significa "separación" o "apartamiento". Este régimen fue implementado por el Partido Nacional, que estaba compuesto principalmente por descendientes de colonos neerlandeses conocidos como afrikaners.

El sistema de apartheid dividió a la población de Sudáfrica en grupos raciales principales: blancos, negros (africanos), mestizos e indios. Cada grupo tenía diferentes derechos y privilegios, con los blancos afrikáners quienes gozaban de todos los beneficios del sistema e imponían restricciones al resto de grupos.

El Partido Nacional, dominado por los afrikaners, ganó las elecciones de 1948 y estableció el apartheid con leyes discriminatorias reforzadas por el aparato de seguridad del Estado.

En 1950, el gobierno promulgó la Ley de Registro de Población y las Leyes de Áreas de Grupo. La primera exigía a todos los sudafricanos a tener registrada su raza y la segunda dividía geográficamente el país por razas. La mayoría de la población negra fue forzada de sus hogares y reubicadas en zonas menos desarrolladas, alejadas del centro de las ciudades y con terrenos menos favorables para el cultivo. Estos se conocieron como bantustanes, donde millones de personas vivían hacinadas.

Más allá de forzarles a vivir alejados de los mejores lugares del país, el Partido Nacional restringió también cuándo y dónde podían moverse mediante las Leyes de Pase, que requerían que un sudafricano negro llevara encima siempre su documento de identidad y necesitara de un permiso para entrar en zonas reservadas para blancos. Esto incluía desde barrios hasta cafeterías, playas o bancos para sentarse.

Además, la educación para la población negra fue diferenciada para la Ley de Educación Bantú en 1953 para asegurar que no recibieran la misma calidad que los blancos y la Ley de Trabajo restringió el tipo de trabajo que los no blancos podían realizar y los salarios que podían recibir.

Si las leyes fueron el instrumento para institucionalizar el apartheid, la represión fue para afianzarlo. La policía realizaba controles frecuentes y aleatorios para verificar que los africanos negros portaran sus pases. No tener el pase en regla o no presentarlo cuando se solicitaba resultaba en arrestos, multas y encarcelamiento.

El apartheid permitió a la minoría blanca, que controlaba gran parte de la economía, mantener su dominio económico. Al segregar a la población y limitar las oportunidades laborales y educativas de los no blancos, el régimen aseguró un suministro constante de mano de obra barata y restringió la competencia económica que podría haber surgido de una población educada y con igualdad de oportunidades.

¿La segregación racial existía antes?

Sí, el apartheid solo hizo que institucionalizar de una forma nunca antes vista la segregación racial que ya existía en Sudáfrica. Desde 1652, los colonos neerlandeses (boers) que llegaron a la región del Cabo implementaron políticas de segregación, imponiendo restricciones a la población indígena y esclavizando a personas traídas de otras partes del mundo.

Más adelante, fueron los británicos quienes tras vencer en las Guerras de los Bóers entre, primero de 1880-1881 y luego de 1899-1902, quienes intensificaron la segregación racial. En 1910 crearon la Unión Sudafricana que incluía ya leyes de división como la Ley de Tierras Nativas de 1913 que restringía la proipedad de la tierra a los sudafricanos de raza negra a ciertas zonas y la Ley de Áreas Urbanas Nativas diez años más tarde en 1923 que establecía barrios donde podían vivir solo ciudadanos blancos.

Lo más avanzado fue la Ley de Representación de Nativos de 1936, que  eliminó a los votantes sudafricanos negros del censo común en la provincia del Cabo, estableciendo un censo electoral separado para ellos que redujo su representación política.

¿Por qué se implementó el apartheid en Sudáfrica?

Los afrikaners querían asegurar su dominio político y proteger su identidad cultural frente a lo que percibían como una amenaza de la población negra y de otras comunidades no blancas. Había un temor profundo entre la población blanca de que si no se cometía el apartheid perderían su identidad y privilegios. La idea de "contaminación racial" y el miedo a perder el control político y social sobre el país impulsaron a muchos blancos a apoyar el apartheid.

El apartheid estaba fundamentado en la creencia en la superioridad racial de los blancos y la inferioridad de otras razas. Estas ideas racistas justificaban la segregación y el trato desigual. Los arquitectos del apartheid utilizaron pseudo-ciencias y teorías racistas compartidas por los nazis para legitimar sus políticas.

Los blancos eran una minoría, formando alrededor del 15% al 20% de la población, compuesto tanto por afrikáners como británicos y otros europeos. La gran mayoría de la población, cercana al 80%, eran africanos negros conocidos como bantúes. Aquí se incluían todo tipo de grupos étnicos como los zulúes, xhosas, sotho, tswana, etc. 

A ellos se sumaban grupos más minoritarios como los mestizos, de ascendencia mixta, que ocupaban el 10% de la población y los indios, hasta un 3%.

¿Tenían la misma bandera que ahora?

No, la bandera entonces fue la de la Unión Sudafricana creada en 1928. En ella había tres barras horizontales naranja, blanca y azul. En el medio estaban tres pequeñas banderas, la de la república sudafricana a la derecha, la del Estado Libre de Orange en el medio y la británica a la izquierda. El gobierno del Partido Nacional intentó quitar la británica, que la consideraban una “mancha” al ser ellos afrikáners descendientes de bóers, pero no lo consiguieron ante el rechazo de otros blancos británicos

Si eran tan pocos y duraron tanto sería que no hubo mucha resistencia de la mayoría de población negra

No, eso no fue así. Durante todo el apartheid surgió la resistencia de varios grupos de la sociedad civil, políticos y religiosos. El más grande y llamativo fue el Congreso Nacional Africano, fundado en 1912, del que formaba parte Nelson Mandela. Este abogaba por una Sudáfrica interracial y la resistencia pacífica. 

El Congreso Nacional Africano

La resistencia pacífica sin embargo fue contestada mediante la represión. Uno de los eventos más traumáticos ocurrió el 21 de marzo de 1960 cuando la policía sudafricana abrió fuego contra una multitud de manifestantes pacíficos en Sharpeville que protestaban contra las leyes de pase. Murieron 69 personas y 180 fueron heridas. El evento fue conocido como la masacre de Sharpeville y provocó una condena internacional masiva y una mayor movilización interna contra el apartheid. 

A partir de entonces, el gobierno del apartheid declaró el estado de emergencia y prohibió organizaciones como el Congreso Nacional Africano (ANC) y el Congreso Panafricanista (PAC). Este último se diferenciaba en que buscaba una Sudáfrica no interracial sino goberanda solo por los africanos negros. 

El PAC y el Umkhonto we Sizwe (MK), el brazo armado del ANC, cometieron actos de sabotaje y lucha armada contra el gobierno del apartheid. En 1962, Nelson Mandela fue arrestado y condenado junto con otros compañeros por pertenecer al MK y ser acusado de conspiración para derrocar al gobierno.

A estos grupos hay que sumar el Movimiento de Conciencia Negra liderado por el activista Steve Biko, el Frente Democrático Unido (UDF), formado en 1983, una coalición de organizaciones anti-apartheid, incluyendo grupos comunitarios, iglesias y sindicatos y la Confederación de Sindicatos Sudafricanos (COSATU), fundado en 1985, una poderosa federación sindical que luchó por los derechos de los trabajadores y contra el apartheid, utilizando huelgas y otras formas de protesta laboral.

¿Qué hizo la comunidad internacional?

La comunidad internacional tuvo opiniones y reacciones diversas y evolutivas sobre el apartheid en Sudáfrica. En un entorno de la Guerra Fría, el gobierno del apartheid se posicionaba como un baluarte contra el comunismo en África, lo que le valió el apoyo inicial de Occidente, que miraba a otro lado con la segregación racial. La Unión Soviética y los países aliados ofrecieron apoyo económico y militar a los movimientos de liberación que luchaban contra el apartheid.

Con el tiempo, cualquier apoyo al régimen se hizo insostenible. En la ONU desde 1950 se condenó el apartheid y en 1962 se pidió imponer sanciones económicas y diplomáticas. Estas no llegaron hasta 1977, donde hubo un embargo de armas. Estados Unidos no impuso sanciones económicas hasta 1986 cuando el Congreso aprobó la Ley Integral Anti-Apartheid.

Fin del apartheid

En 1990, el presidente afrikáner F.W. de Klerk comenzó a desmantelar el sistema de apartheid liberando a Nelson Mandela y otros presos políticos, y negociando el fin del régimen. En 1994, se celebraron las primeras elecciones democráticas multirraciales en Sudáfrica, resultando en la elección de Nelson Mandela como presidente.

De Klerk decidió poner fin al apartheid debido a la presión internacional, la crisis económica, la intensa resistencia interna, y un cambio en la mentalidad dentro del liderazgo blanco sudafricano. De Klerk reconoció que el sistema del apartheid era insostenible y optó por un enfoque pragmático y reformista para evitar un colapso violento y negociar una transición pacífica hacia una democracia multirracial donde los blancos pudieran seguir disfrutando de privilegios. Su liderazgo en esta transición, junto con el de Mandela, fue crucial para el desmantelamiento del apartheid y la creación de una nueva Sudáfrica.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación, establecida en 1995, fue uno de los esfuerzos para abordar los crímenes del apartheid y promover la reconciliación nacional.

El apartheid dejó una profunda huella en la sociedad sudafricana, y su legado todavía se siente en términos de desigualdades económicas y sociales. La desigualdad de ingresos en Sudáfrica es mayor ahora que al final del apartheid y los blancos sudafricanos todavía cobran tres veces más que los negros.

¿Es el apartheid lo mismo que el colonialismo?

No. Ambos son sistemas de dominación y opresión, pero mientras que el colonialismo lo ejerce un país extranjero que subyuga a otro a su dominio político, económico y cultural, el apartheid fue un sistema impuesto por ciudadanos sudafricanos que subyugaban a otros ciudadanos sudafricanos dependiendo de su raza. Es decir, mientras uno era un control interno, el otro era externo.

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La Alianza de Estados del Sahel es una organización multilateral creada el 16 de septiembre de 2023 por Mali, Níger y Burkina Faso. La base de la cooperación entre los países se centra en el ámbito militar para la defensa de amenazas tanto externas como internas. La carta de fundación de la alianza contempla la posibilidad de defensa mutua, tal y como se materializa en el artículo 6 de su carta fundacional:

“Art. 6 - Cualquier ataque a la soberanía o la integridad territorial de una o más de las partes será considerada como una agresión contra las otras y comprometerá un deber de asistencia incluido el uso de la fuerza militar.”

¿Qué une a Mali, Níger y Burkina Faso?

Estos tres países poseen algunas características similares y se enfrentan a desafíos comunes.

La primera cuestión es la situación de inseguridad que viven estas naciones por el auge de grupos yihadistas. Debido a la porosidad de las fronteras, un mismo grupo puede hallarse en varios países simultáneamente. A su vez, los grupos yihadistas crean coaliciones con el fin de cooperar entre ellos pero, al mismo tiempo, mantener la autonomía operativa.

A nivel económico y social, los países ocupan los últimos puestos en el Índice de Desarrollo Humano. Sus economías dependen en gran medida del sector primario y los Estados no alcanzan a cubrir todo su territorio ni a brindar servicios a la población. A su vez, esta crece con gran rapidez, lo que crea una juventud sin expectativas de futuro, que será el caldo de cultivo ideal para el reclutamiento por parte de grupos yihadistas y que la situación de malestar económico y social se mantenga.

La segunda cuestión son los propios sistemas de gobiernos. Los tres países están gobernados por juntas militares que llegaron al poder mediante golpes de Estado. En el caso de Mali, se produjeron dos golpes militares, uno el 18 de agosto de 2020 y el segundo el 24 de mayo de 2021. Ambos fueron liderados por el coronel Assimi Goita, actual presidente de transición. En Burkina Faso se dieron dos golpes en el espacio de unos pocos meses, en enero y septiembre de 2022. Níger fue el golpe de Estado más reciente, fechado el 26 de julio de 2023. 

Salida de la CEDEAO

En el marco de estos sucesivos golpes de Estado encontramos a la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO o ECOWAS, por sus siglas en inglés), que ejerció una gran presión contra las juntas militares. La organización está formada actualmente por Benín, Cabo Verde, Costa de Marfil, Guinea, Gambia, Ghana, Guinea-Bisáu, Liberia, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo. Es importante tener en cuenta que Mali, Níger y Burkina Faso también formaban parte de la misma, pero debido a los golpes de Estado se suspendieron sus membresías que posteriormente desembocaron en retirada de la organización.

La primera de las acciones más destacadas de la CEDEAO fue el embargo a Mali debido a desacuerdos con la junta en relación con el calendario de transición. Posteriormente, las sanciones llegaron a Burkina Faso, ya que tampoco se llegaba a un calendario de transición claro. No obstante, el punto de inflexión fue el golpe de Estado en Níger, en el cual la CEDEAO, después de imponer sanciones, amenazó con la intervención en el país para derrocar a la junta militar y restaurar al derrocado presidente Mohammed Bazoum.

La CEDEAO tiene un papel fundamentalmente económico, pero también posee competencias en cuestiones de cooperación política y militar. A nivel militar ha realizado diversas intervenciones militares en Liberia (1989-1996), Sierra Leona (1997-2000), Guinea-Bisáu (1998-1999), Costa de Marfil (2002-2011), Mali (2012) y Gambia (2016-2017).

Organizar la intervención no era tarea fácil para la CEDEAO, ya que implicó un acuerdo entre multitud de países muy diferentes, pero con el factor común de que tenían situaciones internas muy delicadas. Las desavenencias internas hicieron que la intervención no fuera posible, pero al mismo tiempo se generó una nueva dinámica: las juntas militares del Sahel vieron una amenaza inmediata común que en forma de intervención de la CEDEAO. Esto provocó que Mali y Burkina Faso dieran su apoyo a Níger en forma de envío de material militar o desbloqueando el comercio de trigo hacia Níger. Finalmente, la intervención en Níger no se realizó, pero la Alianza de Estados del Sahel fue conformada.

La Alianza de Estados del Sahel: más que una organización

La recién creada organización ha profundizado su cooperación con el paso de los meses, pasando de la cooperación militar a la política y posteriormente a la económica. Sin embargo, las relaciones entre los países se han vuelto cada vez más estrechas, ya que el 1 de diciembre, en una reunión entre los ministros de Exteriores de los Estados miembros, se realizó un llamamiento a la confederación, estableciendo la federación como un objetivo a largo plazo.

En esa misma reunión se anunció el establecimiento de un comité para la unión económica y monetaria. En relación con estos objetivos económicos se encuentra también la desvinculación del franco CFA, la moneda que comparten las antiguas colonias francesas. La divisa se percibe como herramienta neocolonial, ya que está vinculada a la moneda francesa, y actualmente el euro. Con ello, el banco francés tiene un control sobre las políticas monetarias de los estados que utiliza el franco CFA, lo que ha generado rechazo y el aumento del sentimiento antifrancés. No obstante, se ha especulado la viabilidad de esta medida debido a la falta de desarrollo económico de Mali, Níger y Burkina Faso y la dependencia de los mismos con el exterior.

¿Es la Alianza de Estados del Sahel un éxito o el caldo de cultivo para más retos?

Los países de la Alianza de Estados del Sahel se enfrentan a la lucha contra el yihadismo desde hace más de una década y no la están ganando. De acuerdo con el Global Terror Index de 2024, Burkina Faso ha sido el país del mundo más afectado por el yihadismo. Las misiones de seguridad extranjeras no han sido eficaces en su objetivo de la lucha y erradicación del yihadismo.

Las organizaciones de seguridad regionales tampoco han cumplido su objetivo, como es el caso del G5 Sahel, de la cual los tres países militares también se han retirado y ahora solo permanecen Chad y Mauritania. Las juntas militares se han mostrado muy críticas con estas misiones de seguridad extranjeras, habiendo instado a su retirada. A su vez, la Alianza de Estados del Sahel anunciaba en marzo de 2024 la creación de una nueva fuerza conjunta para combatir el yihadismo en la región. 

La creación de esta nueva alianza es un signo inequívoco de los profundos cambios que se dan en la zona, en la que antiguas organizaciones están en un periodo de incertidumbre mientras nacen otras nuevas. Al mismo tiempo, da muestras de la competición entre potencias extracontinentales por ganar influencia en el Sahel.

Una de las cuestiones que más atención ha acaparado en los últimos años ha sido el viraje de alianzas realizado por Mali, Burkina Faso y posteriormente Níger, y su acercamiento a Rusia. Es importante tener en cuenta que un día antes de la formación de la organización, los ministros de defensa de Mali y Níger se reunieron con un viceministro de defensa ruso, Yevkurov, que un mes antes había estado en Burkina Faso. Aunque el Kremlin no ha mostrado un apoyo directo a la organización, la creación de una alianza común entre los países le ha sido de gran utilidad a la hora de aumentar su cooperación con Burkina Faso y Níger. En diciembre de 2023 este mismo viceministro realizó una gira por los países de la alianza, además de por Libia y Burkina Faso.

La Alianza de Estados del Sahel ha mostrado tener unas expectativas ambiciosas y que probablemente necesite años para materializarse. La unión económica y militar pasa por cubrir unas elevadas necesidades de seguridad y estabilidad política que antes trataban de cubrir actores extranjeros y organizaciones regionales. En los próximos años podremos observar el desarrollo de esta nueva organización y si logra dar respuesta a los desafíos a los que se enfrentan estos tres países.

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